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La Fuenteovejuna de Juana Rivas

Maracena, el municipio donde vive la mujer que ha huido con sus hijos, lleva meses volcado con su vecina

Carteles de apoyo a Juana Rivas en el municipio granadino de Maracena.

Bajo la fachada del edificio de la Policía Local, resguardados a la sombra, los jubilados comentan el tema del día. “Juana está en la casa de todas las mujeres y en ninguna”, dice Paco Ávila, de 80 años y vecino “de siempre” de Maracena, el municipio granadino que sigue conmocionado desde hace meses el caso de su vecina. Se cumplen ya dos semanas desde que la mujer, de 36 años, desapareció sin dejar rastro con sus hijos para no entregarlos al padre de los menores, tal y como le obliga una sentencia judicial. Ahora otro juzgado ha trasladado a todas las fuerzas de seguridad la orden de que la detengan y la presenten ante el juez y también la restitución “inmediata” de los dos niños, de 11 y tres años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009, y que se trasladó a Granada para recibirlos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Nacional ya han recibido esa orden de detención después de que Rivas no compareciera el martes ante el juzgado, donde estaba citada en un proceso penal por una presunta retención ilícita de los menores. Pero este miércoles la comunicación no había llegado aún a los agentes de Policía Local del municipio, según confirman en la propia comisaría. El protocolo activado no supone un dispositivo especial ni en el pueblo ni en la provincia para su búsqueda, sino dar parte si la encuentran o se presenta en algún sitio identificándose con algún documento oficial, según explican fuentes policiales.

En el pueblo, nadie habla de donde está la mujer, como si se tratara de una versión moderna de Fuenteovejuna. “No lo sé, aunque si lo supiera tampoco lo diría”, dice en el mismo corrillo frente a la comisaría Manuel Torres. Hay rumores de que la mujer, que tiene una dolencia de estómago que debe tratar, permanece escondida en la misma provincia de Granada o incluso en las inmediaciones de Maracena, pero solo su entorno más cercano lo sabe. Y todos guardan silencio a la espera de un giro en la postura de los jueces que, hasta la fecha, han reclamado de forma contundente que los menores regresen a Italia.

A sus casi 77 años, Manuel Torres resume a su manera el embrollo judicial del caso: “Cuando los jueces están hechos un lío, imagine cómo estamos los ciudadanos de a pie”. Hay abierta una vía civil y otra penal y el entorno de Rivas estudia pedir amparo al Tribunal Constitucional por segunda vez, mientras aguardaban que este miércoles la Audiencia de Granada se pronunciara sobre el incidente de nulidad que reclamaron para que se paralice la entrega de sus hijos, a la que se opone fiscalía y el abogado de Arcuri. La deliberación de la Sección Quinta del tribunal provincial no se conoció ayer. Según una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es previsible que se conozca hoy.

En línea recta desde la comisaría, en la fachada de mármol verde del Ayuntamiento de Maracena, con poco más de 22.000 habitantes, sigue colgado el cartel de “Juana está en mi casa” que se repite en puertas de distintos comercios y que han portado muchos vecinos en las concentraciones con las que le han respaldado en los últimos meses. Rivas huyó de Carloforte, el pueblo de Italia donde vivía con Arcuri y con sus hijos, en mayo de 2016. En julio puso una nueva denuncia por malos tratos y comenzó una lucha para quedarse con sus hijos en la que siempre ha contado con el respaldo del municipio.

En el Ayuntamiento, una portavoz señala que estos días prefieren guardar silencio aunque también ha sido notorio su respaldo a esta causa. El centro municipal de la mujer de Maracena lleva más de un año ofreciendo terapia piscológica a Rivas y a su hijo mayor. Emitieron un informe “que ha permitido que sea beneficiara de la renta mínima” como víctima de violencia de género, explicó ayer la directora del centro y asesora jurídica de Rivas, Paqui Granados. El propio alcalde, el socialista Noel López, la acompañó a finales de enero a Madrid para entregar en el Ministerio de Justicia miles de firmas recogidas on line para reclamar que los menores no regresen a Italia.

Los mismos niños que Conchi veía pasar desde la puerta de su casa a diario. “Los chiquillos”, como dice esta mujer de 69 años que pide figurar sin apellido. “Toda Maracena la apoya”, asegura en el rellano de su casa, situada frente a la vivienda de una primera planta donde Rivas se instaló con sus hijos, con las persianas cerradas a cal y canto en esta mañana de agosto. Tampoco responde nadie en la vivienda donde reside su madre, situada al doblar la esquina. “Como madre, me identifico con ella”, dice Paqui Pérez dentro de su bazar, en el que también cuelga el cartel de apoyo. Ella tampoco sabe dónde está: “La gente solo dice que se ha quitao de enmedio”.