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Andalucía pagó 2,1 millones de más a 100 directivos de Salud mientras redujo la plantilla en 7.773 sanitarios

La Junta disminuyó un 11% su inversión en 2013 pero mantuvo los sueldos altos de su cúpula directiva

María Jesús Montero, consejera andaluza de Salud en 2013 y hoy titular de Hacienda, con Susana Díaz.
María Jesús Montero, consejera andaluza de Salud en 2013 y hoy titular de Hacienda, con Susana Díaz.

La Junta de Andalucía pagó a sus altos cargos y directivos de la Consejería de Salud y hospitales 2,1 millones por encima de lo fijado por norma en 2013, mientras que redujo su plantilla en 7.773 médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares de enfermería. La falta de renovación de contratos de esos trabajadores y la reducción de la inversión sanitaria, que bajó un 11% entre 2012 y 2013 en Andalucía, contrasta con lo abonado en los sueldos de 106 directivos y cargos intermedios de la cúpula de la Consejería y hospitales. Desde 2010, la inversión sanitaria en esta comunidad ha caído otro 11% y en 2016 era la más baja del país con 1.007 euros por habitante, muy lejos de los 1.584 euros del País Vasco, según datos del Consejo Económico y Social (CES).

La Cámara de Cuentas andaluza ha publicado esta mañana un duro informe que subraya los recortes en las plantillas que han deteriorado la sanidad en esta comunidad, y que han provocado una decena de manifestaciones el pasado invierno que provocó el cambio de toda la cúpula directiva. Sin embargo, antes de que las protestas dieran fruto esta primavera, en 2013 los recortes (el presupuesto en sanidad pasó de 9.332 a 8.348 millones entre 2011 y 2013) contrastaban con los excesos pagados en los sueldos de 109 altos cargos y directivos de la Consejería de Salud, cinco hospitales y cinco agencias públicas por 2,1 millones.

A pesar de que ningún alto cargo de la Junta debía cobrar más que los viceconsejeros según fijó la Ley de Presupuestos de 2013, al menos dos de ellos cobraron 75.291 euros, denuncia la Cámara de Cuentas. El organismo fiscalizador resalta la necesidad de que la Junta apruebe “una regulación integral y detallada” sobre los salarios de los directivos que gestionan el sistema sanitario andaluz.

Este exceso de dos millones incumplía la normativa presupuestaria vigente en Andalucía, según la Cámara de Cuentas. La Junta discrepa y considera que el límite retributivo para altos cargos excluye los conceptos como la antigüedad o el complemento de carrera profesional, punto de vista fiscalizado por la Intervención General de la Junta.

“En el Servicio Andaluz de Salud, entre los ejercicios 2011 y 2013, se ha producido una disminución total del número de efectivos netos de 7.773 empleados”, denuncia la Cámara de Cuentas. Los recortes de plantilla afectaron a 1.286 doctores, 1.919 enfermeros, 1.609 administrativos y 1.266 auxiliares de enfermería, “una disminución acumulada” en la plantilla del personal sanitario del 8,2%, según el informe. La Junta alega que la prolongación de la jornada de 35 a 37,5 horas reduciría el recorte de trabajadores al 3%. En un comunicado, el Gobierno alegó ayer que los recortes de plantilla son consecuencia de la tasa de reposición tan restrictiva que impuso el Gobierno central.

A pesar de que la Junta hace gala de una política de transparencia, su Consejería de Salud no ha facilitado el número y la tipología del personal del área de Salud, lo que ha provocado que “numerosas pruebas de auditoría no hayan podido llevarse a cabo”, censuran los auditores.

En 2012 el Gobierno andaluz puso un tope a los sueldos de sus directivos de las entidades públicas para, a través de un plan de ajuste, cumplir con el objetivo del déficit. Basta un ejemplo para visualizar la desproporción imperante entonces: si el presidente de la Junta entonces, José Antonio Griñán, cobraba 63.808 euros, el director general de Canal Sur, Pablo Carrasco, cobraba 124.000 euros.

Al margen de los sueldos de la alta dirección y los despidos que han precarizado la atención sanitaria durante el último lustro, los auditores censuran la política de contratación llevada a cabo por la Junta. “El fenómeno del encadenamiento de contratos (…) afecta a 1.149 personas, con una media de seis contratos por año en el SAS y a 743 personas, con una media de ocho contratos, en las agencias públicas (…) La cobertura de necesidades permanentes mediante contratos laborales temporales podría poner de manifiesto un fraude de ley”. Además, la Cámara de Cuentas subraya cómo este encadenamiento de contratos podría llevar a la justicia a dictaminar su condición de indefinidos.

Por último, este duro informe llama la atención sobre el escaso control que impera en el área de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, que este año dispone de un presupuesto de 9.237 millones. “Las situaciones administrativas, la contratación temporal, las retribuciones de personal directivo o las cuotas de Seguridad Social” deben ser fiscalizados con mayor diligencia por los órganos de control interno de la Consejería de Salud andaluza, según la Cámara de Cuentas.

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