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El Gobierno no recurrirá la ley de ruptura catalana hasta que se tramite

El Ejecutivo aplica el mismo criterio que ya empleó con la Ley del referéndum

Juan José Mateo

El Gobierno no recurrirá la ley de ruptura presentada por las fuerzas independentistas hasta que sea admitida a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, según fuentes de La Moncloa. Sostienen que “no tiene sentido” actuar ahora porque mientras no se tramite el texto es un mero anuncio sin consecuencias jurídicas. Es el mismo argumento que el Gobierno aplica para no recurrir aún la ley del referéndum, presentada pero todavía sin tramitar. “Es un papel con un sello, con simbolismo político pero sin valor jurídico”, apostilló una fuente del Parlament.

Mariano Rajoy, durante la cumbre europea de París.
Mariano Rajoy, durante la cumbre europea de París. LUDOVIC MARIN (AFP)

Queda poco más de un mes para el 1 de octubre, fecha en la que los independentistas pretenden celebrar un referéndum ilegal sobre el futuro de Cataluña. Tanto el Gobierno central como la Generalitat asumen que es inevitable que la cuenta atrás hasta ese día acelere tanto la aplicación de la hoja de ruta independentista como la respuesta del Ejecutivo. Frente a eso, la consigna en La Moncloa y el PP es la misma: “No echar leña al fuego”. Reaccionar y no provocar. Esperar errores y no cometerlos.

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Así, salvo que se encuentre “algo distinto”, los asesores del presidente Mariano Rajoy aplicarán a la llamada ley de transitoriedad jurídica, presentada ayer pero aún no tramitada oficialmente, el mismo criterio que ya emplearon cuando Carles Puigdemont presentó la ley del referéndum, el 4 de julio. Entonces, el Gobierno no presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideró que el anuncio no tenía valor jurídico alguno y que era un mero acto propagandístico. De hecho, el texto no fue registrado en el Parlament hasta el 31 de julio —casi un mes después— y aún no ha sido tramitado por la Mesa de la Cámara catalana para evitar que tenga carácter oficial, lo que permitiría la reacción del Ejecutivo de Rajoy. En consecuencia, ese proyecto tampoco ha sido recurrido aún por el Gobierno ante el tribunal.

“Presentar y registrar un papel no significa nada”, resumió una fuente parlamentaria para explicar la actitud del Gobierno central sobre los dos proyectos de Junts pel Sí. “Es un papel con simbolismo político pero sin valor jurídico o procedimental. Lo que da vida a cualquier iniciativa parlamentaria es que la Mesa la califique, y eso es lo que están reteniendo”, añadió un interlocutor conocedor del día a día del Parlament. “Administran los tiempos para que el Gobierno no pueda reaccionar”.

La Moncloa sí recurrió a través de la Abogacía del Estado —y consiguió que el Tribunal Constitucional suspendiera automáticamente— la reforma del Reglamento del Parlament que pretendía impulsar una vía exprés para aprobar el proyecto independentista. Ahora tiene preparada su respuesta para las otras dos propuestas legales soberanistas, que activará cuando se inicie su tramitación. El objetivo es que en ningún momento convivan en Cataluña dos ordenamientos jurídicos distintos, el español y el propuesto por los independentistas.

Tras explicitar que la ley de transitoriedad abanderada por el PDeECAT, ERC y la CUP “nunca entrará en vigor”, fuentes del Ejecutivo describieron ayer el anuncio de las fuerzas independentistas como “improvisado”.

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Proporcionalidad

La Moncloa conocía con antelación que los tres partidos tenían previsto reactivar su plan soberanista. Tras casi dos semanas marcadas por los atentados yihadistas en Cataluña, el Gobierno interpretó ayer que los independentistas intentaban retomar su proyecto en la misma jornada en la que Rajoy reclamaba unidad frente al terrorismo en una reunión con Emmanuel Macron, presidente de Francia; Angela Merkel, canciller de Alemania; y Paolo Gentiloni, primer ministro de Italia.

Esos dos planteamientos opuestos, desconexión contra conexión, sirvieron para que el Ejecutivo de Rajoy transmitiera su opinión de que no queda “ni un mínimo de sensatez” en la Generalitat y para que recalcara su malestar por la falta de “moderación o responsabilidad institucional” que atribuye al equipo de Puigdemont. No fue ese el único mensaje del Gobierno, que también reclama unidad a los partidos nacionales. Un día después de que Rajoy anunciara su voluntad de utilizar toda la fuerza del Estado de derecho para impedir el referéndum, el Ejecutivo insistió en su intención de “cumplir y hacer cumplir las leyes”.

Sin embargo, La Moncloa prioriza que la reacción del Gobierno sea proporcional al reto independentista, argumentando que debe evitar sobreactuaciones que puedan azuzar la campaña por el a la independencia. “El Gobierno no tomará una decisión equivocada, que es lo que quieren los independentistas”, resumió ayer Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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