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REPORTAJE

Interpol señala, y España detiene

La comunidad internacional alerta de que países como Turquía abusan de las alertas rojas para perseguir a sus disidentes

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El escritor y periodista turco-alemán, Dogan Akhanli, en libertad provisional hasta que se decida sobre la petición de extradición que reclama Turquía.

El viaje romántico que Dogan Akhanli había planeado con su mujer para conocer la Alhambra de Granada acabó abruptamente el sábado 19 por la mañana. Ocho policías llamaron a la puerta de la habitación de hotel del escritor turco nacionalizado alemán hacia las 8.30 y se lo llevaron detenido. “Fue horroroso”, recuerda Akhanli, de 60 años, en el despacho de su abogado español. Llevaban chalecos antibalas, como si fueran a por un terrorista.

La Audiencia Nacional lo ha dejado en libertad a la espera de decidir sobre la extradición que pide Turquía, pero no puede volver a Alemania, donde vive desde que huyó de su país en 1991. Solo unos días antes otro intelectual turco, Hamza Yalçin, de 59 años, nacionalizado sueco, era detenido en el aeropuerto de El Prat. Lleva desde entonces durmiendo en una celda de la cárcel Brians I, en Barcelona. En su caso, el juez considera que hay “riesgo de fuga”. Él alega que podría ser ejecutado si se le entrega al régimen de Recep Tayyip Erdogan.

¿Cómo consigue Turquía que terceros países detengan a intelectuales críticos? La respuesta está en el sistema de notificaciones de Interpol, y en el uso que se hace de él. Esta organización distribuye alertas a las policías de todos los países miembros –190, es decir, casi todos—acerca de personas buscadas, delincuentes peligrosos, desaparecidos o posibles amenazas. Las rojas permiten arrestar a una persona buscada por otro país para extraditarla. “Muchos de los países miembros las consideran una orden de arresto internacional provisional”, explica Interpol en su página web.

Pero lo que se pensó como una eficaz herramienta de cooperación policial contra el crimen se ha convertido en un coladero para que algunos países ajusten cuentas con sus disidentes más allá de sus fronteras. Ya no es solo una insistente denuncia entre las ONG que defienden los derechos humanos. El Consejo de Europa -al que pertenece Turquía- ha adoptado recientemente una resolución que lo describe sin rodeos: “Algunos estados han abusado de Interpol y su sistema de notificaciones rojas en la persecución de objetivos políticos”. La OSCE también se ha pronunciado: "Urge" a Interpol a “revisar cuidadosamente las órdenes de arresto solicitadas por Turquía”.

Seis veces más alertas rojas que hace una década

El número de notificaciones rojas emitidas por Interpol no ha dejado de crecer en los últimos años.En poco más de una década se han multiplicado por seis. Solo en 2016 se publicaron 12.878 nuevas alertas. A finales de julio había, en total, casi 50.000 activas, según Interpol. Conocer cuáles son los países que las emiten es más complicado, ya que Interpol se niega a divulgar los datos desglosados para, según dice, evitar comparaciones entre Estados. Cada país decide si hace pública la alerta o no.

“Los países que tradicionalmente han abusado en mayor medida de Interpol son desde luego Rusia y Kazajstán, pero se ha empezado a notar esa tendencia con respecto a Azerbaiyán y Turquía”, explica por correo electrónico Jędrzej Czerep, abogado y portavoz de la ONG Open Dialog Foundation. “Los países autoritarios se han dado cuenta de que colocar a alguien en la lista de Interpol con pruebas inventadas es una manera fácil de saltarse los principios occidentales de transparencia y juicios justos y extender sus prácticas en este sentido a la UE”, añade.

En el caso de los dos escritores de origen turco detenidos en España en menos de un mes sorprende que ambos se hayan movido por toda Europa sin ningún problema a pesar de la alerta roja de Interpol. Justo antes de viajar a Granada, Akhanli hizo una ruta en bicicleta con su hijo por Holanda. “Cada día dormíamos en una ciudad distinta, y nunca nos pasó nada”, explica. Yalçin ha viajado en los últimos meses al menos a Italia y Grecia, según su abogado en España, David Aranda. Ninguno de esos países vio la necesidad de detenerle. Suecia, donde vive desde 1984, “tenía conocimiento de la orden internacional de arresto, e hizo caso omiso”, añade.

Lo que lleva a preguntarse por qué mientras algunos países ignoran alertas rojas otros, como España, las aplican de manera automática. Sobre todo porque, tal y como reconoce Interpol, no equivalen a una orden de arresto internacional: "Cada miembro decide por sí mismo qué valor les da". De hecho, el dictamen del Consejo de Europa pide a los estados miembros que “se abstengan de hacer detenciones con base a notificaciones rojas cuando tengan serias sospechas de que la alerta puede ser abusiva”.

“Los jueces no tienen por qué aplicar sin más las órdenes de Interpol a rajatabla, sino interpretarlas en función de las circunstancias del país que las emite y del caso concreto. No se puede dar una credibilidad absoluta a una solicitud que viene de un país que está persiguiendo la libertad de expresión, sindical, a los partidos políticos y a todo”, afirma Álvaro Gil-Robles, ex Defensor del Pueblo y el primer comisario de Derechos Humanos que tuvo el Consejo de Europa.

40 días de espera

“Tratar a estas personas como delincuentes ordinarios de entrada me parece, por decirlo suavemente, muy discutible”, añade. Cuando la policía detiene a una persona en virtud de la alerta de Interpol, la pone a disposición de un juez de la Audiencia Naciona. A través del Ministerio de Justicia, este pide al Estado requiriente que remita una solicitud formal de extradición, que incluiría las pruebas del delito que supuestamente ha cometido el detenido. La alerta roja es un texto muy corto que apenas da información. Solo este trámite inicial puede durar hasta 40 días. Akhlani los está pasando en libertad; Yalçin en la cárcel.

“El juez tiene mucho margen de maniobra”, explica Victor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III. “Desde el punto de vista de los estados hay un principio de cooperación internacional, pero si en el país que pide la extradición hay abusos, el juez tiene que ponderar ese elemento, entre otros, a la hora de adoptar las medidas para evitar que se fugue el buscado”, añade.

El escritor turcoalemán Dogan Akhanli.
El escritor turcoalemán Dogan Akhanli. EFE

Pero hay un paso previo. Para que el fugado llegue ante el juez, antes lo ha tenido que detener la policía. En el caso de Akhanli, ciudadano europeo que se movía dentro del espacio Schengen, y que por tanto no se sometió a control de pasaportes en el aeropuerto, le localizaron según cree su abogado por el listado de huéspedes del hotel. Una portavoz del Ministerio de Interior afirmó que la Policía está obligada a hacerlo por “los estatutos de Interpol y, en este caso, el convenio de extradición entre Turquía y España”.

A la pregunta de por qué no ocurre en otros países, responde: “No podemos hablar de lo que hacen otras policías; nosotros operamos en base a nuestros acuerdos a nivel internacional y siempre es un juez el que decide”. Los responsables de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, en la que se integra la oficina nacional de Interpol, rechazaron participar en este reportaje.

“No es verdad que tenga que aplicarlo automáticamente. La policía también puede perfectamente valorar el alcance de esa solicitud. Puede interrogar, preguntar, quizá pedirle que quede a disposición para futuras preguntas pero permitirle que siga circulando. No tiene que inmediatamente ponerle a disposición del juez. Es una interpretación muy estricta”, afirma Gil-Robles. “Pero así la policía queda bien con los turcos y se asegura su buena colaboración en el futuro”, añade.

"Hemos visto múltiples ejemplos de la mano dura de España en este tema", afirma Alex Mik, portavoz de la organización Fair Trials. "Ya hemos trabajado en varios casos de arrestos en España en las mismas circunstancias. Petr Silaev, un activista y refugiado ruso fue arrestado a punta de pistola en su hotel, y Bahan Kimyongur, el activista de origen turco, fue rodeado por la policía y arrestado estando con su familia. En ambos casos, se demostró que hubo un abuso de las alertas de Interpol", añade.

“Se trata de cuestiones de orden político y diplomático, así como para respaldar una especial obsesión del Estado español de atribuir la etiqueta de terrorismo más allá de las definiciones legales clásicas”, opina por su parte Aranda, el abogado del escritor sueco.

Extradiciones polémicas

España fue condenada en 2006 por una extradición, la del peruano Olaechea Cahuas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que había sido incorrecta. En 2014, España estuvo a punto de entregar a Turkmenistán, “uno de los países más represivos y cerrados del mundo”, según el Parlamento Europeo, al ucranio Gurbanguli Berdimuhamedov. El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó in extremis el auto con el que tres magistrados aprobaban la extradición pese al riesgo de posibles torturas.

El caso de Alexander Pavlov, opositor político kazajo, fue muy mediático. La Audiencia Nacional concedió su extradición, finalmente revocada por el Supremo, que le otorgó el asilo en 2015.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha criticado el “abuso” que hace Turquía de Interpol y su ministro de Exteriores ha pedido a España que no extradite a Akhanli. El escritor estará este miércoles en el Congreso invitado por el diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón. El jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparecerá para hablar de su caso.