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Dos policías cierran la comisión de investigación sobre Interior

PP, PSOE y Ciudadanos se opondrán a nuevas comparecencias para elaborar las conclusiones antes de final de julio para que se voten en septiembre

La comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior, la primera creada desde 2004, se cerrará este miércoles con la comparecencia de dos policías. Salvo nuevo cambio de posiciones, la previsión es que PSOE, PP y Ciudadanos unan sus votos para bloquear las peticiones de nuevas comparecencias que formulen el resto de grupos. El siguiente paso será antes del 31 de julio la elaboración de las conclusiones, para que se voten en el pleno ya en el mes de septiembre.

La comisión que investiga el presunto uso partidista de las fuerzas de seguridad del Estado, para combatir rivales políticos, especialmente en Cataluña, y la llamada "policía política" o "policía patriótica" se cerrará este miércoles con cinco comparecencias: Jorge Fernández Díaz (exministro del Interior), Daniel de Alfonso (exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña), Ignacio Cosidó (exdirector general de la policía) y los policías José Ángel Fuentes Gago y Eugenio Pino.

Unidos Podemos, ERC y PDeCAT insisten en que las comparecencias aprobadas no son suficientes y pretenden que sean citados también el excomisario José Villarejo y exresponsables de Interior como Alfredo Pérez Rubalcaba, pero PSOE, PP y Ciudadanos tienen previsto bloquearlas.

Inicialmente, el PSOE se opuso a que acudieran policías y quiso cerrar la comisión sólo con la declaración de los responsables políticos de Interior, Tras las primarias que ganó Pedro Sánchez, los socialistas modificaron ligeramente su posición y admitieron dos comparecencias de policías. El portavoz socialista en la anterior etapa, Antonio Trevín, ya no estará este miércoles, al haber sido sustituido por la dirección de su grupo.

De la negación de hechos a la responsabilidad

El PP sostiene que no hay responsabilidad política alguna en hechos que, además, ocurrieron hace dos legislaturas y, por tanto, no están sometidas a control del Parlamento.

El PSOE ya propuso la reprobación en comisión de Jorge Fernández por las grabaciones en las que trataba en su despacho de atacar a rivales políticos.

Y el resto de partidos, salvo Ciudadanos, mantienen que, aunque las comparecencias han sido insuficientes, han servido para demostrar que desde Interior se atacaba a rivales.

Los partidos deben pactar unas conclusiones, con el reto de que el proceso puede servir como ejemplo futuro para las otras dos comisiones de investigación en marcha: la de financiación ilegal del PP y la de la crisis bancaria.

El primero citado para este miércoles es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, actualmente destinado en la embajada de España en La Haya como agregado de Interior y que en la etapa de Jorge Fernández Díaz fue el jefe de gabinete del segundo compareciente, el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Fuentes Gago fue señalado por el que fuera jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, como la persona que facilitó su encuentro con Fernández Díaz en la sede de Interior que fue grabado y, posteriormente, difundido a los medios.

La documentación remitida por la Dirección General de la Policía a la comisión de investigación ha revelado que mientras estuvo a las órdenes de directa del comisario Pino y supuestamente se desarrollaba la llamada Operación Cataluña, este inspector jefe se desplazó 19 veces a Barcelona. También ha sacado a la luz que en ese mismo periodo figuró durante 10 meses adscrito a la unidad de seguridad de la Casa Real, sin conocimiento de la propia Zarzuela. En esta etapa, elaboró sendos informes en los que concluía que ni las actividades empresariales del comisario José Villarejo ni su decisión de éste de grabar una conversación con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre su ático eran incompatibles con su actividad policial y descartaba que se le abriera un expediente disciplinario. Fuentes Gago recibió en 2014 una medalla roja, pensionada con un 10% de su salario base de manera vitalicia.

Tras él le tocará el turno de comparecer ante la comisión al que fuera su jefe, el comisario Pino, señalado como el presuntos muñidor de la bautizada como brigada patriótica. Jubilado desde hace un año, el que fuera durante la etapa de Fernández Díaz el máximo jefe policial, recibió cuando se retiró una cruz de plata, recompensada con un incremento salarial del 15%, que fue justificada por su "meritoria trayectoria profesional". Una reconocimiento que el juez José de la Mata, instructor del caso Pujol, puso en duda en un auto judicial tras oír su testimonio sobre la sorpresiva aparición de un 'pendrive' con datos sobre las finanzas de la familia del expresidente de la Generalitat. Pino fue imputado por estos hechos por un juez de Plaza de Castilla a comienzos de junio por posibles de delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio

Sin embargo, la polémica sobre su actuación no se limita a éste hecho. El fue el creador de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), disuelta hace unos meses por Juan Ignacio Zoido, que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, entre otros. El pasado mes de marzo, Pino negaba a EL PAÍS cualquier irregularidad en su actuación y la existencia de ninguna Operación Cataluña. "Cuando encontréis la brigada política me lo decís, que yo también quiero saber cómo es", aseguraba mientras insistía en defender la creación de la BARC. Pino se consideraba entonces cabeza de turco. "Que busquen y comparen, y si hemos hecho algo mal, que se depuren responsabilidades", dijo.