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‘Caso Púnica’: el sumario que amargará el otoño al PP

Anticorrupción pedirá tras el verano la imputación de varios cargos públicos del partido en el ‘caso Púnica’

Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).

Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.

Desde sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones de cargos públicos, en su inmensa mayoría del PP. Varios ven ya el banquillo como un horizonte cercano. En concreto, los presuntamente implicados en las actividades de la trama en la Diputación de León y en el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya investigación ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en breve. En la primera están encausados Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros (León) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputación provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. La pieza de Murcia ha supuesto la imputación del exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. La senadora Pilar Barreiro será investigada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.

Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario junto a los de otros cargos públicos del PP, como los antiguos aforados Salvador Vitoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid; los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, José Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos como el que fuera regidor socialista de Parla, José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, también popular.

Los últimos escritos de la fiscalía apuntan a que la cifra de cargos públicos imputados aumentará en los próximos meses. El pasado mayo, el ministerio público pidió que se interrogara a 35 personas dentro de la pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de eficiencia energética a la empresa Cofely. Entre los citados aparecen dos alcaldes —los de las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo—, cuatro concejales y un ex alto cargo de la Comunidad. En esta pieza también aparece salpicado un nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares.

Además, en las últimas semanas se ha incorporado a la causa un informe de la Guardia Civil sobre la adjudicación frustrada de uno de estos contratos en el ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). Por estos hechos ya ha declarado como “investigado no detenido” ante los agentes el regidor popular, José García Lobato, y al menos otro miembro de su equipo de Gobierno. Está a punto de llegar a la Audiencia Nacional otro documento policial sobre el consistorio de Villalba (Madrid), también gobernado por el PP.

La pieza de Waiter Music

También se convertirá en un quebradero de cabeza para Génova la pieza del sumario referida a la supuesta contratación irregular de la empresa especializada en la organización de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigación, la Guardia Civil ya entregó un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que además de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recogían indicios de la supuesta financiación irregular de actos del partido. Las pesquisas señalaban entre ellos mítines de las campañas autonómicas y municipales, pero también de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.

Anticorrupción quiere extender estas pesquisas a otros 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también adjudicaron contratos a Waiter Music entre los años 2004 y 2014 por un importe total superior a los 28 millones de euros. En esta pieza también se investiga a siete constructoras y una UTE por contratar a esta misma empresa para organizar actos de inauguración de obras públicas, y al propio PP de Madrid.

La décima y decimoquinta piezas separadas del sumario también salpican de lleno al PP. En ellas, el juez García-Castellón investiga los contratos de reputación online que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, consiguieron con ayuntamientos madrileños y del litoral valenciano supuestamente para mejorar la imagen en Internet de políticos. Los trabajos eran presuntamente pagados con fondos públicos tras camuflarlos como campañas publicitarias. En esta pieza están pendientes las declaraciones de varios presuntos implicados, incluidos dos aforados. Uno es Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas y actual concejal en Gandía (Valencia), al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputación que la trama hizo para el que fuera alcalde popular de este municipio, Arturo Torró, quien dejó su acta tras saltar el escándalo.

El segundo es Miquel Domínguez, también diputado regional valenciano y al que un reciente informe de la UCO relaciona con el supuesto pago irregular de trabajos de reputación online para la fallecida Rita Barberá. El documento policial también cita al concejal Alberto Mendoza Seguí, actualmente imputado en la trama de blanqueo de capitales y financiación irregular de la campaña de las municipales de 2015, el llamado caso Taula.

La caja b del PP

La decimocuarta pieza del sumario está dedicada en exclusiva a la supuesta caja b de los populares en Madrid, y en ella está ya imputado el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, aunque incluso han aparecido documentos relacionados con Luis Bárcenas. En esta parte de la investigación están los dos informes de la Guardia Civil que implicaban a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la supuesta adjudicación irregular al empresario Arturo Fernández de dos contratos de la Asamblea regional. Esta línea de investigación también ha puesto el foco judicial en el papel que Fundescam, una fundación creada por Esperanza Aguirre, presuntamente jugó en la trama de financiación irregular que permitió a los populares madrileños gastar durante tres campañas una cantidad de dinero muy superior a la permitida por la ley electoral.

Finalmente, el PP también aparece acorralado en la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, cuya sede fue registrada durante 14 horas el pasado 16 de mayo. En esta pieza están bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manejó en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no sólo al PP, sino también a otros partidos. Escritos del primer instructor de la causa, Eloy Velasco, y de Anticorrupción hacen referencias concretas a “sospechas de corrupción” de concejales de PSOE e IU que aún no identifica.

Por esta trama de Arpegio ya tuvo que dimitir un viceconsejero del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Ruiz. Además, parte de las pesquisas se dirigen hacia un aforado, el número tres del Gobierno de Cifuentes, Jaime González Taboada. En las declaraciones que ya han prestado varios de los imputados en la Audiencia Nacional —el resto lo harán después de verano— Anticorrupción planteó numerosas preguntas sobre el papel jugado por González Taboada en las millonarias contrataciones.

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