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El Tribunal de Cuentas no logra hallar a Homs en su casa y le cita a través del BOE sobre la deuda del 9-N

Artur Mas y Franscesc Homs se enfrentan a una fianza solidaria de casi seis millones de euros

Homs y Mas ante el Supremo.
Homs y Mas ante el Supremo.

El Tribunal de Cuentas no ha conseguido aún citar a Francesc Homs para que, junto a su exje Artur Mas y otras nueve personas, se presente ante este organismo el próximo 25 con vistas a comunicarle a cuánto asciende (casi seis millones de euros, según fuentes jurídicas) la cantidad de dinero que previsiblemente deberá depositar o avalar en breve plazo como fianza por su intervención en el desvío de caudales públicos para la consulta del 9-N. Tras ir los agentes del tribunal a casa de Homs al menos tres veces para entregarle la notificación, y no abrir nadie la puerta, el órgano fiscalizador ha optado por notificarle la citación a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las futuras fianzas serán solidarias, es decir, todos están obligados a pagar la cantidad total desviada que determine el Tribunal de Cuentas

El anuncio salio ayer sábado y en él se insta a Homs a que acuda a su sede el día 25, donde se le informará de la causa que se le ha abierto y el importe del dinero que él y los demás adeudan y para que presente alegaciones. Los otros diez encartados en este asunto sí han recibido en sus casas la citación. Homs señaló a este periódico que vive “en un pueblo” y que su actividad "ahora es privada". Y comentó no saber nada de la citación.  

El órgano fiscalizador de las cuentas del Estado exhibirá el día 25 al exconsejero Homs y a Mas la liquidación provisional del dinero desviado, que ambos deberán afianzar más tarde para cubrir los millones que el Gobierno de la Generalitat destinó ilícitamente a esa consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Ambos deberán responder solidariamente de los casi seis millones desviados, ya que se considera que consintieron o autorizaron todos los gastos. Uno era el presidente y el otro, su consejero de Presidencia. Aunque hay otros nueve encartados. Las futuras fianzas serán solidarias, es decir, todos están obligados a pagar la cantidad total desviada que determine el Tribunal. Y si uno falla, lo suyo deberán abonarlo los demás.

Las dos asociaciones catalanas que denunciaron este desvío de caudales han fijado su importe en 5,1 millones. Pero el Tribunal la incrementará hasta casi seis al sumar los intereses se demora. Por ejemplo, se compraron ordenadores para los colegios donde se instalaron las urnas por importe de 1,4 millones. La Generalitat ha alegado que eran para los alumnos de los centros escolares, pero el Tribunal de Cuentas tiene claro que fueron adquiridos ex profeso para el escrutinio del 9-N, al margen de que luego se hayan quedado en los colegios.

Cuando acabe la instrucción, si no afianzan el dinero que les corresponda pagar les serán embargadas sus cuentas y demás bienes

También se gastaron casi 15.000 euros en crear una web institucional, y otros 70.000 en material para la votación, así como 1,4 millones para pagar un seguro a los voluntarios de los colegios electorales. Estas son las cantidades que figuran en la denuncia que interpusieron contra estas once personas la Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes.

Lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, con vistas al día 25 (salvo Homs, los otros diez sí están ya formalmente citados), es determinar la cuota desviada e individualizar las conductas. Es decir, quién o quiénes ordenaron qué gastos. Sumarlos y atribuírselos. Más y Homs intervinieron en todos, según fuentes jurídicas. Cuando acabe la instrucción, si no afianzan el dinero que les corresponda les serán embargadas sus cuentas y demás bienes hasta cubrir el total del gasto que se atribuya a cada uno. El expresidente Artur Mas ha pedido públicamente a los catalanes, tras conocer la investigación del Tribunal de Cuentas, que aporten una pequeña cantidad para poder hacer frente a la fianza que se le avecina y que asegura no poder pagar.

En total hay once encartados (incluidos Mas y Homs). Y entre ellos, tres funcionarios públicos: dos interventores, Jordi Serra, y el secretario general de Departamento de Presidencia, y las exconsejeras Irene Rigau (Educación) y Joana Ortega (Gobernación).

La comunicación de la liquidación provisional del desvío dinerario, el día 25, será el primer paso de un largo proceso que acabará en un juicio en el Tribunal de Cuentas, que determinará finalmente el alcance contable en que hayan podido incurrir estas once personas. El Tribunal de Cuentas también está guiando la instrucción en el contenido de las sentencias condenatorias. Las fianzas se pedirán antes del juicio.

"Inhabilitados"

Artur Más (dos años) y sus consejeros fueron condenados a penas de inhabilitación por la consulta del 9-N de 2014. También Homs (un año y un mes), con quien ha contactado este periódico para indicarle que los agentes comandados por el Tribunal de Cuentas habían estado varias veces en su casa y que, pese a las llamadas, nadie salió de ella para recoger la citación, según han explicado fuentes jurídicas catalanas.