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El Defensor del Pueblo denuncia a la fiscalía que hay 13 menores en un CIE

Marugán descubrió la irregularidad al visitar al centro de extranjeros de Aluche por la protesta de recluidos magrebíes

Anabel Díez

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado ante el Fiscal General del Estado la presencia de 13 menores en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Esa realidad la conoció al trasladarse el martes por la tarde a ese centro tras saber de una fuerte protesta de inmigrantes magrebíes. Marugán ha pedido además aclaraciones a la Secretaría de Estado de Inmigración por las deficiencias que encontró en el área de asilo del aeropuerto de Barajas.

Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.
Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.Jaime Villanueva
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Primero se presentó en el CIE de Aluche, en la tarde de martes, y este miércoles en el área de asilo del aeropuerto de Madrid. El Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, que ocupa el cargo tras cumplir su mandato en el puesto Soledad Becerril, ha cursado denuncias y petición de aclaraciones a distintas autoridades tras constatar sobre el terreno los problemas relacionados con la inmigración, que no son nuevos y de los que ya se ha ocupado y denunciado con asiduidad ese departamento.

El motín en el CIE de Aluche de 86 inmigrantes el pasado lunes, que provocaron destrozos en el mobiliario y en las instalaciones, comenzó por la negativa de uno de los internos, de nacionalidad marroquí, de aceptar pescado para la comida del día, según la versión que ofrece la oficina del Defensor. Ese fue el detonante de que estallara la tensión que estaba latente, según esa misma versión. Estas fuentes señalan que en su estancia constataron la presencia de 13 chicos menores de 16 años, que, según la ley, no deberían estar en un CIE sino en los llamados centros específicos para los menores.

Marugán presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Los protagonistas de la protesta se niegan a volver a su país, que es probablemente el destino que les espera al haber entrado a España de forma irregular.

El Defensor se ha dirigido también a la Comisaría General de Extranjería y de Fronteras para pedir que aclare los criterios que sigue para el internamiento en los CIE al descubrir que, a pesar de que entre los internos hay “una amalgama de situaciones muy dispares”, acaban todos juntos.

La actuación de oficio del martes continuó ayer en el aeropuerto de Madrid. Allí, Marugán, con un equipo de cuatro personas, expertos en el área de inmigración, se dirigió a la sala de asilo, donde encontró anomalías que puso en conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración, a la que pidió explicaciones por escrito. En las salas de solicitud de asilo había ayer cerca de 50 personas, de Camerún, Congo-Brazaville y palestinos, procedentes de campos de refugiados del Líbano. La mayoría trataba de pasar como turistas, pero al no conseguirlo pidieron asilo.

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Las fuentes consultadas señalan que el Defensor no tiene nada que objetar sobre la labor de la Policía Nacional, aunque “es necesario delimitar en los casos de solicitud de asilo la tarea de la policía y la que deben realizan los profesionales de inmigración”. “La policía no tiene que soportar un trabajo que no es el suyo, por lo que hay que diferenciar competencia, actitudes y comportamientos” señalan interlocutores de la oficina del Defensor para sintetizar lo que han pedido que aclare la Secretaria de Inmigración. “Tienen que mejorar las instalaciones, tener en cuenta que vienen hombres, mujeres y niños y cuidar algo más la comida”. El equipo del Defensor vio ayer que les repartían raciones de paella y fabada “con chorizo”, a pesar de que la mayoría es de origen musulmán.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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