Rajoy redobla sus esfuerzos contra la organización del referéndum

El aparato del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, se halla a pleno rendimiento. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, quiere hacer lo imposible para que no se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre impidiendo las condiciones materiales para su organización y desarrollo. Rajoy planea las acciones con un reducido grupo con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Interior, Justicia y Hacienda. Además de los tribunales, los cuerpos de seguridad trabajan en la búsqueda e interceptación de urnas, papeletas y otros instrumentos de la consulta.

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La maquinaria del Estado se ha puesto en marcha para impedir la consulta independentista ilegal con tres líneas de actuación que está marcando personalmente el presidente del Gobierno. La anulación por el Tribunal Constitucional de las leyes para la secesión y su misma convocatoria y la actuación contra todos sus promotores, junto a la clara advertencia de que cualquiera que colabore con el referéndum cometerá delito, es la primera, sin la cual ninguna de las siguientes se sostendría.

Evitar tensiones en las calles que puedan desembocar en violencia es la siguiente línea de trabajo. Por último, figura interceptar urnas, papeletas y actas de escrutinio, de manera que resulte imposible celebrar nada parecido a un referéndum. Esta última línea, por su naturaleza, se desarrolla con sigilo, como reconocen fuentes conocedoras de cómo están actuando al respecto los servicios de inteligencia del Estado.

La actuación de estos servicios se dirige a descubrir acciones ilegales que hagan posible esa consulta, una vez que el Constitucional, la fiscalía, los jueces y la Administración del Estado, con sus requerimientos al aparato municipal, han dictaminado la ilegalidad del referéndum. Cuando dichos servicios constatan algún indicio de ilegalidad, dan cuenta a los tribunales para que los jueces dicten las instrucciones pertinentes, como ya ha ocurrido con publicaciones, imprentas y algunas dependencias locales. No existe aún información contrastada de que su investigación haya derivado en certezas de que, en efecto, han encontrado lo que buscaban. Sí han acertado en el indicio de que en el semanario El Vallenc se imprimía material para la consulta, como ha reconocido su director.

Ante la evidencia de que hay miles de ciudadanos dispuestos a colaborar con la consulta, la labor de la inteligencia del Estado continuará hasta el mismo 1 de octubre. Hasta esa fecha no habrá tregua en el análisis y toma de decisiones de Rajoy y el reducido equipo que está en primera línea en esta crisis, al frente del cual figura la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En las reuniones participan el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el de Justicia, Rafael Catalá, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y asiste regularmente el general Félix Sanz Roldán, director del CNI, aunque sus despachos son permanentes con la vicepresidenta, de quien depende el servicio. Los ministros de Interior y Justicia aportan información y análisis de la actuación de las fuerzas de seguridad y de la labor de tribunales y fiscalía. El director del Gabinete de la Presidencia, Jorge Moragas, está al tanto de las actuaciones del jefe de Gobierno.

Los rastreos en búsqueda de urnas, papeletas y material necesario para organizar la consulta son masivos, según estas fuentes. Imprentas, almacenes y publicaciones son objeto del máximo escrutinio. No solo se extremará este aspecto para que prevalezca la legalidad, sino también porque si hay urnas “puede haber conflicto, puede haber tensión, puede haber violencia”, explica una fuente gubernamental. De ahí que se ponga el máximo interés en la búsqueda de la logística.

“El referéndum hay que pararlo y el coste social debe ser el menor posible”, señalan estas fuentes como resumen de lo que se pretende hacer. Pero hay preocupación. El presidente del Gobierno tiene dudas de cuál será el comportamiento de los Mossos d’Esquadra.

Retirada de urnas

En estos momentos sus informadores apuntan a la división del cuerpo policial autonómico en la respuesta que pueda dar ante el mandato de los jueces de que retiren las urnas de las dependencias donde se coloquen. La división también está asegurada en los Ayuntamientos.

Para encarar esta crisis, Rajoy ha decidido no atender las opiniones de un sector de su partido que reclama una acción más dura y pide la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para que el Estado se haga cargo ya de las competencias de orden público.

El presidente ha decidido combinar “firmeza y proporcionalidad” y por ello impedir la violencia es un objetivo indeclinable. Sin embargo, las previsiones con las que cuenta Rajoy son que puede haberla. Y también cuenta con las imágenes de las fuerzas de seguridad retirando urnas, aunque en su Gobierno no se atreven a prever si el uniformado será un mosso o un guardia civil.