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Récord de demanda de asilo con un sistema colapsado

Las solicitudes son ya 14.000, casi como todo el año pasado, pero hay 21.000 expedientes atrasados y se concede prácticamente solo a sirios

Wasim, refugiado sirio, en la plaza de Colón, en Madrid.

España se dirige hacia su récord de solicitudes de asilo, de personas que huyen perseguidas por sus ideas, religión, raza, nacionalidad o grupo social, pero sigue teniendo un sistema de gestión insuficiente y refractario. Según datos oficiales, a 30 de junio de 2017 el número de peticiones asciende a 14.080 y a este ritmo se doblará a final de año. Ya se acerca a la de todo el año pasado, cuando se registraron 15.755 peticiones, y del anterior, con 14.881. Y hay que sumar los 21.000 expedientes atrasados, según Eurostat.

En el aeropuerto de Barajas hay grandes colas para pedir asilo desde hace tres meses en la Policía Nacional. Pasan hasta diez días esperando si se admite a trámite en una sala para 60 personas, deficiente e insuficiente, según las ONG. “Si esto sigue así tendrán que ampliarla”, dice Cruz Roja. La desorganización y el desinterés político producen graves paradojas. Mientras se niega el asilo con un criterio muy estrecho, Barajas a veces es un colador. La Oficina de Asilo, que centraliza los expedientes y debe dar la respuesta, está saturada y este año han entrado más de 200 personas por silencio administrativo, según fuentes de Interior, porque el plazo de 48 horas para responder a sus recursos coincidía con el fin de semana y la Oficina de Asilo está cerrada. No ha organizado un calendario de guardias. El malestar en la Policía Nacional es patente. Hace dos semanas los agentes se hartaron y comenzaron a dar salida a los formularios de inmediato. Así han entrado unas 150 personas más.

La respuesta a la petición de asilo tarda dos años o más. Y casi siempre es un portazo: el año pasado solo se concedió a un 3,4% de quienes lo deseaban —frente al 41% de Alemania o el 21% de Francia—, aunque la cifra sube al 67% si se añade la protección subsidiaria, modalidad de segunda categoría que otorga menos derechos. Pero el dato decisivo, apunta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es que prácticamente solo se da asilo o protección a sirios. El 93% de los beneficiados en 2016 eran de este país.

Cindy, refugiada colombiana, asistida por CEAR, en la madrileña plaza de Colón. ampliar foto
Cindy, refugiada colombiana, asistida por CEAR, en la madrileña plaza de Colón.

Wasim, un refugiado sirio que llegó en 2014 esperó dos años y cuatro meses: "Mi experiencia ha sido muy mala. A los sirios les gusta España y su gente, pero se acaban yendo a Alemania, a Francia, que les gustan menos, pero les ayudan más". "El Gobierno debería pensar qué falla. El sistema no funciona y no da abasto. Y no se arregla poniendo más plazas, hay que trabajar por su integración", apunta María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, alto comisionado de la ONU para los refugiados. Amnistía Internacional juzga el sistema “discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz”. Cruz Roja, que gestiona 1.800 plazas de un total de 5.200, cree que la acogida es "bastante buena". "No se queda nadie en la calle", aclara. A final de año habrá 8.000 plazas.

Una ley sin desarrollar

Portavoces de Interior alegan que las solicitudes de asilo "son procedimientos complejos" y niegan que haya "criterios restrictivos en las nacionalidades". Señalan que el año pasado concedió protección a solicitantes de 45 nacionalidades. "Que los sirios reciban mayor protección no es una realidad exclusiva española, sino del conjunto de la UE", explican.

Un embudo que pasa por el filtro de un solo despacho

El sistema de asilo en España es un embudo en el que, aunque parezca increíble, el destino de miles de personas que huyen de persecuciones pasaría por la mesa de una sola persona: la subdirectora de la Oficina de Asilo y Refugio, nombrada en 2015, cuyo criterio "es restrictivo a ultranza, deniega peticiones por sistema y acaba por decidir casi personalmente sobre cada caso". Esta es al menos la sorprendente denuncia que llega desde ONGs, instituciones implicadas y también de sus propios subordinados, una oficina de 150 empleados en la que reina el malestar. Al menos cinco funcionarios se han ido, descontentos con esta línea de trabajo e incluso por motivos de conciencia. "Hay casos que se te parte el alma, flagrantes, y no les conceden asilo. Te llega a afectar personalmente, vuelves a casa amargado", confiesa uno de ellos, que prefiere no dar su nombre.

La subdirección de la Oficina de Asilo, que no es un puesto político, ocupa un lugar clave en la cadena de decisiones, porque es quien eleva la lista de expedientes seleccionados a cada reunión de la comisión interministerial, donde se aceptan o rechazan las solicitudes. Pero allí la lista llega ya purgada. "Se reúne consigo misma y empieza a tachar, aunque los instructores del expediente hayan dado el visto bueno", afirma un letrado que trabaja con refugiados. Y según la ley, ante la duda, debe optarse por la decisión favorable al solicitante.

Esta situación se ha convertido en fuente de críticas en el sector. Contactada por EL PAÍS, esta funcionaria no querido replicar a las acusaciones. Se ha remitido a portavoces de Interior, que han explicado por escrito que "la subdirectora de Asilo, como cualquier responsable de una unidad de gestión, debe supervisar, y así lo hace de hecho, el trabajo de la oficina, incluyendo la documentación y expedientes (...) Con independencia de las nacionalidades y perfiles, se aplican en todo momento criterios de índole técnica, que en ningún caso responden a una consigna, fuera esta restrictiva o no, y por supuesto, en ningún caso corresponden a criterios opacos". También precisan que realiza la supervisión "en colaboración con su equipo". "Es un procedimiento técnicamente complejo, no se circunscribe de ningún modo a criterios personales". La oficina, concluyen, trabaja con "las mismas garantías para para todos los solicitantes de asilo".

El plan de 2015 para acoger 17.337 refugiados sirios antes del 26 de septiembre de 2017 es el último fracaso: quedan dos meses y han llegado 1.487. Fue en 2015, a raíz de la crisis siria, cuando la Oficina de Asilo triplicó su personal, de 50 a 150 funcionarios. Pero son insuficientes.

Las ONG opinan que falta una política de asilo y la gestión está marcada por el miedo al efecto llamada. La ley de asilo es de 2009 pero no se ha desarrollado con un reglamento. El Defensor del Pueblo ha pedido subsanar un punto sangrante: la ley, de un Gobierno del PSOE, suprimió la posibilidad de pedir asilo en embajadas. Hay que llegar a España para hacerlo. Luego los esfuerzos se concentran en que no lleguen. En 2011, en cuanto los primeros sirios aterrizaron en Barajas, se les impuso el visado. Otra vez fueron los socialistas.

"Conciben la política de asilo como contención, no como protección”, sostiene Paloma Favieres, abogada de CEAR. Otra de las técnicas es aparcar un par de años las solicitudes de países en crisis para esperar si se resuelven. La guerra de Siria estalló en 2011, pero hasta 2014 no comenzaron a resolver expedientes. Luego ha ocurrido con Ucrania (5.555 casos pendientes) y Mali (1.025 solicitudes rechazadas el año pasado, ninguna aceptada). "No hay estudios individuales, se decide en bloque, por nacionalidades", denuncia Verónica Barroso, de Amnistía Internacional. A quien huye de las maras, las bandas criminales de Honduras (512 peticiones este año, más 535 pendientes atrasadas) y El Salvador (632 este año, más 555 pendientes), se les niega prácticamente siempre el visado. En los expedientes de estos países suele haber casos de transexuales que constituyen algunos de los relatos más tremendos, pero se deniegan. Las ONG admiten que se ha avanzado mucho en la atención a la discriminación por orientación sexual, pero sigue habiendo lagunas. Por ejemplo, los homosexuales marroquíes y argelinos a veces se tiran más de un año en el centro de estancia temporal de Melilla. "Hay una doble discriminación hacia los refugiados del colectivo LGTBI", denuncia Cindy, solicitante de asilo de Colombia (120 peticiones tramitadas el año pasado, todas denegadas). Llegó con su esposa hace ocho meses huyendo de amenazas de muerte y ante el auge de grupos armados homófobos.

Todo esto cuando, según una encuesta de Metroscopia del pasado enero, el 80% de los españoles está a favor de que su ciudad acoja refugiados.