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El nuevo borrador mantiene al poder judicial catalán bajo el control de los políticos

El texto conserva la amnistía para los condenados por la causa secesionista

Acto previo al juicio contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el 9N. Vídeo: Zoido opina sobre el proceso de ruptura de Cataluña.

Los cambios en la ley que la Generalitat prepara para romper con España no han alcanzado ninguno de los principales aspectos referentes al sistema judicial de manera que, de aplicarse, permitirían al Govern tener bajo su control la elección de los jueces y arrebatar al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramitan en la actualidad. Los redactores de la ley dan por hecho que el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña.

Como ya se observaba en el primer borrador de la ley de transitoriedad, las fuerzas políticas independentistas siguen muy preocupadas por ejercer un férreo control del poder judicial. Las promesas de esos partidos para “despolitizar la justicia” y para acabar con los actuales “vicios” del sistema quedan en nada.

El presidente catalán se reserva la facultad para nombrar el fiscal general de Cataluña (una potestad que también tiene en España el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán. Esta última institución será la heredera del actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el presidente de la Generalitat nombrará a su máximo responsable a propuesta de un nuevo organismo, también muy politizado. La propuesta partiría de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo catalán, por el ministro de Justicia de una Cataluña independiente (sería el vicepresidente de la comisión), por cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se garantizarían designar quién está al frente de la cúpula judicial catalana.

El mismo control político alcanzará también al nombramiento de jueces del Supremo de la nueva república, de manera que este queda en manos de una sala de gobierno integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil, administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por mayoría absoluta. El control del Parlament que en estos momentos tienen los independentistas les ayudaría a controlar esta operación.

En los últimos meses, numerosos juristas han advertido en Cataluña sobre la flagrante ilegalidad del referéndum unilateral y han aumentado los temores de parte de la judicatura sobre el futuro que les espera ante una eventual independencia. Algunos de estos juristas han nutrido los manifiestos que han circulado alertando de que la secesión unilateral no tiene cabida en la Unión Europea. Precisamente por esto, las fuerzas independentistas han decidido que hay que atar en corto a estos profesionales.

Inmunidad penal

Anulación de los procesos contra políticos independentistas. Todo el entramado legal que prepara la Generalitat garantiza a sus impulsores una suerte de inmunidad judicial en asuntos referidos al proceso independentista

El artículo 61 de la ley prevé que los juzgados “sobresean o anulen” los procesos penales “contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”. Esta anulación afectaría, de entrada, a los cuatro condenados hasta la fecha: El expresidente Artur Mas, las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega y el exdiputado Francesc Homs.

La fiscalía tampoco escapa de los mecanismos de control. El segundo borrador ratifica lo que ya aparecía en el primero: que el presidente de la Generalitat designará al fiscal general después de escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia catalán la elección del resto de fiscales. Mientras no se apruebe una legislación propia en esta materia se sigue aplicando en Cataluña la legislación sobre el Ministerio Fiscal existente. El nuevo borrador tampoco corrige las injerencias políticas en la creación de una sala constitucional que revisaría recursos de amparo y resoluciones contrarias a la ley fundacional. Esta sala estaría formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados elegidos por el Parlamento catalán.

El proyecto legal sigue subrayando que los juzgados catalanes asumirán todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitiría extinguir de cualquier responsabilidad penal a todos los altos cargos catalanes que ahora están bajo sospecha.

Entre los escasos cambios que se aprecian entre los dos primeros borradores que han trascendido de la ley de transitoriedad está el que vela por la lengua de los procesos judiciales. En el segundo borrador ha desaparecido toda referencia a esta cuestión que, tradicionalmente, ha sido especialmente espinosa debido a que el castellano es hoy en día la lengua habitual en los procesos judiciales que se siguen en Cataluña. El texto reafirma que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que ocupan plaza en los órganos judiciales en el momento de la independencia continuarán en sus plazas —“manteniendo sus derechos económicos y profesionales”— salvo que renuncien a la integración.

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