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Un juez investiga el despacho que fundó Montoro tras una denuncia de Anticorrupción

Admitida a trámite la querella contra Equipo Económicos tras recibir un contrato a dedo

Cristóbal Montoro hoy durante el pleno del Senado.
Cristóbal Montoro hoy durante el pleno del Senado.Jaime Villanueva
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El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La querella se refiere a la presunta adjudicación a dedo en 2012 al citado despacho de un contrato de 91.000 euros saltándose la Ley de Contratos del Estado. El caso fue destapado por EL PAÍS el 16 de marzo de 2015.

La admisión a trámite ha trascendido este martes pero es efectiva desde el pasado 25 de abril, día en que se presentó la querella, lo que supone que ya están bajo investigación los siete incluidos en la querella, entre los que se encuentra un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras Manuel Teruel. 

También figuran Ricardo Martínez Rico, que en la citada época fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria; y Francisco de Asís, director del gabinete del ministro.

Equipo Económico es una consultora fundada en 2006 por el ministro Cristóbal Montoro junto a sus hombres de confianza en el Gobierno. La firma fue creada dos años después de que José María Aznar perdiera las elecciones. Montoro dejó después el despacho y volvió a la política para formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde la oposición se denunció que este era un caso típico de puerta giratoria, en el que un alto cargo pasa de la política a la actividad privada y luego vuelve a ella.

Anticorrupción, en una querella de la fiscal Carmen García, señala que los hechos pueden constituir prevaricación por no haberse sacado a concurso esa adjudicación. Además, el dinero procede de subvenciones estatales y europeas y excede del límite de 12.000 euros máximo para la adjudicación directa en las administraciones públicas.

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La admisión a trámite se conoce el mismo día en que todos los grupos parlamentarios de la oposición, a la espera de la decisión final del PNV, apoyará este martes en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la 'amnistía fiscal' de 2012 que ha sido declarada inconstitucional.

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