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Polop: el asesinato del alcalde, en manos de un jurado

El concejal que sucedió a Alejandro Ponsoda se enfrenta a 25 años de cárcel por encargar su muerte

Juan Cano en una foto de 2010 sale de su primer pleno, tras pasar ocho meses en la cárcel, que fue desalojado por orden de la alcaldesa.
Juan Cano en una foto de 2010 sale de su primer pleno, tras pasar ocho meses en la cárcel, que fue desalojado por orden de la alcaldesa.

El 19 de octubre de 2007, sobre las 21.20 horas, Alejandro Ponsoda Bou, alcalde de Polop de la Marina, una población alicantina de unos 4.500 habitantes situada a las faldas del monte Ponoig, era acribillado a tiros cuando aparcaba su coche en el garaje de casa. Una de las balas quedó alojada en la cabeza y acabó con su vida ocho días más tarde en la habitación de un hospital. Tras su muerte, a Ponsoda (PP) le sucedió en el cargo Juan Cano: su teniente de alcalde, un ambicioso empleado de banca que controlaba el urbanismo local. Un político un tanto oscuro. Con un carácter totalmente opuesto al de su antecesor, que se había granjeado el cariño generalizado de sus vecinos y obtenido cuatro victorias electorales consecutivas con mayoría absoluta. Cano se enfrenta ahora, casi una década después, a una petición de 25 años de cárcel como presunto inductor de un crimen político que arroja aún hoy más sombras que certezas. Un crimen sobre el que un jurado popular deberá emitir un veredicto en los próximos meses.

La fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación provisional. En él describe el “rencor” que Cano guardaba a Ponsoda como el germen del complot criminal que se fraguó en un club de alterne de la vecina Finestrat, el Mesalina, para eliminar al alcalde. Un conciliábulo que reunía a otros seis variopintos personajes: el dueño y el gerente del propio burdel, un empresario local del sector del calzado, dos matones checos y un narcotraficante extremeño. Con la prostitución y el tráfico de drogas, la cara oculta del mundo nocturno de Benidorm y sus alrededores, como paisaje de fondo.

Esa teoría, sin embargo, se sustenta con alfileres. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil construyó el edificio de indicios que llevaron al arresto de Cano y los otros seis acusados en 2009 sobre unos cimientos algo inestables: el testimonio de un portero con un turbio historial que tiene la condición de testigo protegido. El juicio, para el que aún no hay fecha, pondrá punto y final a un episodio de la crónica negra reciente que concitó la atención mediática de todo el país, apenas ocho meses después de la muerte a tiros de otro alcalde, Miguel Grima (PP), en Fago (Huesca).

Los siete encausados llegarán a esa vista oral, que se prevé larga y compleja, en libertad provisional. El procedimiento, dirigido por un juzgado de Villajoyosa, ha sufrido un sinfín de vaivenes y ha estado durante largos periodos totalmente paralizado. La causa pareció por momentos abocada a un callejón sin salida. La debilidad de las pruebas llevó a uno de los jueces que han llevado el caso a exculpar, con el respaldo de la fiscalía, a los tres presuntos autores materiales del crimen: Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero Trevejo. Las dos pistolas utilizadas para matar a Ponsoda nunca fueron localizadas. Y no hay huellas ni pruebas biológicas que sitúen a estos sospechosos en el escenario del crimen.

El ministerio público se planteó en su día dar un giro a su estrategia y acusar únicamente de un delito de conspiración para el asesinato a Cano, el empresario Salvador Ros y a los responsables del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Pero esa alternativa chocó con la Audiencia Provincial de Alicante, que estimó un recurso de la familia de la víctima para que todo siguiera como hasta entonces.

Tesis incriminatoria

La fiscalía se ha visto así obligada a mantener la tesis incriminatoria inicial de la UCO. Para Cano y los otros tres presuntos inductores e intermediarios del asesinato, reclama ahora penas de 25 años de cárcel, y para los presuntos sicarios eleva su petición a los 27 años. Según el escrito de acusación, Cano guardaba “rencor” al alcalde Ponsoda porque pensaba que no le había apoyado cuando el PP le relegó al décimo puesto de las listas para las elecciones municipales de 2003, lo que hacía imposible su reelección. Era el castigo de la cúpula provincial del partido a unas “supuestas grabaciones en las que solicitaba dinero a un empresario”. Cano pasó cuatro años fuera del Ayuntamiento, pero trató de seguir controlando el urbanismo de Polop a través de una gerencia que no prosperó por la oposición del entonces titular del área, Juan Andrés Llorens.

Ya en 2007, el acusado logró presidir el comité local del PP que debía aprobar las listas para los comicios y se situó a sí mismo como número dos, lo que le permitió regresar a la corporación como primer teniente de alcalde y, de nuevo, como edil de Urbanismo. Es durante el verano de ese mismo año cuando Cano y Salvador Ros se “conciertan”, presuntamente, con los responsables del Mesalina para liquidar a Ponsoda, movidos, según la fiscal del caso, por “la animadversión que sentían hacia él por razón de su cargo de alcalde”.

Los presuntos conspiradores buscaron a un individuo de los bajos fondos, un portero de clubes nocturnos con fama de mercenario en África, el mismo testigo protegido que ahora puede llevarles a la cárcel, y le ofrecieron 35.000 euros por cometer el crimen. Pero él rechazó la oferta y los implicados tuvieron que recurrir a otros tres sicarios, Montero Trevejo, Rakowski y Franek, a quienes conocían por frecuentar los locales de alterne en la zona o trabajar en algunos de ellos como porteros y “que tenían fácil acceso al mercado ilegal de armas”. La fiscalía concluye que los tres presuntos matones ejecutaron el plan acordado previamente en el burdel. Los abogados de la defensa, en cambio, creen que la causa no debería haber llegado ni siquiera a juicio.