Hacienda decidió el control semanal tras detectar un desvío de 6.150 euros para el referéndum
El Ministerio no recibe en el plazo de 48 horas las explicaciones que reclamó por carta a la interventora de la Generalitat sobre esas partidas
El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro detectó a finales de junio un desvío de 6.150 euros para el montaje del referéndum ilegal del 1 de octubre dentro del programa que la Generalitat de Cataluña tenía ya registrado, y estaba controlado por Hacienda, por valor de 19.370 euros en su presupuestos de 2017 en teoría para la "organización, gestión y seguimientos de procesos electorales". Esa partida de 6.150 euros desató las alarmas en Hacienda y fue el detonante que decidió al Gobierno de Mariano Rajoy a reforzar desde este viernes el seguimiento semanal de los gastos en todas las consejerías y entes públicos del Ejecutivo catalán.
Ante la crítica situación política en Cataluña y la desconfianza desbocada especialmente tras la radicalización observada en el Gobierno catalán tras su última remodelación, el Ministerio de Hacienda de Montoro optó por enviar el pasado martes un carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en la que le insta a detallar a qué se refieren esos gastos en el plazo de 48 horas para que en el caso que estén vinculados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre poder actuar en consecuencia. La carta la firma el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.
A pesar de que Hacienda concedió 48 horas a la interventora para que remitiera la información, este viernes aún no había recibido ninguna respuesta. Esa fue la razón por la que el Gobierno de Rajoy decidió, tras estudiar la situación este viernes en la comisión delegada de asuntos económicos, endurecer el procedimiento de control obligando a la interventora general, a todos los interventores de las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro, a informar sobre todos sus gastos con carácter semanal. En caso de no cumplir con esta norma, los afectados se verían expuestos a las responsabilidades penales que establece la ley y a sanciones con carácter individual.
El Gobierno aprobó a finales de 2015 un procedimiento de control financiero para evitar que Cataluña destinara parte del dinero que recibía a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) —los créditos con bajos intereses que concede el Estado a las comunidades— destinado a pagar las facturas de la sanidad y la educación catalana a "veleidades independentistas", como calificó en su momento el ministro Cristóbal Montoro las intenciones secesionistas de Cataluña. Este procedimiento de control obligaba al interventor de Cataluña a remitir a Hacienda un informe mensual sobre todos los gastos que realizaba la Generalitat. De esta forma, se podrían garantizar, por un lado, que se pagaban las facturas de los servicios esenciales y, por otro, que no se destinaba dinero público a organizar el referendum.
En el último informe mensual que recibió de Cataluña, de fecha 13 de julio, Hacienda detectó "que se habían reconocido obligaciones en el programa de gastos denominado organización, gestión y seguimiento de procesos electorales por importe de 19.370 euros". El Ministerio encontró que se habían registrado autorizaciones y disposiciones de otros gastos por 25.520 euros, unos 6.150 euros más que lo detallado el mes anterior.
Por ese motivo, Hacienda decide enviar una carta a la interventora general de la Generalitat. En la misiva recuerda que el procedimiento de control reforzado que incluye las normas del FLA "prevé la remisión adicional de determinada información, entre la que se encuentra el seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución de gasto público de la comunidad y sus entes dependientes que el Ministerio de Hacienda determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial".
En la carta, Hacienda reclama a la interventora de la Generalitat que le envíe un informe específico pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por dicha intervención general en relación a los gastos para la organización, gestión y seguimiento de procesos electorales, así como sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que declara ilegales los gastos destinados a celebrar un referéndum unilateral en Cataluña. Hacienda también requiere los expedientes completos de estos gastos para celebrar procesos electorales: "Se remitirán igualmente, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a función interventora, cualquier expediente en el que se practique la anotación contable" de estos gastos calificados como ilegales por el Tribunal Constitucional.
