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La asociación mayoritaria de jueces considera la ley de ruptura catalana un “acto de totalitarismo”

La Asociación Profesional de la Magistratura recuerda que el texto es un “ataque intolerable” al Estado de Derecho

La vicepresidenta Neus Munté junto al president Carles Puigdemont.
La vicepresidenta Neus Munté junto al president Carles Puigdemont. EL PAÍS

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, tachó ayer de “acto de totalitarismo independentista” el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, que plantea la independencia automática de Cataluña si el Gobierno no autoriza un referéndum de independencia de esa comunidad autónoma. El colectivo judicial, de tendencia conservadora, afirmó, en un comunicado, que el contenido de ese borrador de la Generalitat supone un “ataque intolerable” al Estado democrático y de derecho.

La APM, asociación a la que están afiliados unos 1.300 de los aproximadamente 5.000 jueces y magistrados españoles, atacó ayer con una dureza poco habitual en sus comunicados el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, publicado el lunes por EL PAÍS y que contempla la declaración unilateral de independencia de Cataluña del resto de España si no hay referéndum. El texto, coordinado por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer y mantenido en secreto hasta ahora, tiene vocación de Constitución provisional catalana tras una hipotética secesión.

El fiscal general Maza visita a Puigdemont

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se reunirá este miércoles en Barcelona con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en pleno enfrentamiento por el proceso independentista catalán y tras conocerse el borrador de la llamada ley de ruptura. El encuentro, que no estaba inicialmente previsto en la agenda pública oficial de Maza, se celebrará a las 17.30 en el Palau de la Generalitat.

Fuentes de la Fiscalía afirman que la reunión, al que asistirá también el consejero autonómico de Justicia, Carles Mundó, fue solicitada por el propio Maza, pero que se trata de “una visita de cortesía institucional”.

El 16 de mayo la Fiscalía presentó una querella por prevaricación, malversación y desobediencia contra la consejera de Gobernación catalana, Meritxell Borràs, y el secretario general de este departamento, Francesc Esteve por la licitación del contrato para el suministro de urnas para la hipotética consulta de secesión, prevista por Puigdemont, para finales de septiembre.

Además, el pasado febrero, la fiscalía acusó de desobediencia a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa de la Cámara Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet por permitir una votación sobre el referéndum.

La autodenominada “ley fundacional” detalla aspectos tales como quiénes serán ciudadanos catalanes, o el destino de los funcionarios del Estado residentes en Cataluña. La ley de ruptura también incluye la posibilidad de controlar los medios de comunicación públicos y privados durante el proceso de referéndum y establece que el presidente del hipotético Tribunal Supremo catalán será nombrado por la Generalitat.

La APM afirma que el borrador, del que la Generalitat trata ahora de desvincularse y lo califica de desfasado, busca “imponer por la fuerza de los hechos una determinada solución del conflicto a todos los catalanes, soberanistas o no, y al resto de españoles, sin legitimidad democrática alguna y en contra de la legalidad”. El Tribunal Constitucional ya ha vetado los distintos movimientos de la Generalitat y del Parlamento catalanes para organizar un referéndum de independencia.

En su nota de prensa, la APM recuerda que los jueces y magistrados tienen el deber de mantenerse neutrales en el debate político, pero que también tienen el “deber ético” de “denunciar aquellas situaciones que ponen en peligro la democracia y las libertades fundamentales”, como la ley de ruptura que prepara la Generalitat.

Según la asociación, los redactores del borrador “parten de una premisa falsa”: que se pueda pasar legalmente de la Constitución a una nueva legalidad catalana. “Ni el Parlament de Cataluña ni las Cortes Generales pueden abrogar la Constitución española, ni tan siquiera modificarla sin seguir el procedimiento previsto en la propia norma”, recuerda la nota. El pasado lunes, el portavoz de la APM, el magistrado Celso Rodríguez Padrón, calificó de “delirio jurídico” el texto.

Los jueces conservadores advierten de que actuarán en defensa de la Constitución y las leyes. “Si alguien ha confundido la prudencia con la indiferencia, la equidistancia o incluso la anuencia, se equivoca. (...) Los jueces no abdicaremos de nuestro compromiso y actuaremos siempre con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a la ley, en garantía de los derechos de los ciudadanos, de la mayoría y de la minoría”, termina el comunicado de la APM.

La Asociación Francisco de Vitoria, de corte moderado, y con unos 770 afiliados, no quiso ayer pronunciarse oficialmente sobre este borrador, ya que, según su portavoz, Raimundo Prado, no contemplan la posibilidad de que llegue a convertirse en ley y mucho menos a entrar en vigor. No obstante, Prado recordó que el Estado tiene “mecanismos legales para evitar una alteración del orden constitucional”.

Domesticar a los jueces

Alejandro Vega, portavoz del Foro Judicial Independiente, con 325 afiliados, puso ayer el acento en las maniobras para controlar al Poder Judicial que se reflejan en el borrador de ley de ruptura. “Nos preocupan que estas iniciativas legislativas estén encaminadas a domesticar o controlar al Poder Judicial; son rasgos de un Gobierno autoritario, que no corresponde con un sistema democrático”, señala. Según este magistrado, el articulado coordinado por Viver Pi-Sunyer “no se sostiene y seguro que sus autores están convencidos de ello”.

La Ley de Transitoriedad Jurídica catalana y su tramitación son ya objeto de estudio por parte de la fiscalía. El lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, analizó el borrador con sus colaboradores más estrechos, aunque el ministerio público evitó anunciar si presentará una nueva querella por desobediencia al Constitucional.

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