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La justicia acorrala a Juana Rivas

La juez de Instrucción imputa a su familia y a dos asesoras por su posible participación en la sustracción de los menores y decreta que entregue a sus hijos el lunes

Juana Rivas, en el centro, con su hermana Isabel, al salir del juzgado el martes. Detrás, la psicóloga de María Teresa Sanz.

Ya no quedan carteles. Han retirado el de la fachada de mármol verde y gris del Ayuntamiento de Maracena y el del escaparate del bazar de enfrente, donde no luce el folio blanco con las letras moradas ‘Juana está en mi casa’. “Ya se ha entregado a la justicia y estará en su casa, digo yo, así que no tiene sentido mantenerlo”, aclara la chica que atiende el negocio. Pero Juana Rivas permanece ilocalizable en este medio día de viernes de calor pegajoso en Maracena (Granada), el pueblo de su familia y una localidad que hasta ahora se ha volcado con ella. Y la justicia la acaba de poner contra las cuerdas con un ultimátum que vence el lunes, cuando debe entregar a sus hijos. Su familia y sus asesoras, además, están imputadas.

Rivas permaneció casi un mes desaparecida con los dos niños, de 11 y tres años, para no entregarlos al padre, condenado por maltrato en 2009. Este martes compareció finalmente ante el juez. Quedó en libertad provisional y salió sonriente del juzgado: “Me voy a mi casa con mis hijos”. Ese día hubo celebraciones y abrazos con su hermana, Isabel Rivas, y con su asesora jurídica, Francisca Granados, a la que todos llaman Paqui. Y luego desapareció, sin contar en el juzgado donde estaban sus hijos que esa tarde la Guardia Civil no encontró al acudir a su casa.

La mujer no parecía consciente ese día de que es firme la sentencia que le obliga a devolver a los menores con el padre, el italiano Francesco Arcuri para que los tres vuelvan al pueblo de Carloforte, en Cerdeña, de donde Juana se marchó hace 15 meses y donde sus hijos tienen la residencia reconocida.

Los jueces, en distintos pronunciamientos, le han reiterado que es en Italia donde debe dirimir la custodia de los niños, que ahora tiene provisionalmente el padre, y los nuevos episodios de malos tratos que denunció haber sufrido en los últimos tres años de convivencia con Arcuri en la isla italiana. Su expareja niega haberle puesto “jamás” la mano encima. El hombre, en Granada desde hace más de un mes para recoger a sus hijos, rechaza pronunciarse sobre la orden de la juez.

El último auto de la titular de Instrucción 2 de Granada, que adelantó el diario Ideal, la acorrala a ella y a su familia. Fija una nueva fecha para la entrega de los niños, el lunes 28 de agosto a las cinco de la tarde en un punto de encuentro. La juez encargada de la vertiente penal del caso, María Ángeles Jiménez, censura "la falta de colaboración total y absoluta" de Juana Rivas, que se enfrenta a hasta cuatro años de prisión y a perder la patria potestad de sus hijos hasta 10 años por sustracción de menores y a otro delito por desobediencia a la autoridad. Y le advierte que, si no cumple, adoptará "las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran". El auto, contra el que cabe recurso, acuerda que la Guardia Civil se persone en su domicilio para asegurarse de la entrega.

La casa de Juana Rivas está a la vuelta de la esquina de la de su madre. Es una segunda planta de un bloque de ladrillo visto de un barrio de casas bajas de Maracena. Cerrada a cal y canto. Nadie responde. En el callejón perpendicular, su madre abre la puerta con el rostro abatido: “Ojalá supiera donde está mi hija”. Antes de cerrar, confirma estar al tanto de la última decisión judicial. Dos agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano han pasado por su vivienda este viernes para darle una citación judicial. Todos los integrantes de la familia de Juana Rivas, hasta segundo grado de consanguinidad, tendrán que acudir ante la juez el 31 de agosto para que se aclare su “presunta intervención en la sustracción de menores". El padre – Manuel Rivas, que no vive allí–, se ha enterado “por la televisión”, según le cuenta a Europa Press. “Estamos machacados porque le van a quitar a sus hijos”, dice. Isabel, la hermana, responde lacónica al teléfono: “Mal, mal, muy mal”. Como cada día, acude el Centro Municipal de la Mujer de Maracena, de donde se marcha antes de que se presenten los mismos dos agentes de paisano que acaban de visitar a su madre.

Son las 11.17 cuando uno de ellos toca a la puerta del centro, en la primera planta del edificio blanco, y deja dos notificaciones. Cita a declarar el 30 de agosto a la asesora jurídica de Juana Rivas y directora del Centro Municipal de la Mujer, Francisca Granados y a la psicóloga, María Teresa Sanz, que ha atendido a Rivas en el último año y que emitió informes sobre ella y sobre el mayor de sus hijos. La juez quiere esclarecer si han podido participar como presuntas inductoras o “partícipes necesarias” en un delito de sustracción de menores. El Ayuntamiento de Maracena emitió el jueves una nota de respaldo a ambas funcionarias municipales, de las que alabó “el rigor y la dedicación” y su experiencia en violencia de género. Una vez conocidas las imputaciones, el Consistorio elude pronunciarse.

La asesora y la psicóloga no están en su despacho, ni aparecerán en toda la mañana. Solo la secretaria del centro y un técnico aguardan en sus mesas mientras el teléfono no para de sonar. Fuera, los obreros ultiman bajo el polvo y el calor la reforma de la escuela infantil donde el pequeño de los Arcuri Rivas estuvo escolarizado el curso pasado. Dos señores entran en la sala. “Somos de la plataforma de Hombres por la Igualdad de Maracena, venimos a dar nuestro apoyo a Paqui”, dice uno. En la puerta exterior, junto al cartel que anuncia que allí está la sede para la igualdad de género, alguien dejó una pegatina con otro mensaje: Stop Feminazis.

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