Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Comunidad Valenciana busca salvar el plan lingüístico que paró la justicia

Puig afirma que busca garantizar el aprendizaje de las dos lenguas oficiales. La oposición denuncia que discrimina el castellano

La lengua vuelve a ser motivo de enfrentamiento político en la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo autonómico, gobernado por socialistas y Compromís, ha aprobado a pocos días del inicio del curso un decreto ley para sortear el bloqueo de su plan de plurilingüismo, que el Tribunal Superior valenciano suspendió cautelarmente en mayo. La Generalitat ha eliminado los aspectos más polémicos de la norma, pero no renuncia a cambiar a fondo el sistema lingüístico. La oposición denuncia fraude de ley y discriminación del castellano.

Alumnos en el colegio público Cervantes de Alboraia (Valencia).
Alumnos en el colegio público Cervantes de Alboraia (Valencia).

La Consejería de Educación, dirigida por Vicent Marzà, de Compromís, aprobó en enero un nuevo marco lingüístico para colegios e institutos. El objetivo, afirmó, era que los alumnos acabasen la educación obligatoria conociendo de forma efectiva las dos lenguas oficiales de la comunidad y una extranjera. El plan se estructuraba en seis niveles en función del número de horas de clase en valenciano, castellano e inglés impartidas a la semana. Los centros elegían su programa con el acuerdo de dos tercios del consejo escolar.

La distribución de horas por idiomas no fue una novedad. El nuevo sistema, como el vigente en la etapa del PP en la Generalitat, permitía a centros y familias elegir la opción que más les convenía. Desde una mayoría de horas en valenciano a una mayoría de horas en castellano. En una proporción de hasta 18 y cuatro horas para cada una de ellas en ambos extremos de los seis niveles lingüísticos. El gran cambio consistió en vincular el aumento de horas en inglés a un incremento de horas en valenciano, para potenciar esta última lengua.

La regulación despertó rechazo social. Sobre todo en Alicante, la provincia con menor proporción de valencianohablantes, donde una manifestación de protesta reunió a miles de personas. La Diputación de esta provincia, el PP valenciano y otras entidades recurrieron la norma al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que suspendió cautelarmente la aplicación al apreciar indicios de discriminación hacia el castellano. Especialmente por el hecho de que los alumnos de los llamados “programas avanzados de plurilingüismo”, con más horas de valenciano y de inglés, obtuvieran automáticamente los títulos de inglés y valenciano B1 y C1 respectivamente al acabar Bachillerato. Y los que cursaban más horas de castellano, y por tanto menos de inglés, no.

Las posiciones políticas se endurecieron. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, calificó la norma de “chantaje lingüístico” y la relacionó con el proceso soberanista de Cataluña. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, afirmó que vulneraba “los derechos fundamentales de alumnos y familias”.

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig —en este terreno los dos partidos del Consell están de acuerdo—, deploró que la oposición buscase la “confrontación” con la lengua. Y justificó la nueva regulación con el argumento de que la anterior, del PP, había fracasado. Según la Generalitat, poco más de un tercio de los alumnos termina los estudios sabiendo valenciano.

Ante la polémica, el Ejecutivo autonómico aseguró que permitiría a los alumnos de programas con predominancia de castellano recibir más horas de clase en inglés sin aumentar las de valenciano y obtener los títulos de idiomas correspondientes. El anuncio no llegó a concretarse porque la Sala Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano paralizó el decreto —contra el criterio de la fiscalía que ha defendido su legalidad—, mientras se desarrollaba el proceso de matrícula para el curso 2016-2017.

La Generalitat ha esperado al 1 de septiembre para aprobar un decreto ley específico solo para tres años —el curso de Infantil por donde iba a empezar a aplicarse el plurilingüismo suspendido— y volver en el resto de etapas a la normativa del PP.

Recurso, solo al Constitucional

La nueva regulación para niños de tres años ofrece tres programas lingüísticos. Es similar, en cuanto a la distribución de horas, a la que estaba vigente en la época del Partido Popular. Y ha suprimido la vinculación entre aumento de horas de inglés y de valenciano. La Generalitat ha optado, además, por un tipo de norma, el decreto ley, que escapa al control del Tribunal Superior valenciano y solo podría ser recurrida ante el Constitucional por el Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores.

El PP valenciano y Ciudadanos han reprochado a la Generalitat el uso de una “artimaña legal” y han pedido al Ejecutivo que considere la impugnación. El Ministerio de Educación afirma que está “estudiando” el texto. Pero no es fácil que presente un recurso contra el nuevo decreto cuando no lo hizo contra el anterior, que era más polémico.

La Generalitat está a la espera de que el Tribunal Superior se pronuncie sobre el fondo de su decreto de plurilingüismo suspendido. Si los jueces no dictan sentencia antes de que acabe el curso 2017-2018, ya contempla aprobar un nuevo decreto, que tampoco vinculará el aumento de horas de inglés con las de valenciano, ni dará títulos acreditativos de lenguas solo a una parte de los alumnos.

Más información