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Pedro Antonio Sánchez, a un paso del banquillo por prevaricación y fraude

El juez considera que el expresidente de Murcia podría estar implicado en el 'Caso Auditorio'

El expresidente de Murcia en una foto de archivo del pasado marzo.Foto: atlas | Vídeo: FOTO FP | VÍDEO ATLAS
Virginia Vadillo

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha situado este viernes al expresidente de la comunidad autónoma Pedro Antonio Sánchez a un paso de sentarse en el banquillo por su posible implicación en el denominado caso Auditorio. El instructor del caso, Julián Pérez-Templado, ha emitido un auto en el que da por terminada la fase de su investigación y ordena la continuación del proceso “por los trámites del procedimiento abreviado”. El expresidente está acusado de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas y prevaricación o fraude de fondos públicos.

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El magistrado ha tomado esa decisión cuatro meses después de que Sánchez declarase como investigado en este caso, el pasado 6 de marzo (anteriormente estaba imputado). La investigación trata de determinar si el expresidente autonómico, y todavía diputado y presidente del PP murciano, cometió irregularidades durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011, cuando era alcalde de esa localidad.

Según el auto notificado hoy, el juez ve indicios de delito en tres actuaciones concretas. La primera de ellas, la “contratación irregular del arquitecto” Martín Lejárraga “podría constituir un delito de prevaricación continuada” por parte del expresidente.

El magistrado también considera punibles la obtención de una subvención para llevar a cabo la obra “de manera falsaria y sin cumplir la finalidad” para la que fue otorgada y los cambios del contrato originario acordados por el expresidente, el arquitecto y el constructor, Vicente Gimeno, “para salvar sus responsabilidades”. De esa manera, Pérez-Templado ordena también continuar el proceso contra el arquitecto y el constructor como “cooperadores necesarios” en el delito de prevaricación o fraude contra fondos públicos, mientras que decreta el sobreseimiento provisional para el resto de los investigados en este procedimiento, que son en torno a una veintena.

En el auto, Pérez-Templado hace también un detallado análisis de una sentencia de 2012 de lo contencioso administrativo, que el expresidente empleó como argumento durante su declaración para explicar que los hechos ya habían sido juzgados y que estaba exento de responsabilidad. Sin embargo, el magistrado advierte de que la sentencia prueba precisamente que hubo dos proyectos distintos para la construcción del auditorio. Uno de ellos era para “adquirir la subvención” mientras que el segundo, “completamente distinto”, fue “el verdadero” y el que salió a concurso y se adjudicó a Lejárraga. “Esta diferencia de proyectos que, como estamos viendo, en la vía administrativa no tiene tanta importancia, presenta un enorme calado en los aspectos penales”, advierte el juez, que insiste en que esa sentencia “se refiere de manera muy aguda a las posibles irregularidades previas que se pudieran haber cometido”.

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Una vez que esta resolución sea firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, así como diligencias complementarias.

Pedro Antonio Sánchez se encuentra también procesado actualmente en el marco de la Operación Púnica por los posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. El juez del TSJ que lleva ese caso, Enrique Quiñoneros, dio por concluidas las diligencias previas y abrió fase de procesamiento el pasado 6 de junio, solo un par de horas después de escuchar la declaración del expresidente en relación con ese caso.

En concreto, se investiga si cometió irregularidades en 2014, cuando era consejero de Cultura, al planificar la contratación de trabajos de mejora de la reputación en internet con empresas de la trama, que pretendía cargar a los presupuestos de la Consejería, aunque los contratos no llegaron a formalizarse porque la operación policial estalló unas semanas antes.

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Sobre la firma

Virginia Vadillo
Es la corresponsal de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la actualidad política, social y medioambiental desde 2017. También trabaja con la Agencia EFE en esa comunidad autónoma. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencias por la Universidad Rey Juan Carlos.

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