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El Gobierno recurre la semana de 35 horas para los funcionarios andaluces

Méndez cree que la medida es discriminatoria y la Junta califica la decisión de agresión

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes.
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes. EL PAÍS

El Consejo de Ministros ha confirmado este viernes los temores de la Junta de Andalucía al anunciar la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra las medidas que posibilitaban la aplicación, de forma unilateral, de la semana laboral de 35 horas para sus empleados públicos. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha justificado la medida en que los funcionarios lo son del Estado y "no pueden estar sometidos a un determinado régimen dependiendo de la comunidad en que trabajen". "Todos los funcionarios tienen que cumplir con las 37,5 horas", ha defendido. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha calificado la decisión de "agresión" y "agravio añadido" a Andalucía. También ha pedido al Gobierno que no solicite la suspensión cautelar de la medida para poder mantenerla mientras se dirime en los tribunales.

Un total de 270.000 trabajadores públicos de la Junta de Andalucía recuperaron en enero la semana laboral de 35 horas establecida en 1999 y suspendida cinco años atrás por decisión del Gobierno central alegando razones de estabilidad presupuestaria. La reducción de la jornada en dos horas y media cada semana, pactada con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF y aprobada por PSOE, IU y Podemos (PP y Ciudadanos se abstuvieron) en el Parlamento, había abierto un nuevo frente con el Ejecutivo de Rajoy de quien la Junta de Andalucía esperaba un recurso como el planteado en el País Vasco, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid.

El Gobierno andaluz argumenta que la jornada de 35 horas crea unos 12.000 puestos de trabajo para mantener el nivel de servicios, facilita la conciliación familiar de los trabajadores públicos y restablece un derecho conquistado hace 18 años por los empleados de la Administración.

Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy defiende que la medida andaluza contraviene su competencia para regular la jornada del personal de la Administración, establecida en 37,5 horas semanales. Además, consideran que la modificación de los horarios no se puede hacer por decreto, al no ser una necesidad extraordinaria y urgente. El recurso cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado y, aunque se produce al no haberse alcanzado un acuerdo entre las administraciones, el portavoz aseguró que siguen "abiertos al diálogo".

La decisión del Gobierno se acompaña de un segundo recurso contra la modificación presupuestaria de Andalucía para dar cabida a la contratación de personal temporal e interino para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

La Consejería de Hacienda discrepa y defiende su competencia para establecer la reducción de jornada dentro del marco económico establecido por el Gobierno central. El Ejecutivo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, confía en que no prosperen los recursos y que Rajoy no solicite mientras se tramitan la suspensión cautelar de la jornada reducida. Si esto sucede, los funcionarios volverán a la jornada de 37,5 horas, pero sin recuperar las horas.

La consejera de Hacienda ha convocado de urgencia a los sindicatos para abordar el recurso. "Era una oportunidad para crear puestos de trabajo en una comunidad castigada por el paro y que no ha contado con un plan de empleo del Gobierno. Acomete un atropello en Andalucía y en el sector público, en particular, que ha sido ejemplar, que ha llevado a pulmón el mantenimiento de los servicios públicos", ha advertido Montero.

Reacciones de partidos y sindicatos

Los sindicatos y los partidos que votaron a favor de la medida se han unido a la protesta del Gobierno andaluz, cuya máxima responsable ha calificado los recursos de "hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo".

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha lamentado la decisión.  "Va en contra de los empleados públicos, que volvemos a ser los que pagamos la crisis y no solo afectará a miles de empleados públicos andaluces que tendrán que volver a trabajar 37,5 horas, sino que, además, supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo creados".

El presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, ha lamentado "la falta de sensibilidad del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía y hacia los empleados públicos andaluces" y se ha mostrado a favor de convocar movilizaciones.

El PSOE ha calificado la decisión de "ataque frontal contra el buen funcionamiento de la sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia y los servicios sociales" y ha exigido al PP andaluz que se plante ante Mariano Rajoy para reclamarle que frene este nuevo "agravio" a Andalucía.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha reprochado a Susana Díaz que "se dedique a pelearse con todos", ahora "también con el Tribunal Constitucional por las 35 horas", y le ha advertido de que "no todo vale", pidiéndole que centren "en gestionar" y "no busque artimañas para ocultar su incapacidad, enfrentando a ciudadanos y territorios".

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que el Gobierno central "demuestra que no tiene ninguna voluntad de cambio ni de restituir los derechos de los trabajadores que han sido laminados durante la crisis".

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