Jaque a la red del coronel que vendía armas a la extrema derecha
Un juzgado imputa al círculo de colaboradores de un mando de la Guardia Civil que fue ‘número dos’ de una organización criminal
La juez que indaga los manejos del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf, quiere desgranar el círculo de colaboradores de este mando investigado por pertenecer a una red que abasteció de armas al mercado negro internacional. Dirigentes ultras, como un candidato de Falange Española Independiente, tocaron a la puerta entre 2014 y 2015 de esta banda que almacenaba explosivos TNT y fusiles de asalto.
La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Alcalá de Henares (Madrid), María Iglesias, ha imputado a nueve presuntos compinches de Rudolf. Entre los colaboradores de este coronel citados como investigados figura un cabo primero de la Guardia Civil destinado al Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de León.
Otro de los imputados es el funcionario civil del Ministerio de Defensa José Antonio O., el Vasco. Las pesquisas le vinculan con un plan urdido en enero de 2015 para transportar por carretera 11 millones de euros de procedencia desconocida. El vasco debía custodiar presuntamente el botín acompañado de “dos hombres armados”.
La juez ha imputado a un cabo del instituto armado de León por colaborar con la banda
Sanz, número dos de la banda, también se dedicó presuntamente a vender información confidencial. Kelvyn G., un ciudadano con antecedentes por narcotráfico, compró al coronel datos reservados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, por eso, deberá declarar como imputado el próximo 11 de julio.
Desde su último destino en Castilla-León, el coronel Sanz, de 67 años, también fichó para sus actividades al empresario de Benavente (Zamora) Ignacio M., que arrastra antecedentes por estafa y falsificación de moneda y documentos. “El coronel me ofreció participar en un negocio de cobro de morosos. Me citó en un hotel de Madrid para formarme”, explica este empresario que también está imputado.
Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, sin embargo, revelan que Ignacio M. participó en conversaciones donde se hablaba de “telepaliza” en alusión a los supuestos métodos violentos para cobrar deudas. La banda presumía además de tener 8.500 clientes con 450 millones pendientes de pago.
El grupo planeó el transporte ilegal de 11 millones de euros con un funcionario de Defensa
Entre los compradores imputados por adquirir armas se encuentra el constructor de Segovia Francisco H. El empresario desembolsó 1.800 euros por una pistola que la red le entregó en el interior de un coche en abril de 2015. La relación de Francisco H. con el grupo del coronel se remontaría a 2011, cuando empezó a cartearse con la red para interesarse por el catálogo, según la investigación.
Asiduo a los homenajes a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, Sanz fue detenido por sus compañeros de la Guardia Civil en mayo de 2015. Tras pasar más de nueve meses en prisión, está en libertad a la espera de juicio. Un detective privado con pasado neonazi y un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva aparecen entre la veintena de imputados en esta causa. Los implicados cometieron los presuntos delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, revelación de información privilegiada y cohecho.
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Un banquero ecuatoriano en el radar de ‘Rudolf’
La red del coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz, Rudolf, investigó en España a un reputado empresario y banquero ecuatoriano. El objetivo: cobrar una presunta deuda. El grupo situó en su radar al directivo a instancias del lugarteniente de la organización criminal, Jesús de G., el Grande, un empresario con antecedentes por homicidio y amenazas.
El Juzgado de Instrucción número dos de Alcalá de Henares (Madrid) ha citado en calidad de testigo a este banquero y a otras 28 víctimas más.
Sanz facilitó supuestamente datos procedentes de las bases del instituto armado a empresarios dedicados al cobro de deudas por el sistema de “telepaliza con búlgaros”.
El coronel elaboraba informes sobre morosos, se los facilitaba a estos empresarios que ponían en marcha la maquinaria violenta de recuperación de deudas.
Algunas de las víctimas de los cobradores denunciaron extorsiones en comisaría. Fue el caso de un ciudadano marroquí que declaró que un desconocido le advirtió de una agresión a su familia si no pagaba. O el de una mujer a la que le dijeron que le iban a “romper las piernas” si no desembolsaba 1.800 euros pendientes.
La juez también tomará declaración al responsable de la comunidad de propietarios de la calle Embajadores 199 de Madrid, donde Rudolf guardaba en un trastero en secreto 24 kilos de explosivo TNT y PG-2, 12.500 cartuchos, decenas de petardos de trilita y armas de guerra. El arsenal, procedía de la Guardia Civil. Y tenía potencia para hacer saltar por los aires el edificio.
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