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El plazo judicial para que Juana Rivas entregue a sus hijos vence hoy

Las asesoras y la familia de la mujer granadina deberán declarar esta semana por su posible colaboración en la sustracción de los menores

Juana Rivas, el pasado martes a salida de los juzgados de Granada. Vídeo: EPV. Foto: AFP (JORGE GUERRERO)

Juana Rivas y sus hijos tienen este lunes una nueva cita judicial. La juez de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, le dio un ultimátum: esta tarde a las cinco debe entregar a los dos menores, de 11 y 3 años, a su padre en un punto de encuentro familiar de Granada. Es un nuevo aviso después de que Rivas incumpliera la orden de entregarlos hace más de un mes, el 26 de julio, y se escondiera con ellos. El 8 de agosto, se dictó una orden de detención contra ella —fue arrestada por la policía el pasado martes, cuando acudía a prestar declaración al juzgado— y está siendo investigada por retención ilícita y desobediencia a la justicia.

El padre de los niños, Francesco Arcuri, podrá volver con ellos a Carloforte, en Cerdeña, de donde Rivas se los llevó en mayo de 2016 y ya no volvió. La mujer presentó una denuncia por violencia de género en julio de ese año que deberán investigar los tribunales italianos.

Arcuri fue condenado por maltrato en 2009. Según aquella sentencia, la golpeó “repetidamente”. Fue condenado a tres meses de prisión por “lesiones en el ámbito familiar”. El hombre, en Granada desde hace más de un mes para llevarse a sus hijos, niega haberla maltratado. Asegura que aceptó la condena en 2009 para “poder ver a su hijo”.

Vuelta a Italia

Las distintas instancias judiciales han basado su actuación en el Convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores, un acuerdo que España ha suscrito y que obliga a que los dos niños vuelvan a Italia, donde está su residencia. La magistrada que dirige la vía penal del caso advierte a Rivas de que, si no acata esta decisión judicial firme, adoptará “las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran”. Y cita la Guía de Buenas Prácticas del Convenio de La Haya, que para asegurarse de que se cumpla esta entrega prevé que “los servicios sociales y de policía pueden ser requeridos para que aporten toda la asistencia necesaria”.

La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del centro María Teresa Sanz deberán comparecer ante la juez el miércoles para aclarar su posible intervención como “inductores o partícipes necesarios” en la sustracción de los dos menores. El jueves está citada la familia de Rivas por el mismo motivo.

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