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El Supremo elogia a una juez militar a la que se expedientó

Una comandante que investigaba un caso de corrupción gana a la cúpula togada

Un avión aterriza en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
Un avión aterriza en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe. EFE

David contra Goliat. La comandante del cuerpo jurídico Patricia Moncada, titular del Juzgado Togado Militar Territorial 12, le ha ganado la batalla a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, formada por cinco generales togados, que le abrió un expediente disciplinario por falta grave e incluso cuando lo archivó, alegando que los hechos estaban prescritos, dejó una sombra de sospecha sobre su conducta.

En una sentencia dictada el pasado día 20, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo no solo le da la razón a la juez, sino que la colma de elogios, destacando su “firmeza, entereza de ánimo y temple notables”; mientras que califica de “ilógica, irracional, arbitraria y carente de buen sentido” la actuación del órgano de Gobierno de la jurisdicción militar.

Registro en un cuartel

Segundo aviso para la justicia castrense

El fallo del Supremo es el segundo aviso que recibe en las últimas semanas el Tribunal Militar Central. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró en abril nula de pleno derecho una instrucción del órgano de gobierno de los jueces castrenses que les ordenaba informar a los mandos militares de cualquier delito que estuvieran investigando. También fue la juez Patricia Moncada la que recurrió esta instrucción ante la cúpula del poder judicial, que le dio la razón. Resulta preocupante que la independencia de la justicia castrense dependa del valor de una comandante y que el Tribunal Militar Central, encargado de protegerla, se haya convertido aparentemente en su mayor amenaza. Los destinos en el Tribunal Militar Central los decide en teoría el CGPJ pero, según la Asociación Unificada de Militares Españoles, Defensa ha destinado en comisión de servicio a un general togado antes de que el Poder Judicial lo haya avalado.

Los hechos se remontan a junio de 2013, cuando la juez, que instruía una causa por corrupción, se presentó con una orden de registro en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid) al frente de una comisión judicial. La juez, que solo consiguió ejecutar el registro tras múltiples demoras y obstáculos, fue denunciada por el jefe de la base, el coronel Francisco Javier Roig, quien le reprochó que no le hubiera avisado antes de su llegada y que se negase a informarle de unas diligencias que estaban declaradas secretas.

El Tribunal Militar Central reaccionó abriendo a la juez un expediente disciplinario por un presunto “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración”. En octubre de 2016 lo archivó, pero el tribunal subrayó que la conducta de la comandante pudiera en efecto “ser constitutiva de una falta grave”.

Aunque no fue sancionada, la juez recurrió al Supremo para lavar su honor y este lo ha hecho con una contundencia incontestable. Según la sentencia, la actitud de la juez fue, “en todo momento, correcta e irreprochable [...] con buenos modales y educación no exenta de firmeza” y ello a pesar de que debió enfrentarse a “la inconcebible serie de obstáculos que sucesivamente se opusieron al cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, en una actitud claramente retardataria y obstruccionista”.

Por el contrario, reprocha al coronel Roig que actuara con manifiesta ignorancia de la ley que obliga todos (incluidos los mandos militares, subraya la sentencia) a “respetar la independencia de jueces y magistrados”. A continuación, e interrumpiendo el registro, el coronel introdujo a la juez en un despacho donde, a solas y con la puerta cerrada, le inquirió “acerca de lo que estaba haciendo y lo que buscaba, además de espetarle que era una maleducada”.

La juez, agrega, tuvo que “soportar con paciente corrección y sin faltar a las normas de la disciplina y la cortesía militar —con una contención y moderación serenas, que traslucen una entereza de ánimo y temple notables— la reprobable actuación que sobre su persona llevó a cabo el coronel”.

La sentencia no ahorra críticas al instructor del expediente abierto por el Tribunal Militar Central, que no verificó la denuncia contra la comandante y ni siquiera llamó a declarar a los denunciantes, lo que considera “inconcebible” y una “muestra de absoluta desidia”. En realidad, el parte que dio origen al expediente no era más que un “refrito”, en palabras del Supremo.

Por ello, ordena que se modifique la resolución del Tribunal Militar Central para dejar claro que la juez no incurrió en ninguna falta disciplinaria.

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