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Los partidos renuncian a aplicar su pacto de RTVE a las televisiones autonómicas

El acuerdo nacional garantiza el consenso entre formaciones en la elección de la dirección

La sede central de RTVE, en una imagen de archivo. Ampliar foto
La sede central de RTVE, en una imagen de archivo.

Los cuatro principales partidos han renunciado a aplicar en las trece televisiones autonómicas el modelo de elección del presidente de RTVE acordado por unanimidad en el Congreso. Las formaciones subrayan la necesidad de adoptar soluciones a la medida de cada Comunidad Autónoma y no apuestan por generalizar el pacto nacional, que garantiza que la elección de este directivo sea fruto del consenso. En consecuencia, no impulsarán la aplicación de la medida de desbloqueo que diferencia ese acuerdo de los reglamentos autonómicos: que la mayoría absoluta con la que se puede decantar el nombramiento de la dirección esté compuesta por al menos la mitad de los grupos de la Cámara, lo que evita que el Gobierno de turno decida unilateralmente, como ocurría hasta ahora. 

Al igual que en el pacto de RTVE, la mayoría de reglamentos de las televisiones autonómicas prevén que el director o presidente de la corporación sea elegido por dos tercios del parlamento regional. Si no se alcanza esa mayoría, en siete Autonomías se puede decidir por mayoría absoluta quién ocupa ese puesto clave. Sin embargo, ninguno de esos reglamentos impide que un solo partido pueda decantar la votación, porque ninguno exige que deban participar varios grupos, como sí hace ahora el de RTVE.

Tampoco es mayoritario el uso del sistema de concurso público para la designación de esos cargos que se ha previsto ahora para esta corporación, con la meta de despolitizarla. Y las principales formaciones no tienen previsto actuar para que eso cambie.  

Los distintos modelos

RTVE. El presidente y los miembros del Consejo de Administración de RTVE serán elegidos por mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado. Si no se alcanzan esos dos tercios, la elección se hará por mayoría absoluta, pero siempre que tenga aval de la mitad de los grupos parlamentarios. Este último matiz es clave, porque obliga al consenso e introduce un elemento diferenciador con respecto a muchas reglamentaciones autonómicas.

País Vasco. Elige al director de su corporación por mayoría absoluta y sin exigir un número mínimo de partidos que apoyen el nombramiento.

Cataluña, Murcia, Aragón, Asturias e Islas Baleares. Todas estas Autonomías apuestan por mayorías reforzadas de dos tercios o tres quintos, pero también se guardan la posibilidad de superar cualquier bloqueo por falta de acuerdo reduciendo el listón a la mayoría absoluta. En ese caso, ninguna introduce el matiz de que esa mayoría absoluta tenga que unir a varios grupos. 

Comunidad Valenciana. Si no se logran las mayorías de dos tercios o tres quintos, también se recurre a la mayoría absoluta. Sin embargo, en ese caso el nombramiento del presidente es provisional (seis meses).

Andalucía. La ley exige una mayoría cualificada de dos tercios en primera votación o de tres quintos en segunda instancia.

Madrid. Mayoría de dos tercios. Si no se alcanza, se propone nuevo candidato.

Canarias. El Parlamento debe lograr una mayoría de dos tercios. Si no se consigue, esta se rebaja a tres quintos de la Cámara. Si en ese caso tampoco se suman los votos necesarios, se buscan nuevos candidatos.

Galicia. Mayoría de dos tercios. En el caso de no conseguirse, vale mayoría de tres quintos.

Extremadura. Mayoría de las tres quintas partes de la Cámara.

Castilla-La Mancha. El Director General es nombrado por el Consejo de Gobierno

"Cada Comunidad es un mundo", resume Ramón Moreno, del PP. "Ahí hay otras variables que difieren de la nacional. Hay Comunidades en las que es posible el entendimiento y otras en las que no hay ninguna posibilidad. Depende de dónde estén dispuestas a ceder las organizaciones políticas en sus objetivos", reflexiona. Y ejemplifica: "Ojalá fuera posible llegar a un acuerdo en Cataluña para TV3, pero en estos momentos parece que es bastante difícil que haya un entendimiento o un acuerdo entre todas las formaciones políticas. En Andalucía, tampoco da la sensación de que el PSOE esté por la labor".

"Cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa, sus leyes aprobadas por sus Parlamentos, y nosotros no somos quién para ni siquiera insinuar que adopten este modelo", coincide José Miguel Camacho, diputado del PSOE.

Podemos y Ciudadanos, que irrumpieron en la política nacional en 2015, sí abogan por introducir cambios en la normativa autonómica de nombramientos. Ambos comparten el deseo de subrayar los criterios de mérito y capacidad en los reglamentos, pero tampoco creen que el modelo nacional sea extensible así como así a las Autonomías. Al igual que el PP y el PSOE, opinan que hay que ir caso a caso. El mejor ejemplo de las dificultades que afrontan las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo está en Andalucía, donde la corporación pública ha acumulado tres años con un consejo de administración provisional porque no eran capaces de consensuar su renovación.

“Cada Comunidad Autónoma tiene que construir su propia ley para gestionar sus servicios públicos de radiotelevisión, siempre buscando la independencia, participación social, la transformación digital, la transparencia y la financiación estable", argumenta Noelia Vera, de Unidos Podemos. "En todo este proceso tiene que darse una participación de los trabajadores y del conjunto de la sociedad civil en los órganos de dirección, para favorecer que el ente público vele por los derechos de todos y de todas”.

"El modelo de mérito y capacidad por un lado, y de consenso por otro, debe ser el que inspire a los demás", opina José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. “De todas formas, los puntos de partida en cada Comunidad son distintos, por lo que también puede que sean distintas las propuestas. Los modelos de cada Comunidad Autónoma son distintos, tanto en la forma de elección como en gestión del servicio".

Las comunidades han acomodado sus entes regionales a los tiempos. La mayoría de los Gobiernos regionales adoptó durante los años más duros de la crisis recortes que llevaron a cierre de canales o a adelgazar las plantilla. Telemadrid asumió también una medida tajante. Redujo su consejo de administración a menos de la mitad.  El ente regional contaba con 17 miembros en el consejos,  propuestos por los partidos. En la renovación llevada a cabo en 2011, UPyD declinó designar vocal.

Con la crisis, los consejeros de Telemadrid se redujeron a nueve en 2013 y vieron también recortadas notablemente sus retribuciones. La reciente reforma de Telemadrid fija también que los consejeros  comparezcan en la Asamblea antes de su nombramiento. Los nombres son propuestos por los grupos parlamentarios (cuatro vocales) y por las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación (cinco miembros). Antes de su designación deben examinarse en la Asamblea, que determina su idoneidad. Y solo accederán al cargo si obtienen el respaldo de dos tercios de los diputados.

Los miembros del consejo de RTVE también someten su modelo de gestión al dictamen del Congreso. Y los candidatos a presidente comparecen ante la correspondiente comisión. En 2014, el PP propuso a José Antonio Sánchez para presidir la corporación y UPyD  avaló al realizador de televisión Javier Montemayor, que se sometieron a las preguntas de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. Ninguno de los dos obtuvo en la primera votación los dos tercios que exigía la ley. A a segunda vuelta, ya solo con mayoría absoluta (la del PP) fue elegido Sánchez. Hasta hoy.