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Investigan la fortuna de funcionarios del Ayuntamiento del líder del PP de Almería

Una constructora pagó más de dos millones en sobornos a tres empleados de Roquetas de Mar

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería investiga el presunto enriquecimiento de tres funcionarios del área de urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuya vara de mando dirige desde 1995 el líder regional del PP y presidente de la Diputación, Gabriel Amat. La magistrada Ana Belén Vico ha pedido al Consistorio información sobre Ángel M., Alfonso S. y Manuel B, que ocuparon entre 2000 y 2009 los puestos de jefe de planeamiento, ingeniero técnico y técnico, respectivamente.

Gabriel Amat PP
El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, en junio de 2012.

La constructora Hispano Almería pagó supuestamente a estos trabajadores más de dos millones de euros en sobornos durante este periodo, según un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Los investigadores apuntan a un presunto delito de cohecho (soborno).

La juez quiere conocer también la nómina de estos empleados y sus declaraciones de IRPF, según una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Hispano Almería llegó a manejar una contabilidad secreta con las presuntas dádivas. Sus libretas incluyan conceptos como “liquidación 4 %”. Unas notas que figuraban junto a los empleados municipales. Los investigadores sospechan que el 4 % era la tarifa de los técnicos de urbanismo por favorecer a la constructora.

La juez Vico ha pedido también a Roquetas de Mar que aporte la relación de obras adjudicadas a Hispano Almería entre 2001 y 2010. El Consistorio presidido por Amat concedió 50 millones de euros en contratos a esta firma, que tenía en el municipio a su principal cliente.

Hispano Almería llegó a embolsarse 15 millones de euros por levantar un teatro en Roquetas de Mar. La obra, sin embargo, se había presupuestado en menos de la mitad.

En sus pesquisas, la juez ha solicitado también los expedientes de contratación de Roquetas de Mar con Hispano Almería. También ha pedido los informes del secretario y del interventor municipal sobre la legalidad de estas adjudicaciones. La magistrada quiere conocer incluso el sistema de financiación empleado para levantar las polémicas obras.

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha ordenado investigar 25 empresas vinculadas a Amat que recibieron presuntamente desde 2003 decenas de contratos del Consistorio que el mismo preside.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Gabriel Amat, que el pasado mayo fue reelegido como líder del PP en Almería con un 98,99 % de los votos.

Un exdiputado del PP que fue juez y parte en el urbanismo

Los presuntos manejos urbanísticos del exdiputado y exalcalde de La Mojonera (Almería), José Cara, están bajo sospecha. Un juzgado ha pedido a este Consistorio de 8.704 habitantes los expedientes de cuatro operaciones inmobiliarias por valor de 2,5 millones de euros que beneficiaron a Cara. Un político que presuntamente fue juez y parte en el urbanismo de su municipio.

Y es que el regidor tenía 72.000 euros en acciones de Gesponiente, filial de la constructora Hispano Almería, cuando esta firma se benefició de tres compraventas y una permuta de La Mojonera entre 2005 y 2006. Gesponiente llegó a ganar en cada operación hasta un 300 %, según un informe del Grupo III de Blanqueo de la Policía Nacional. El documento apunta a que Cara pudo cometer un posible delito de negociaciones prohibidas.

La Policía considera que los citados manejos produjeron “un menoscabo” en las arcas municipales. Y pone como ejemplo una permuta de junio de 2005 por la que Gesponiente transfirió dos parcelas al municipio por 840.000 euros que un año antes había adquirido por 240.000.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, Ana Belén Vico, quiere conocer cómo se elaboraron los informes sobre estas operaciones.

Los concejales del PSOE de La Mojonera presentaron en 2015 una querella contra Cara por estos hechos por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental.

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