Una juez requiere la realización de 31 mejoras urgentes en el CIE de Algeciras
Detecta deficiencias en la higiene, la salubridad y el trato de los internos en ambos centros sin subsanar desde un auto de 2016
La remisión de partes de lesiones directos a los juzgados; la creación de un registro de uso de la fuerza física como medida de contención; la necesidad de realizar pruebas previas de tuberculosis o VIH; la realización de mejoras básicas en las habitaciones como la supresión de barrotes o la instalación de retretes. Y así hasta sumar 31 medidas urgentes como soluciones inmediatas a las graves deficiencias que acumula el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. La juez Belén Barranco Arévalo, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Algeciras, ha emitido un requerimiento dirigido a los directores de este centro y su anexo en Tarifa y al ministro del Interior en el que enumera una a una las subsanaciones que debe afrontar el centro de forma “absolutamente indispensable para cumplir con los derechos reconocidos por la legislación española” y por los derechos reconocidos por la legislación internacional.
El expediente, con fecha del 8 de mayo de 2017, se basa en una visita realizada por la propia juez a los centros de Algeciras y Tarifa el pasado 10 de abril. Quería comprobar de primera mano “si se habían cumplimentado los requerimientos contemplados” en un auto del 12 de Diciembre de 2016, realizado a raíz de dos inspecciones realizadas en ese mismo año. Sin embargo, la magistrada ha descubierto que “la gran mayoría de ellos” sigue sin subsanarse. La mayor parte de ellos hacen referencia a la subsanación de deficiencias en la higiene, la salubridad, la seguridad, el trato o la salud de los inmigrantes internados en ambos CIE.
En el actual auto, la juez solicita que se suscriba un acuerdo con el Colegio de Abogados de Cádiz para que exista un Servicio de Orientación Jurídica y que se creen buzones para las ONG que visitan el centro, el juzgado de control y la dirección. En cuanto a la seguridad, la jueza determina que se aumente el número de cámaras de vigilancia, que se cree un registro en el que consten las quejas y peticiones realizadas por los internos. No es el único registro a crear. La jueza ha ordenado “la creación de un registro de las separaciones temporales o del uso de otros medios de contención, como la fuerza física o el uso de grilletes en donde conste la hora de inicio y finalización y los motivos de la misma”. Además, establece que los servicios médicos de las instituciones deben remitir los partes de lesiones directamente al juzgado “o en su caso, en sobre cerrado a la dirección para su remisión a la autoridad judicial”.
El documento concentra buena parte de las críticas en la urgencia de mejorar las instalaciones en las que viven los internos. Así solicita la construcción de espacios lúdicos comunitarios, la supresión de rejas en las habitaciones y el acceso de luz natural a las mismas con accesos al exterior. Igualmente, determina que es necesario la instalación de duchas en parte de las habitaciones y de climatización en las instalaciones donde viven los internos. En el caso del centro de Tarifa, la magistrada establece que es necesario acabar con la masificación denunciada en anteriores ocasiones y eliminar los cuartos de más de tres personas. En los mismos espacios considera que se tienen que instalar en cada uno duchas y retretes, en lugar del uso del actual agujero realizado en el suelo para defecar (conocido como retrete turco) que ya han denunciado, en reiteradas ocasiones, tantos las ONGs como el Defensor del Pueblo.
Sin retretes
De hecho, el auto se basa en una visita realizada el pasado 14 y 15 de febrero por el Defensor del Pueblo y cuyos informes fueron remitidos al juzgado. En ellos, se establecían hasta 42 criterios a subsanar en ambas instalaciones, buena parte de ellos recogidos ahora por la juez. Así, Barranco cree que es necesario adaptar el modelo de parte de lesiones “a los requisitos exigidos en el informe del Defensor del Pueblo sobre "los partes de lesiones de personas privadas de libertad”.
La salud y salubridad en los CIE de Algeciras y Tarifa también preocupa a la jueza que ha establecido la necesidad de que los internos cuenten con asistencia sanitaria las 24 horas del día. Considera que los servicios médicos de ambas instalaciones deben poseer “lo necesario para garantizar la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales”. Además, solicita que se aumente los kit de higiene con crema hidratante.
Para contrastar el correcto cumplimiento de los servicios subcontratados, la juez de instrucción determina que es determinante analizar “el grado de cumplimiento de los contratos que el Ministerio del Interior ha suscrito con empresas externas que prestan servicios en el centro, en concreto, con la empresa Albie (alimentación), Clece (limpieza), Clínica Madrid (sanidad) y OHL (mantenimiento)”. Considera también que hay que informar a los internos con boletines sobre “sobre violencia de género, trata de seres humanos, violencia sexual y habeas corpus”.
En el auto, la jueza recuerda a los directores de ambas instituciones y al propio ministro que los CIE “no tienen un carácter penitenciario”. Para ello, en los razonamientos jurídicos (en los que legitima también la labor de control del Defensor del Pueblo) se recuerda los derechos generales de los internos y, concretamente, la posibilidad de usar teléfonos móviles. Por ello, en su nuevo expediente, la magistrada determina que se debe garantizar “que todos los internos puedan tener la posesión tanto de sus teléfonos móviles como los útiles para la carga y uso de los mismos, y realizar llamadas al exterior y recibir llamadas del exterior, al menos durante un periodo mínimo de cuatro horas diarias”. En consecuencia, recuerda también que se deben retirar las mamparas de cristal y hierro en la sala de visitas y la necesidad de construir una zona de visitas en el centro de Tarifa.
Tal y como han explicado desde el propio Juzgado, contra esta resolución no cabe recurso alguno. Ahora está por ver si el Ministerio y los propios directores atienden esta nuevo que se suma a las reiteradas peticiones de asociaciones, ONG y el Defensor del Pueblo que llevan años denunciando las deficiencias de ambos centros.
Sobre la firma
