El PP desestima las denuncias de irregularidades en los Congresos de Cantabria y Sevilla
El comité nacional de garantías remite a los solicitantes a los comités autonómicos
El Comité nacional de derechos y garantías del PP ha desestimado este martes las denuncias de presuntas irregularidades en las votaciones que decidieron los resultados del Congreso autonómico de Cantabria y del Congreso provincial de Sevilla, subrayando que los solicitantes tienen que cumplir el paso previo de acudir a sus respectivos comités autonómicos. Fuentes de la dirección nacional y de los denunciantes interpretan esa decisión como una forma de finiquitar el capítulo de las reclamaciones alejando de la sede nacional del PP el núcleo de un conflicto que ha enfrentado a ministros, diputados y senadores. Sin embargo, los críticos cántabros ya han presentado una denuncia ante los tribunales y los sevillanos no descartan hacerlo.
"Hemos dado a las dos reclamaciones la misma solución. "Tanto en Sevilla como en Cantabria hemos decidido remitir [las denuncias] a los comités autonómicos, por cuanto que son la primera instancia y los que tienen que decidir", ha explicado Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca y presidente del Comité nacional de derechos y garantías del PP, que en su resolución ha subrayado que la reclamación sobre el Congreso de Cantabria fue presentada fuera de plazo. "No hemos entrado en más valoraciones ni disquisiciones", ha añadido Mañueco durante una rueda de prensa en el Senado.
"Los reclamantes no quieren que este asunto lo miren los comités autonómicos. Por lo tanto, es una manera de desestimar sus pretensiones sin implicarnos", explicó una fuente de la dirección nacional del PP que coincidió en esa interpretación con uno de los denunciantes.
Ni el Comité autonómico de derechos y garantías del PP de Andalucía ni el de Cantabria están constituidos. En todo caso, su composición responderá a los equilibrios de poder y control que decida la presidencia regional. Eso lleva a los denunciantes a creer que sus intereses se verán perjudicados por la decisión de que su reclamación sea analizada en la instancia autonómica.
¿Cuáles son sus reclamaciones? Los críticos de Cantabria denuncian que una única cuenta presuntamente pagó 491 cuotas de otros tantos afiliados para que así pudieran votar y decantaran el proceso electoral. Los de Sevilla impugnan una mesa electoral que cambiaría el resultado de las elecciones de ser anulada, puesto que a los candidatos solo les separaron cuatro votos.
Ministros, diputados y senadores
Los dos conflictos regionales han acabado implicando a dirigentes nacionales del máximo nivel. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, apoya a María José Sáenz de Buruaga, que venció por cuatro votos a Ignacio Diego, presidente del PP de Cantabria en el último decenio.
En Sevilla, son más los altos cargos implicados. Así, Virginia Pérez, vencedora del congreso provincial por una veintena de papeletas, cuenta con el apoyo del senador Javier Arenas. Juan Bueno, por su parte, tiene de su lado al ministro Juan Ignacio Zoido, así como a María Dolores de Cospedal, titular de defensa y secretaria general del PP.
Las tensiones, además, se reproducen ahora en Valencia, donde el PP ha suspendido el Congreso provincial hasta que los tres candidatos rebajen su enfrentamiento y acuerden una solución de compromiso que evite una imagen pública de división.
