El Gobierno impone sus objetivos económicos a la mayoría de las autonomías
Montoro acepta estudiar con "extrema prudencia" la demanda de Ciudadanos para bajar el IRPF y pactar el techo de gasto de los próximos presupuestos
El Gobierno está dispuesto a sacar adelante sus objetivos económicos para este curso, sobre todo el techo de gasto (119.834 millones de euros) y los límites de déficit público, al margen de lo que opinen la mayoría de las comunidades autónomas. Fue el escenario que quedó en evidencia ayer tras la reunión de trámite con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. Todas las comunidades que no gobierna el PP denunciaron un reparto injusto, opaco y arbitrario.
El Ejecutivo central convocó ayer a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiero para consumar su calendario de cumplimiento de los objetivos de déficit marcados para todas las Administraciones. No hubo debate ni posibilidad de discusión. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tan cuestionado estos días por múltiples frentes, no lo permitió.
Montoro tiene su propia hoja de ruta con los objetivos económicos del Gobierno marcados a fuego por la Unión Europea y con escaso margen de maniobra, y del poco que dispone no es precisamente para negociar con las comunidades autónomas. Las autonomías, por su parte, ya estaban advertidas de que aunque la economía ha mejorado y se empieza a salir del túnel, los márgenes de esa mejora no son para facilitarles más opciones de gasto.
El ministro ha empezado con todos los partidos (incluso con Podemos) la negociación para fijar un techo de gasto para todas las Administraciones y su prioridad es conseguir el apoyo de los 32 votos de Ciudadanos en el Congreso, en la votación del 11 de julio.
El Gobierno se ha impuesto un techo de gasto para el año 2018 de 119.834 millones de euros, que es un 1% más (1.497 millones de euros) que el de 2017, que se cerró en 118.337 millones. Ciudadanos pujó alto en ese primer contacto y reclamó discutir ya una rebaja de los impuestos, en concreto del IRPF, para compensar los años de tanta crisis.
El propio Montoro comentó más tarde sobre esta demanda de Ciudadanos, que hay tiempo para tenerla en cuenta. "El Ministerio está trabajando en tratar de identificar algunas deducciones en el IRPF para el año próximo, estamos trabajando en ello", reseñó el ministro pero a continuación puntualizó que todavía es "muy prematuro" poder avanzar qué pasará. Y añadió que ese tipo de novedades en hipotéticas deducciones en el IRPF hay que estudiarlas con "extrema prudencia" porque consideró muy importante no "perjudicar los objetivos de déficit público" impuestos por la UE y no desperdiciar la oportunidad de salirse en abril de 2018 del procedimiento de déficit excesivo en el que está incurso ahora España.
Ese “coqueteo” con Ciudadanos, como lo denominó la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, planeó ayer en la cita en la que Montoro oficializó ante sus homólogos autonómicos que no habrá flexibilidad con las comunidades en el objetivo de déficit. El plan era que rebajaran sus objetivos del 0,6% de este año al 0,3% para 2018 (un 50%) y así queda. El Gobierno central lo tendrá que bajar del 1,1% al 0,7% (un 36%).
Mitad de los votos
El Consejo de Política Fiscal votó la propuesta del Gobierno, que salió adelante porque el Ejecutivo ya dispone de entrada de la mitad de los votos. Pero con una oposición en bloque de todas las comunidades que no gobierna el PP. Votaron en contra nueve autonomías (todas las que controla el PSOE además de Cataluña y Cantabria), se abstuvo Canarias y se aliaron con Montoro las cinco autonomías populares, más Ceuta y Melilla.
La consejera andaluza calificó la propuesta de Montoro de “demoledora para el Estado del bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las autonomías”. Y se quejó del reparto arbitrario de los criterios de déficit y superávit, estrictos para las comunidades y los Ayuntamientos y menos para el Estado. El consejero catalán Carles Mundó polemizó con el ministro por la injusticia de ese reparto. Montoro admitió que “la vida política es injusta”, en alusión a que se achaca siempre exceso de gasto a las autonomías, y Mundó le repicó: “Las decisiones son injustas”.
Varias comunidades lamentaron que Montoro no desmintiese la posibilidad de negociar con Ciudadanos una bajada del IRPF para lograr su apoyo al techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará el lunes y no les ofreciera ningún margen. La consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, del PP, respaldó al ministro y no compartió esa queja porque destacó que los objetivos de déficit ya eran conocidos y habían quedado marcados en la anterior cita del Consejo en diciembre.
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