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Baleares fija un límite de 623.624 plazas para turistas que irá reduciendo

El Gobierno balear multará con hasta 400.000 euros a las plataformas que no retiren los anuncios de pisos turísticos

Calle comercial llena de turistas en Alcudia (Mallorca). Cristóbal Castro

La reforma de la ley turística aprobada por el Gobierno balear, y en vigor desde este martes, ha puesto un tope al alojamiento de visitantes en establecimientos turísticos legales. El techo de plazas ha quedado fijado en 623.624, de las que la mayoría 435.707— están en Mallorca y más de la mitad en manos de establecimientos hoteleros. El Gobierno multará con hasta 400.000 euros a las plataformas que no retiren los anuncios de pisos turísticos que pasan a ser ilegales.

El consejero de Turismo, Biel Barceló, de Més per Mallorca, considera que la medida servirá para “poner orden” en el sector tras los problemas surgidos a raíz del auge del alquiler turístico en pisos en los últimos años, que ha llevado a una masificación de las visitas. A pesar de que el techo de plazas se ha establecido en esas más de 600.000 en todo Baleares, el objetivo a largo plazo del Ejecutivo autonómico es ir reduciendo la oferta paulatinamente. El Gobierno de Francina Armengol se marca un decrecimiento de 120.000 en los próximos años.

La nueva normativa, que desde este martes es de aplicación en las islas, convierte en ilegales los pisos y apartamentos que hasta ahora eran alegales, que se ofertaban como turísticos y de corta estancia y no se sometían a la ley de arrendamientos. En la práctica, ahora mismo en Baleares solo está permitido alquilar a turistas un chalet, vivienda aislada o casa de pueblo que cuente con pertinente licencia de la Consejería que ya no autoriza nuevos permisos.

Baleares fija un límite de 623.624 plazas para turistas que irá reduciendo

La regulación no solo prohíbe alquilar pisos y apartamentos en viviendas plurifamiliares a turistas, sino también publicitarlos a través de portales especializados. Los propietarios de pisos o apartamentos que pretendan alquilar su casa a turistas no podrán hacerlo, bajo la amenaza de multas de hasta 40.000 euros si lo llevan cabo. Las plataformas de comercialización —como Airbnb y Homeaway— se enfrentan a sanciones de hasta 400.000 euros si alojan en su página anuncios de alquiler turístico en pisos. La ley obliga a estas comercializadoras a incluir en los anuncios el número de licencia, que tiene que estar visible. Si no se cumple esta premisa, se multará tanto al propietario como a la empresa anunciante.

Plazo de 15 días

El Gobierno autonómico ha dado de plazo 15 días a estas empresas para adaptarse a la nueva normativa autonómica y retirar todos los anuncios que ofrecen el arrendamiento de pisos y apartamentos en edificios residenciales. La última campaña del Ejecutivo Autonómico para detectar las ilegalidades, el pasado mes de abril, se saldó con ocho expedientes abiertos a nueve inmobiliarias por comercializar 330 pisos ilegales. Estas empresas se enfrentan ahora a multas que suman 220.000 euros, según informó la directora general de Turismo, Pilar Carbonell.

Airbnb considera la norma “compleja y confusa”

La plataforma Airbnb tacha la nueva norma balear de “compleja y confusa” e invita a los gobernantes locales a seguir el ejemplo de otras grandes ciudades “que han implementado leyes simples y claras”. Mediante un comunicado, la empresa critica que la nueva normativa no diferencie entre las familias locales “que comparten sus hogares” y los operadores profesionales. Según sus datos, el anfitrión típico en las islas ganó 6.300 euros de media “compartiendo su espacio” unas 40 noches al año.

Hasta dentro de un año estará vigente además una moratoria a partir de la cual ya se podrán tramitar nuevas licencias de alojamientos.

Para el consejero de Turismo, Biel Barceló, la nueva normativa pretende “poner fin a la especulación” y promover un turismo que se base en la “sostenibilidad y responsabilidad”. Desde la consejería afirman que hay algunas plataformas que ya se han puesto en contacto con la Administración para mostrar su intención de adaptarse y retirar los anuncios ilegales.

La normativa turística —que salió adelante hace tres semanas en el Parlamento balear con importantes contradicciones porque Podemos no dio su apoyo a todos los artículos— tuvo que ser enmendada el viernes pasado mediante un decreto ley aprobado en el Consejo de Gobierno. Con su entrada en vigor, se prohíbe el alquiler turístico en todos los pisos de edificios residenciales hasta que los Consejos Insulares y el Ayuntamiento de Palma decidan en qué zonas se puede practicar esta actividad.

Zonas habitables

Estas Administraciones tienen 12 meses de plazo para diseñar estos planes de zonificación, en los que establecerán dónde se puede alquilar y por cuánto tiempo. Sin embargo, estos planes tendrán que respetar a su vez las zonas que sean declaradas de “emergencia habitacional” (áreas en las que las Administraciones consideren que existe un problema de acceso a la vivienda para el residente) donde el alquiler turístico en todos sus formatos quedará totalmente prohibido.

Cuando cada isla y el Ayuntamiento de Palma establezcan en qué áreas se permite practicar el alquiler vacacional, el arrendamiento de pisos en los edificios plurifamiliares (residenciales) estará permitido pero bajo una serie de parámetros estrictos: contar con el visto bueno de la consejería, tener el aval de la comunidad de vecinos, contar con un medidor independiente de agua, cumplir ciertos mínimos de eficiencia energética y que la vivienda tenga al menos cinco años de antigüedad.

Con la nueva ley que ayer entró en vigor, Baleares también prevé incrementar el número de inspectores para revisar los alquileres ilegales. Al cuerpo de técnicos se podrían sumar 15 efectivos el año que viene, que se añadirán a la veintena que se dedican actualmente a tramitar los expedientes sancionadores.

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