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El Defensor del Pueblo investiga el caso del periodista turco preso en España

Marugán recuerda las "medidas represivas" contra la prensa del régimen de Erdogan

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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio para conocer la situación del periodista y escritor turco-sueco Hamza Yalçin, detenido el pasado día 3 en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) por orden de Turquía, y la posición del Ministerio de Justicia en este caso, según ha informado la institución. Yalçin está en prisión provisional en el centro penitenciario de Brians 1 (Barcelona), por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a la espera que las autoridades turcas formalicen en un plazo de 40 días su demanda de extradición.

Fernández Margugán ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Justicia en la que, tras expresar su "respeto a las decisiones judiciales que se han tomado o pudieran tomarse en un futuro sobre este asunto", muestra su "preocupación" por la posibilidad de que el periodista pudiera ser extraditado a Turquía, un país en el que fue suspendida hace más de un año la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Son de público conocimiento las detenciones masivas de miles de personas en los últimos meses y, específicamente, las medidas represivas adoptadas contra periodistas", destaca el Defensor del Pueblo en su misiva. Además, recuerda que, en virtud de una sentencia del 6 de septiembre de 2016 de la Gran sala del Tribunal de Justicia de la UE, España no podrá extraditar a Yalçin a Turquía sin el visto bueno de Suecia, país en el que reside y cuya nacionalidad también ostenta.

Por ello, reclama información sobre el procedimiento de extradición pasiva de Yalçin, la posición del Ministerio de Justicia al respecto y la incidencia que tiene en este proceso la condición de nacional de un Estado miembro de la UE de Yalçin a la luz de la jurisprudencia europea.

La voz de Fernández Marugán no es la única que se ha alzado en las últimas horas para impedir la entrega a Turquía del escritor. Su homólogo catalán, Rafael Ribó, ha anunciado que pediría la intervención del Defensor del Pueblo ante el Gobierno para pedir la excarcelación del periodista. El Sindic de Greuges aclaró que hacía esta petición en su condición de presidente del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombusdsman, que "está siguiendo con preocupación el retroceso de Turquía en materia de derechos humanos".

Por su parte, el exjuez Batasar Garzón ha calificado de "inadmisible" la entrega del escritor y periodista al régimen de Erdongán, ante las "serias dudas sobre su respeto a los derechos humanos". A través de su fundación, Garzón ha expresado su "honda preocupación" ante la posibilidad de que Yalçin sea extraditado y ha recordado que la imputación de supuestos delitos de terrorismo es utilizada con frecuencia por el régimen turco para "eliminar a los informadores cuyo trabajo es contrario [al Gobierno] o molesto".

Las Juventudes Socialistas han pedido "protección" para el periodista y escritor ante "una clara situación de persecución política", mientras que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reclamado su inmediata excarcelación. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha anunciado que remitirá a la Fiscalía documentación que acredita que la detención de Yalçin no está justificada y aún menos su entrega a Turquía. Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha dirigido una carta a los responsables penitenciarios de la Generalitat para conocer las condiciones en las que está preso y facilitarle medios para garantizar su defensa.