El PSOE promueve la reprobación de Montoro en el Congreso, la segunda del Gobierno de Rajoy
El PP admite ahora “fallos y errores” en la amnistía fiscal exprés de Montoro
El PP admite ahora "fallos, errores y equivocaciones" en la confección de la amnistía fiscal exprés aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 a través de un decreto ley. El PSOE, que tras conocerse la sentencia este jueves pidió la dimisión del ministro, ha anunciado que promoverá la reprobación de Cristóbal Montoro en el Congreso en 15 días. Sería el segundo ministro de Rajoy reprobado este año después de Rafael Catalá, el titular de Justicia. Ciudadanos ha criticado el anuncio del PSOE: "Antes de reprobar o pedir dimisiones queremos oír al ministro". Fuentes del Ministerio de Hacienda restan peso al revuelo mediático y destacan que el ministro tiene todo el apoyo de Rajoy.
El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha sido el representante de ese partido elegido para responder al varapalo judicial y político que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona que ese método excepcional y de urgencia no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude. Hernando justificó aquella decisión por la situación "de emergencia" y a la desesperada que se vivía en aquel momento para evitar el rescate y la intervención de España. El dirigente del PP respaldó que el ministro de Hacienda cuestionado, Cristóbal Montoro, siga en su puesto y no dimita o sea cesado por Rajoy. El magistrado del Constitucional Andrés Ollero ha rechazado en la Cope opinar sobre si Montoro debe dimitir, por tratarse de una "cuestión política". Ha insistido sin embargo en que la amnistía afectaba a derechos del Título Primero de la Constitución y no podía realizarse por decreto ley.
El Gobierno fue más cauto que su portavoz en el Congreso a la hora de confesar errores. El portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, optó tras el Consejo de Ministros por incidir en la línea de que la sentencia lo que corregía en realidad era un error o "vicio de forma" más que de fondo y se dedicó sobre todo a trasladar la urgencia y necesidad que tenía España en 2012 de superar la crisis y el rescate. Méndez de Vigo comentó que Montoro había contado en el Consejo su visión de la sentencia y que comparecería en el Congreso para dar explicaciones.
La estrategia del ejecutivo consistió en subrayar que gracias a aquella actuación se pudo superar la quiebra en la que dejaron al Estado los gobiernos socialistas (con un déficit que se anunció de 60.000 millones de euros y que luego superó los 93.000). El ministro portavoz relató a continuación todos los datos posibles para comparar el estado comatoso de España en aquel marzo de 2012 frente a la situación actual, donde se crece y se crea empleo más que en ningún otro país de Europa.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, anuncia que el PSOE ha presentado una Proposición no de ley (PNL) para reprobar a Montoro. Habrá también interpelación el ministro en el próximo pleno y moción de reprobación antes de fin de mes.
Ábalos considera que aquella medida "ha quebrado toda la ejemplaridad que supone sostener al Estado, dando facilidades a aquellos que no cumplen, y a penalizando a quienes sí cumplen con su obligación cívica", informa Ignacio Zafra. El portavoz socialista ha considerado que la amnistía fue injusta y dificultó "la lucha contra la corrupción", facilitando "la impunidad y el blanqueo". El dirigente ha planteado que el PSOE podría impulsar una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso sobre la amnistía con el objetivo de conocer las listas de quienes se beneficiaron de la misma.
"Nosotros antes de reprobar o pedir dimisiones queremos oír al ministro, por eso hemos pedido su comparecencia. No entiendo a este PSOE podemizado que pide que comparezca [Montoro] y ya está también pidiendo su reprobación", ha afirmado Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha exigido la "dimisión de Cristóbal Montoro", al igual que el PSOE, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal concedida por el Gobierno en el 2012, argumentando que "el ministro es el responsable de haber obviado los principios de justicia tributaria", "desamparando así a los ciudadanos".
Las explicaciones del Ministerio
Fuentes de Hacienda subrayan que Montoro va a responder a las críticas de la oposición compareciendo en el Congreso a petición propia en cuanto la Mesa lo apruebe. El Ministerio defiende que con la amnistía fiscal se han aflorado más de 40.000 millones que ahora tributan todos los años. E insiste en que el fallo del Constitucional no cuestiona el uso que se está dando a esa información para perseguir el fraude, informa Antonio Maqueda.
El Gobierno y el PP no tuvieron capacidad de reacción en la tarde noche del jueves para salir al paso del duro golpe político que supuso esa sentencia del Constitucional contra la reforma fiscal de Montoro. Se tomaron muchas horas para reflexionar. En la mañana de este viernes, en una desayuno coloquio convocado por la revista Vanity Fair, el portavoz parlamentario del PP llevaba el argumentario muy preparado. Recibió la esperada pregunta sobre el fallo del tribunal y aceptó rápidamente que el Gobierno de su partido entonces, en 2012, "no lo hizo bien".
Rafael Hernando argumentó que en aquel año se estaban viviendo "momento de enorme dificultad" en España, porque entre otras cosas se destruían miles de empleos en el peor instante de la crisis económica, porque el país "estaba al borde del rescate" y justificó así que se buscara y aprobara la fórmula del decreto ley "como se hizo con procesos similares en otros países". Pero el portavoz popular también quiso subrayar que la sentencia determina ahora que aquello fue un error. "Pudiéndole haber hecho mejor, lo hicimos", explicó Hernando.
El portavoz del PP en la cámara baja intentó resaltar que con aquella medida afloraron al final 130.000 millones de euros y se recaudaron solo 2.500 millones pero se pusieron las bases para mejorar la recaudación y el sistema en el futuro. Pero no intentó corregir ni enmendar la rectificación que supone la sentencia del tribunal. "Sin duda lo podríamos haber hecho mejor", concluyó Hernando, que añadió que "la medida fue a la desesperada para intentar evitar la intervención del país por autoridades extranjeras" como sucedió entonces en otras naciones como Grecia o Portugal.
El dirigente del PP utilizó varias fórmulas para reconocer aquella equivocación y para buscar ahora una salida política. Hernando dijo así: "La medida se hizo y hay que asumir la sentencia, reconocer que nos equivocamos en la forma pero no en el fondo". A lo que no llegó el portavoz popular fue a culpabilizar del fallo al ministro que firmó la propuesta, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hernando rechazó que Montoro haya quedado tocado y deba ahora dimitir. Apuntó que el propio ministro va a comparecer en el Congreso para explicar la situación y para determinar el alcance de lo que supone esa corrección del Constitucional para el sistema tributario. Y precisó muy claro su opinión de que no debe marcharse.
Hernando insistió en que la medida se tomó "por una situación de emergencia con el país al borde del colapso". Pero reconoció en distintos pasajes que se hizo mal: "Pudimos hacerlo mejor, hay que reconocer el error, nosotros nos equivocamos". El portavoz en el Congreso intentó buscar una salida a la complicada situación política en la que queda aquel Gobierno y sobre todo su titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y aludió al resultado electoral de las últimas elecciones: "Las urnas ya nos juzgaron en el pasado, durante la décima legislatura".
El dirigente del PP comentó más tarde que el Gobierno optó por la vía del decreto ley para ser más rápido en la tramitación porque si hubiera preferido la reforma a través de una ley habría tardado alrededor de seis meses y se consideró que no se podía esperar tanto tiempo. Hernando matizó que políticamente hubiera sido más fácil esta opción porque entonces el ejecutivo de Rajoy sí estaba respaldado por una mayoría absoluta.
"No cabe hacerlo por decreto ley"
La sentencia, según su ponente, "se refiere al fondo porque se ha declarado inconstitucional al tratarse de un decreto ley que no solo tiene la exigencia de que hubiera urgencia para resolver la cuestión sino también que no afectara a derechos del Título Primero de la Constitución y en este caso el Tribunal considera que sí afectaba a derechos del Título Primero y no podía realizarse por decreto ley".
Ollero ha rechazado opinar sobre si el ministro debe o no dimitir. "Es una cuestión política que no me atañe, conozco a Cristóbal Montoro desde la universidad cuando ni él ni yo habíamos pisado el Parlamento, pero no estoy en el Tribunal Constitucional para demostrar si soy más o menos amigo de alguien, estoy para defender la Constitución".
Una plataforma pide que se publique la lista de amnistiados
La Plataforma X la Honestidad --que busca que los partidos políticos se pronuncien de manera clara contra la corrupción-- ha solicitado este viernes al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, una lista con los nombres de los cargos públicos acogidos a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno.
A través de un comunicado, la plataforma ha pedido el listado completo de políticos y funcionarios acogidos a la amnistía, después de que fuese declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional este jueves. A su juicio, "la ciudadanía tiene derecho" a conocer los nombres de los amnistiados y, además, la "higiene democrática" obliga a que este asunto "deba tratarse en sede parlamentaria y en una Comisión que se cree al efecto".
"Siendo conscientes que en esta lista podría haber miembros o personas afines a muchos de los partidos con representación parlamentaria, ponemos al servicio de la ciudadanía nuestra condición apartidista y hacemos pública nuestra solicitud para que la lista de cargos públicos acogidos a la amnistía fiscal de Montoro se haga pública en el Congreso de los Diputados", ha reclamado la plataforma. Para la organización, la transparencia "es fundamental en la lucha contra la corrupción" y, aunque respetan "la protección jurídica de todas las personas, incluida la de los defraudadores", ven absolutamente necesario conocer el nombre de los implicados.
