Los 53 puntos de la costa española más golosos para el ladrillo
Greenpeace pide aumentar las figuras de protección para salvar los tramos de litoral no construidos
¿Se encamina España hacia una “segunda edad de oro del ladrillo”? Greenpeace ha puesto en marcha la campaña Protección a toda costa para evidenciar la ocupación urbanística del litoral español, señalar los puntos más “codiciados” y golosos para los promotores y pedir que aumenten las figuras de protección en las zonas aún vírgenes de viviendas y de mayor riesgo. El estudio de la ONG señala las 53 áreas repartidas por los 7.880 kilómetros bañados por el mar en todo país, incluidas las islas, más apetecibles para un hipotético desarrollo inmobiliario. No se salva ninguna provincia, aunque la incidencia es mayor en el sur y en el levante español.
Se cumple un patrón generalizado, según el documento presentado este lunes en Málaga, a bordo del barco Esperanza. Son tramos de litoral que limitan con espacios protegidos, con buenas comunicaciones y de fácil acceso, y sin defensa medioambiental o con una figura muy débil. “Hay que observar con lupa y tratarlos con mimo”, ha advertido Pilar Marcos, responsable de la campaña. Una de las peticiones de Greenpeace es que las superficies acogidas por la Red Natura 2000, de desarrollo diferente según la comunidad autónoma, alcance un nivel de tutela similar al de los espacios protegidos.
Empezando por el sur, en esta situación de riesgo se encontrarían las zonas de Isla Canela-Isla del Moral e Isla Cristina-Islantilla, en Huelva. Cádiz, junto a Málaga, son las dos provincias españolas con más destrucción de la primera línea de costa, según el informe, que identifica cinco posibles sectores en rojo distribuidos por ambos territorios, especialmente en el primero: Chipiona-Sanlúcar; Barbate-Zahara de los Atunes; Caños de Meca-Conil; Torreguadiaro; y Torre del Mar, en el término municipal de Vélez-Málaga, muy cerca de los acantilados de Maro.
Además de Motril, en Granada, en la provincia de Almería se indican el oeste de Almerimar y el área de Roquetas de Mar-Aguadulce. Subiendo por el levante, las zonas con una presión urbanizadora más elevada serían, por ejemplo, San Juan de los Terreros y Águilas, en Murcia; Vila Joiosa, en Alicante; el entorno de Gandía, en Valencia; Peñíscola, en Castellón; y los entornos del Delta del Ebro y del Cabo de Creus, el punto más oriental de la península.
En Baleares, algunos de los puntos señalados por la ONG son la isla de Formentera, para la que se reclama la protección del interior, y el sudoeste de Ibiza. El litoral canario, en opinión de Greenpeace, tiene ahora mismo siete puntos calientes (el tramo oriental de Fuerteventura y el norte de Gran Canaria, por ejemplo), y en todo el entorno de las rías gallegas se apunta a las zonas de Boiro, el fondo de la Ría de Vigo, Finisterre y el río Xallas y el área de Louro.
“Es necesario ver cómo se pueden conservar estas zonas en el futuro”, ha apuntado Fernando Prieto, autor del informe que ha analizado la ocupación de la costa en 24 años, entre 1987 y 2011. En esta primera fase de estudio, se han investigado 21.000 parcelas de todo el territorio nacional. Uno de los apuntes para alertar sobre una posible nueva burbuja inmobiliaria en el país es que el mercado de la vivienda creció en España en 2016 a un ritmo similar al de hace una década, antes de la crisis.
Málaga y Cádiz son las dos provincias con mayor ocupación de su dominio público marítimo terrestre (DMPT), con un 74,9% y un 69,1%, respectivamente. El incremento más elevado de esta superficie en los años analizados se ha producido en Castellón, con una subida del 112,9%. En toda España, la construcción alcanza al 31,8% del dominio público. En cuanto a los 10 kilómetros de franja más inmediatos al mar, el ranking lo encabeza la provincia de Barcelona, con un 31,7% de su territorio invadido por construcciones, seguida por Alicante (21,9%), Málaga (20,5%), Cádiz (14,5%) y Pontevedra (13,1%).
Huelva es la demarcación española con más espacio de litoral protegido (61,5%) y a continuación se sitúan Tenerife (59,7%), Las Palmas (51,6%), Baleares (48,8%) y Gerona (42,7%), según el estudio de Greenpeace.
