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Las sanciones a los afiliados desatan una pelea en un órgano clave de Podemos

El comité de garantías emite dos "dictámenes contradictorios", según afirma Echenique

Pablo Echenique y José García Molina, este jueves.
Pablo Echenique y José García Molina, este jueves.

La normativa para sancionar a los afiliados ha desatado un enfrentamiento en la comisión de garantías de Podemos, encargada de supervisar el funcionamiento del partido. Este órgano ha emitido dos resoluciones "contradictorias", según ha admitido Pablo Echenique este jueves. Por un lado, tres de sus miembros anularon parte del régimen disciplinario de los nuevos estatutos. Pero, por otro, la secretaría del mismo organismo emitió un escrito que considera inválida dicha decisión y acusa a la presidenta de tratar de "violar el espíritu" de Vistalegre II.

"La comisión de garantías en Podemos es un órgano independiente de la ejecutiva del partido. De hecho, se elige en primarias abiertas como todos los demás órganos. En este momento hay dictámenes contradictorios y es la propia comisión la que tiene que emitir un dictamen definitivo", ha zanjado este jueves Pablo Echenique, secretario de organización de la formación.

La presidenta de este organismo, Olga Jiménez, y otros dos de sus miembros —una titular, Nuria Martín, y un suplente, Jesús Calpe— emitieron el pasado 28 de julio un dictamen demoledor donde afirmaban que el régimen disciplinario previsto en los nuevos estatutos de la formación "excede, con mucho, de lo aprobado en la II asamblea ciudadana estatal".

"Incluye párrafos completos de nueva creación, no previstos en el documento ganador [en Vistalegre II], y suprime otros que sí se han aprobado por la asamblea ciudadana", reza el texto, que considera nulos los artículos del 71 al 77, donde se detallan las infracciones previstas para sancionar a los afiliados del partido. Entre otras, el "transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan".

Declaración de apoyo de Navarra

Jiménez, Martín y Calpe han encontrado el apoyo de la comisión de garantías de Navarra. Este órgano regional emitió un comunicado donde considera “abusivo” el régimen disciplinario de los nuevos estatutos y defiende el dictamen de los tres miembros de la comisión estatal: “No estamos de acuerdo con la arbitrariedad con la que se ha interpretado los documentos aprobados por la Asamblea Ciudadana”. El Consejo de Coordinación Estatal se encarga de elaborar los nuevos estatutos. Y, según el artículo 21 de los documentos de organización aprobados en Vistalegre II, la comisión de garantías solo puede actuar cuando exista “una petición expresa de una persona inscrita u órgano del partido”.

Además, en ese mismo dictamen los tres miembros afirman que deben redactarse de nuevo otros cuatro artículos de los nuevos estatutos: del 67 al 70, que regulan los derechos de los miembros de la propia comisión de garantías. En ellos se subraya que los suplentes podrán participar en las decisiones "con voz pero sin voto". Pero, según la resolución de Jiménez, Martín y Calpe, esta medida se "desvía de lo aprobado en Vistalegre" e "introduce criterios que no han sido sometidos a los inscritos, bajo requisitos incomprensibles ya que determinarían la inoperatividad del órgano". "No tiene justificación de ningún tipo", remacha el documento impulsado por la presidenta Olga Jiménez; que, contactada por EL PAÍS, no ha querido hacer valoraciones al respecto.

Pero este dictamen que anula ocho artículos e insta a reescribir otros cuatro, según explican fuentes de Podemos, no tendría validez porque las resoluciones deben aprobarlas tres miembros titulares del órgano. De hecho, a ese aspecto recurre en su escrito la secretaria de la comisión, María del Rosario Rodero, para considerar inválida la aprobación de la resolución de Jiménez, Martín y Calpe del 28 de julio.

Rodero explica que el pleno de la comisión de garantías, compuesto por los cinco miembros titulares, rechazó el 26 de julio —por tres votos a favor y dos en contra— la propuesta de Jiménez de que los suplentes tuviesen voto, además de voz. "Este dictamen que se pretendía adoptar violaba expresamente el espíritu y la letra de lo aprobado en la asamblea ciudadana", afirma la secretaria en su escrito, donde continúa diciendo que la presidenta, pese a esta negativa a su medida, "actuó como si el dictamen que pretendía aprobar hubiera sido aprobado" y, posteriormente, computó el voto de Calpe para aprobar el 28 de julio el dictamen que anulaba parte de los estatutos.