Políticas sociales y un cambio de la movilidad en los dos primeros años de Ribó en Valencia
La oposición le acusa de sectarismo y de una baja ejecución presupuestaria
El Gobierno de La Nau, así se conoce a la coalición que lidera el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y que integran Compromís, Socialistas y València en Comú (suma de Podemos e independientes) ha dado un giro radical a la política municipal de la tercera capital de España tras 25 años de gobiernos del PP. La coalición paralizó nada más llegar los desahucios, mejoró las ayudas contra la pobreza energética, prohibió espectáculos taurinos como el toro embolado y ha impulsado una nueva política de movilidad, con la peatonalización de algunas zonas del centro, la reducción de la velocidad a 30 kilómetros hora en el casco antiguo y la apertura de un anillo ciclista, lo que le ha valido duras críticas en una ciudad hecha a medida para el coche. La reordenación de las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) –potencia los trasbordos, reduce los tiempos de viaje y las frecuencias de paso- le ha enfrentado con la federación de vecinos de la capital, que tampoco ha entendido que se prohíba aparcar en el carril del bus –solo por las noches y en las calles señalizadas- tras 19 años de permisividad.
Otro de los virajes respecto a la etapa de la popular Rita Barberá como alcaldesa ha sido la recuperación de la memoria histórica republicana de Valencia, justo cuando se conmemora que fue capital de la Segunda República. Si un juzgado tuvo que obligar en 2012 al anterior gobierno local, del PP, a retirar a Franco el título de alcalde honorario, Ribó ha retirado símbolos del franquismo, reconstruido y señalizado refugios antiaéreos de la Guerra Civil y ahora, en medio de fuertes críticas de oposición, cambiará el nombre a medio centenar de calles con reminiscencias franquistas. También se ha esmerado en “separar las cosas de la iglesia de las cosas del Estado”, por ello la enseña de la ciudad –la senyera- ya no entra en la catedral cada 9 d’Octubre en una de las procesiones históricas de la capital. También ha normalizado el uso del valenciano en el Consistorio, algo inédito durante años.
Uno de los grandes objetivos del tripartito local es la remodelación urbanística de la fachada marítima de Valencia. Este Ayuntamiento derogó el plan urbanístico de El Cabanyal, que condenaba a una parte al derribo, ha pactado con el puerto de Valencia una salida para el barrio de Natzaret, muy deteriorado y encajonado por las sucesivas ampliaciones portuarias, pero sigue pendiente del Gobierno español para resolver la deuda de casi 500 millones de euros que pesa sobre la Marina de Valencia, una instalación remodelada para la celebración de la Copa del América. El Consistorio busca rentabilizarlo aunque no a cualquier precio: Ribó se opuso a la posible instalación de un casino en la Marina con el argumento de "Valencia no es Las Vegas".
Las finanzas municipales para el Gobierno de La Nau son esenciales, ya que lleva tiempo intentando que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los libere del plan de ajuste para disponer de margen de maniobra en la contratación de personal y la distribución de inversiones. De hecho, organizó hace unos meses en Valencia una cumbre reivindicativa de alcaldes españoles con este fin.
La coalición de gobierno, que tiene mayoría absoluta, ha protagonizado más de un episodio de desencuentro político. Se produjo cuando se vetaron los espectáculos taurinos en la capital y ahora con la prohibición del carril bus, en que socialistas y Valencia en Comú han afeado a Compromís las formas.
La oposición –un PP con nueve de sus 10 ediles investigados por presunto blanqueo de capitales, y Ciudadanos- les ha reprochado en muchas ocasiones su sectarismo, una baja ejecución presupuestaria y el fraccionamiento de contratos para eludir los concursos públicos. Por el camino, el Gobierno de Ribó ha tenido que ceder y ampliar las zonas comerciales con libertad horaria durante los festivos -no quería que hubiera apertura comercial en domingo-, ha visto diluirse la investigación en torno al caso Ritaleaks –gastos suntuarios del anterior Gobierno local de Rita Brberá-, que denunció cuando todavía estaba en la oposición, y la denuncia del PP contra Ribó por un viaje a Galicia a un encuentro de alcaldes del cambio. El regidor, que ha manifestado que quiere presentarse de nuevo a las primarias de Comprpmís para encabezar la próxima candidatura a las elecciones locales, anunció, tras la denuncia del PP, que si lo imputaban, dimiiría. No fue necesario porque Fiscalía archivó las diligencias.
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