Baleares obligará a los grandes propietarios a ceder sus viviendas vacías
Afectará a empresas y sociedades que tengan más de diez inmuebles que lleven inhabitados más de dos años
El Gobierno balear obligará a los grandes propietarios de inmuebles a ceder temporalmente los pisos que lleven vacíos más de dos años para paliar los problemas de acceso a la vivienda de los residentes de las islas. Esta medida afectará a aquellas empresas o sociedades –nunca particulares- que cuenten con más de diez inmuebles en su haber, que tendrán la obligación de ceder a la Administración aquellos que lleven más de dos años vacíos cuando se considere que existe una necesidad objetiva de acceso a la vivienda.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Vivienda de Baleares, comunidad que no contaba hasta la fecha con una normativa que regulase el sector. La medida más destacada es la obligación de cesión temporal de los pisos vacíos a los grandes tenedores, que en cualquier caso recibirán una compensación económica por esta cesión.
Las entidades tendrán que registrar en la Consejería de Vivienda el número de inmuebles deshabitados que tienen en propiedad con la advertencia de sanciones de hasta 30.000 euros si no lo hacen. Si el Gobierno regional considera que en determinados lugares existe esa necesidad objetiva de acceso a la vivienda – que se medirá en base a parámetros como los precios del alquiler o el número de oferta turística residencial- tendrán la obligación de ceder el piso.
El consejero de Vivienda, Marc Pons, afirma que el anteproyecto de ley cuenta con el aval del Consejo Consultivo de las islas, que elaboró un dictamen para estudiar si la norma podía sobrepasar competencias. “El dictamen del Consejo Consultivo da una fuerza importantísima a esta ley después de los cuestionamientos de diversos sectores”, ha destacado Pons.
Garantía de suministros
La nueva normativa, que tiene que ser sometida al trámite parlamentario, también garantizará por ley el derecho de todos los ciudadanos a los suministros básicos. “No podrá haber cortes de suministro si la persona afectada aporta un informe de los servicios sociales que acrediten su situación de pobreza energética”, dice el consejero, que advierte de que las empresas tendrán que comunicar a los inquilinos de que tienen ese derecho antes de proceder al corte de la luz o el gas.
Precisamente para situaciones de riesgo, el anteproyecto prevé la puesta en marcha de un servicio de acompañamiento en materia de vivienda, que guiará a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida del inmueble o en procesos de compra, alquiler o financiación de una casa. Además, la Consejería tendrá la obligación de crear un cuerpo de inspectores para detectar los pisos vacíos o los usos irregulares.
