El PSOE dice que vio en 2016 papeles ahora perdidos del ‘caso Púnica’

Parte de la documentación sobre el Campus de la Justicia de Madrid que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dentro del caso Púnica y que la Comunidad de Madrid ha dado por desaparecida estuvo supuestamente a disposición de los diputados de la Asamblea de Madrid a comienzos de 2016, según denuncia el PSOE.

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La diputada regional socialista Mercedes Gallizo detalló ayer a EL PAÍS que el expediente de una de estas adjudicaciones bajo sospecha —la realización en 2005 de un vídeo sobre el proyecto— estaba en uno de los más de 400 archivadores que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes puso en enero del año pasado a disposición de los parlamentarios de la Comisión sobre el Endeudamiento que investigaba las supuestas irregularidades del proyecto de reunir en un solo espacio las sedes judiciales de la capital y que ha dejado un agujero de 105 millones de euros.

Por ello, el PSOE tiene previsto registrar hoy una petición de comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. Junto al mismo, presentará un escrito en el que detalla que, según el listado que la Comunidad de Madrid puso en su día a disposición de los diputados, en la carpeta número 3 del archivador 87 figuraba el “expediente de contratación” para el “rodaje de imágenes para el audiovisual Campus de la Justicia”. El índice especificaba que se incluía las “proposiciones económicas de distintas empresas”.

Sin embargo, nada de esa documentación ha sido ahora incorporada al sumario del caso Púnica pese a que en marzo el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, reclamó a la Comunidad de Madrid todos los contratos firmados por la sociedad pública que gestionaba el Campus de la Justicia con cuatro sociedades del empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

Una de estas mercantiles, Traci Comunicación SL, es la que finalmente hizo ese audiovisual por 116.145 euros, según recoge una factura que sí ha sido localizada por el Ejecutivo regional y remitida a la Audiencia Nacional. Según adelantó EL PAÍS, el gobierno de Cifuentes reconoció en marzo a la Audiencia Nacional que solo había sido capaz de encontrar “diversas facturas” y “determinados asientos contables” de los pagos a dichas empresas, pero ningún contrato.