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Mauricio Casals, alto directivo de ‘La Razón’ y ‘La Sexta’, imputado por el desvío de ayudas públicas

La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, investiga las irregularidades en la concesión de créditos a la empresa Zed

Mauricio Casals, en la Audiencia Nacional, en abril.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción pusieron este jueves en marcha la Operación Hanta contra una trama encabezada por el antiguo gigante de los videojuegos Zed Worldwide por el supuesto desvío de 67 millones de ayudas públicas. Hay 19 imputados, entre ellos cinco miembros de la familia Pérez Dolset y Mauricio Casals, presidente del periódico La Razón y consejero del grupo Atresmedia, propietario de las cadenas Antena 3 y La Sexta.

Mauricio Casals está acusado de presionar a los responsables del Ministerio de Industria y otros organismos públicos para que se concedieran millonarias ayudas y créditos blandos a Zed, la empresa convertida en el epicentro de la investigación y que estuvo participada en un 25% por el Grupo Planeta, propietario de La Razón. Anticorrupción también vincula al directivo con el supuesto desvío de cerca de dos millones de dichos fondos al diario con falsos acuerdos de publicidad y patrocinio, y con supuestas presiones para que la Administración no investigara el fin que se había dado a estos fondos públicos.

Casals ha reconocido a EL PAÍS sus contactos con la compañía tecnológica, pero niega el papel de intermediario que le adjudica Anticorrupción. Casals estuvo imputado en abril por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso Lezo. La Razón y el Grupo Planeta hicieron este jueves públicas sendas notas en las que negaban que el diario hubiera participado en “en ningún tipo de tráfico de influencias y fraude”. El Grupo Planeta, además, anunciaba su intención de presentarse como acusación en la causa por el perjuicio de 120 millones que dice haber sufrido por su participación accionarial en Zed.

La pista rusa que pasa por Holanda

Las imputaciones de la Operación Hanta revelan los fuertes vínculos de Zed Worldwide con Rusia. Entre los investigados se encuentran los ciudadanos de esta nacionalidad Vage Engibaryan, Vladimir Naumovich Turovetskyi y Sergey Gorbuntsov. El primero es el administrador de varias empresas chipriotas a través de las cuales se vació Temafon, la filial rusa de Zed. El segundo era colaborador del anterior y administrador de esta filial. Gorbuntsov tenía también cargos en varias compañías ligadas a la trama. Los tres están supuestamente relacionados con el magnate Mijail Fridman, considerado el segundo hombre más rico de Rusia.

En enero la UDEF detuvo en el aeropuerto de Barajas por orden de Anticorrupción al abogado holandés Peter Wakkie, quien dirigió el holding Zed+, creado por Pérez Dolset en Holanda tras su expansión rusa. A éste también se le relaciona con Friedman. Las investigaciones apuntaban a un supuesto desvío de fondos millonarios a través de Temafon para el pago de sobornos tanto en Rusia como en el vecino Uzbekistán.

Las pesquisas que desembocaron ayer en los ocho arrestos y en una veintena de registros en Madrid, Valencia y Barcelona se iniciaron hace un año y tienen como origen la denuncia que el principal accionista de la compañía tecnológica, Javier Pérez Dolset, presentó ante la fiscalía para alertar de que un grupo de inversores rusos intentaba hundir la empresa. Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía revelaron que también existía un supuesto desvío de las ayudas públicas que había recibido Zed.

El avance de las pesquisas mostró que la empresa tecnológica —que llegó a estar valorada en 1.500 millones, pero que en 2016 declaró concurso de acreedores con un pasivo cercano a los 370 millones— había sido vaciada y sus fondos transferidos a otras empresas del entorno de los Pérez Dolset. Entre ellas Pure Action Sports Europe SL, dedicada a la venta de artículos deportivos y que se encargaba de organizar competiciones de kitesurf.

Créditos no devueltos

Las pesquisas también han revelado que parte de los proyectos de investigación que Zed había presentado para justificar los créditos nunca se desarrollaron. Todos estos créditos se concedieron en el periodo 2010-2015, que abarca la etapa final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la primera legislatura de Mariano Rajoy. De los 67 millones de euros concedidos, 20 millones corresponden a Zed, mientras el resto recayó en otras compañías de la familia. Además de Javier Pérez Dolset, están imputados sus hermanos Ignacio y Patricia, y los padres de los tres, Juan Antonio Pérez y María Jesús Dolset.

Aproximadamente, la mitad de estos créditos fueron devueltos al Estado, pero el resto desapareció, lo que aceleró la quiebra de la compañía. Anticorrupción ha podido recoger sólidos indicios de la apropiación indebida de 10 millones de euros. “El análisis de la documentación intervenida posiblemente eleve esta cifra”, añaden las fuentes consultadas.

Los administradores concursales que se hicieron cargo de Zed tras la quiebra descubrieron sospechosas operaciones con sociedades ligadas a miembros del Consejo de Administración de Zed y la existencia de una estructura empresarial cuyo supuesto objetivo era ocultar patrimonio para impedir que fuera embargado. Las supuestas maniobras de los inversores rusos quedaban en un segundo plano en la investigación. Entre los imputados hay tres ciudadanos rusos y un abogado holandés que trabajaba para ellos.

Una leyenda del videojuego español

Ángel Luis Sucasas Fernández

Ignacio Pérez Dolset, uno de los detenidos en la Operación Hanta, es una leyenda dentro del videojuego español. Actualmente preside la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV), principal sindicato de una industria que mueve anualmente más de 500 millones de euros, más del triple del mejor año en la historia de la taquilla del cine español. Fue fundador y presidente de Pyro, la empresa española que creó la saga de videojuegos más exitosa de todos los tiempos, Commandos, con más de seis millones de copias vendidas en todo el mundo. Y dirige también el Centro Universitario UTAD, una de las universidades privadas más prestigiosas dedicadas a formar profesionales del videojuego y del cine de animación.

Su principal negocio actual es el cine, a la cabeza de Ilion Animation Studios, la compañía creadora de la película de animación Planet 51, cuyo presupuesto superó los 55 millones de euros. Ilion Studios se encuentra actualmente trabajando en superproducciones para grandes estudios de Hollywood como Paramount. Este periódico ha intentado, sin éxito, contactar a Mercedes Rey, mujer de Dolset.

El videojuego de estrategia Commandos, gran triunfo de Dolset ambientado en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó no solo un enorme éxito de ventas y crítica. Tuvo cuatro secuelas lanzadas de 1999 a 2006 y fueron publicadas por Eidos Interactive, la misma empresa que gestionaba franquicias multimillonarias como Tomb Raider, el Indiana Jones femenino encarnado por Lara Croft. Tomb Raider superó en ventas a Commandos el año de su lanzamiento, 1998, cuando el videojuego español logró el primer puesto en ventas en 17 países. Dolset no solo era ejecutivo de esta compañía, sino que también participó en la dirección creativa de los videojuegos.

Su detención ha sentado en la industria española como “un golpe muy duro”, aunque las fuentes consultadas argumentaban que “debe mediar la prudencia”. Las mismas fuentes coinciden en que es probable que Dolset convoque una junta del sindicato español de videojuegos y dimita. El DEV, el sindicato del sector español, lanzó un comunicado durante la tarde: “Zed Worldwide [la empresa que cometió el supuesto fraude dirigida por el hermano de Ignacio Dolset] no forma parte de DEV. El cargo de presidente de DEV es institucional y representativo, y no cuenta con un peso distinto que el resto de miembros de la Junta Directiva en la toma de decisiones que conciernen la asociación”. El sindicato confirmó a EL PAÍS que la organización no otorga poderes especiales al presidente en la votación de la junta a la hora de tomar cualquier decisión.

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