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Los hosteleros cuestionan la ley de Baleares que persigue limitar el turismo

La norma impone un techo máximo de plazas y el objetivo de reducirlas paulatinamente

Pintadas contra el turismo en un banco de la calle Blanquerna.
Pintadas contra el turismo en un banco de la calle Blanquerna. EFE

Nunca llueve a gusto de todos. Tanto el sector hotelero como los empresarios del alquiler vacacional critican diferentes aspectos de la nueva Ley General Turística de Baleares que entró en vigor el pasado martes. La Federación Hotelera de Mallorca se muestra contraria a reducir con el paso de los años el número máximo de plazas turísticas en la comunidad, que el Ejecutivo Autonómico ha fijado en un tope de 623.624, mientras que la Asociación de Apartamientos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (APTUR) estudia la normativa para impugnarla ante los tribunales al considerar que limita de forma restrictiva su actividad.

La nueva ley establece un techo máximo de plazas turísticas de 623.624 en toda la comunidad, con el objetivo de recortarlas en 120.000 en los próximos años. De ese total de plazas actualmente hay alrededor de 52.000 libres, es decir, los empresarios turísticos pueden continuar pidiendo autorizaciones para poner en marcha negocios hasta agotar todas esas plazas libres. Cada plaza equivale a una cama de hotel o a un inquilino en una vivienda turística. Una vez esa reserva se termine, solo se podrá dar de alta una plaza cuando otra se haya dado de baja.

Una medida que la Federación Hotelera de Mallorca comparte porque consideran “necesario” establecer un techo de plazas ajustado a los recursos y necesidades de las islas. Sin embargo, se muestran radicalmente en contra de la intención del Ejecutivo de Armengol de ir reduciendo esa cifra en los próximos años. “Suprimir plazas regladas irá en detrimento del empleo y de la inversión. Estamos de acuerdo con el techo de plazas, pero no con el decrecimiento” dice la presidenta de la patronal Inma de Benito.

Desde el año 1999 hay unas 120.000 plazas que el Gobierno balear ha ido concediendo en régimen de excepción –hoteles de cinco estrellas, de ciudad, agroturismos, hoteles rurales- que no se renovarán cuando se vayan dando de baja. Mediante este sistema el Ejecutivo autonómico pretende reducir la oferta de plaza, una medida que los hoteleros no comparten. También critican que en un futuro se puedan beneficiar de ellas alojamientos que actualmente son ilegales, como los alquileres en pisos de edificios residenciales.

A los tribunales

Quienes desde un principio han luchado por evitar la entrada en vigor de la ley son los empresarios de los arrendamientos turísticos. El presidente de la patronal APTUR, Joan Miralles, afirma que la nueva norma se ha redactado “a medida de las grandes cadenas hoteleras”. Con el texto que entró en vigor el pasado martes, Baleares prohíbe alquilar pisos y apartamentos a turistas.

Solo está permitido el arrendamiento turístico en chalets, viviendas unifamiliares y casas de pueblo que cuenten con la pertinente licencia de la Consejería de Turismo, que desde el martes no autoriza nuevos permisos. La normativa prevé sanciones de hasta 40.000 euros para quien alquile su piso y de 400.000 para las plataformas que alojen anuncios de apartamentos ilegales. “Plazas que toda la vida se han dedicado al alquiler turístico y estaban en un limbo legal ahora quedan ilegalizadas. Gente que toda su vida ha alquilado en el litoral quedará fuera de la ley, mientras que a los hoteleros nunca les toca decrecer” afirma Miralles, que sostiene que la masificación “viene de los hoteles”.

Miralles avanza que los servicios jurídicos de APTUR, junto con la federación que agrupa a estos empresarios a nivel estatal, están estudiando a fondo la normativa para llevarla a los tribunales. “No descartamos ningún tipo de medida legal” sentencia.

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