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Acuamed, la empresa pública dirigida por imputados

Seis investigados por el juez Velasco por el millonario fraude en obras hidráulicas de Acuamed han sido confirmados recientemente en sus cargos directivos

Registro de la Guardia Civil en las oficinas de Acuamed.
Registro de la Guardia Civil en las oficinas de Acuamed.

Las aguas siguen revueltas en la empresa pública Acuamed, epicentro del presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos de obras hidráulicas que investiga la Audiencia Nacional desde 2015. Los 83 empleados de esta compañía dependiente del Ministerio de Agricultura y los cien millones de presupuesto que gestiona están en manos de varios directivos que permanecen imputados por el juez Eloy Velasco. Entre ellos hay dos directores y tres gerentes, que han sido recientemente reconfirmados en sus puestos. EL PAÍS ha intentado en las últimas semanas recoger la versión de la empresa y los directivos, pero todos declinaron hablar.

La compañía cuenta desde noviembre con un nuevo director general, el ingeniero Francisco Batarech. Fue nombrado diez meses después de que el anterior, Arcadio Mateo del Puerto, fuera detenido y encarcelado como presunto cabecilla de la trama y cesado de manera fulminante. Sin embargo, sólo un escalón por debajo de Baratech, el organigrama de Acuamed muestra varios cargos directivos ocupados por personas investigadas (la antigua figura del imputado).

La organización que recientemente ha aprobado el Consejo de Administración de Acuamed sitúa justo debajo del nuevo director general a tres directores. Dos de ellos están imputados. Uno es el de Administración y Finanzas, Carlos Anibarro. El otro, Juan García Cuenca, responsable de la Asesoría Jurídica. Este último es, precisamente, el encargado de contestar los requerimientos de información que hace el juez Velasco a la compañía.

Pese a ello, cuando el 12 de febrero de 2016 compareció ante el magistrado para declarar como investigado, García Cuenca se acogió a su derecho a guardar silencio. “No voy a declarar hasta que se levante el secreto del sumario”, le dijo al magistrado cuando éste lanzó su primera pregunta. Velasco mostró su enfado por la falta de colaboración. García Cuenca también representa a la empresa en los pleitos laborales que ésta mantiene con las ingenieras Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, despedidas por ayudar a destapar el escándalo, según destacó el juez Velasco en un auto.

Tres directivos más en su casa y dos represaliadas

En mayo del año pasado, el juez Velasco ordenó a Acuamed enviar a sus casas a tres directivos de la empresa detenidos durante la Operación Frontino a los que había enviado a prisión y que, al ser excarcelados tras pagar las fianzas, habían sido readmitidos. Se trataba de Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su arresto como presunta número 2 de la trama, Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, gerentes de Contratación y de la cuenca del río Jucar, respectivamente.

El juez reconoció entonces que no se les podía despedir, ya que la presunción de inocencia lo impedía hasta que hubiera sentencia firme. Sin embargo, consideraba un peligro para la investigación que desde sus puestos de trabajo tuvieran acceso a documentación de la empresa. Desde entonces, ninguno de los tres han vuelto a trabajar en la compañía, aunque siguen cobrando el sueldo.

Durante este tiempo, la sociedad estatal ha sido condenada a readmitir a Gracia Ballesteros, una de las ingenieras despedida por negarse a participar en las irregularidades y que denunció los hechos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó en febrero que su despido fue nulo. Sin embargo, el Consejo de Administración de Acuamed ha decidido no readmitirla y llevar el pleito hasta el Supremo. El juicio de la otra represaliada, Azahara Peralta, se celebrará en noviembre después de que la vista fijada para enero fuera suspendida.

Un gestor financiero

Anibarro, por su parte, está imputado por facilitar la contratación de los servicios del gestor financiero Francisco José López Berrocal. Pese a que Acuamed tenía y tiene su propio departamento financiero, el que dirige Aníbarro, Arcadio Mateo quiso contratar a López Berrocal para que gestionara unos fondos públicos de 500 millones obtenidos gracias a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Anibarro, en contra de la opinión del director del departamento jurídico, Javier Moya, apoyó esa contratación, según se desprende de un informe de la Guardia Civil aportado al sumario del caso.

Por debajo de los dos directores antes mencionados, Acuamed ha confirmado a tres gerentes también investigados. Uno de ellos es Jaime de Miguel, que lleva una gerencia territorial, la del río Segura. Un informe de la Guardia Civil asegura que él, Arcadio Mateo y otros dos directivos imputados ayudaron al considerado por el juez como el principal corruptor de la trama, Nicolás Steegmann, directivo de la constructora Altyum Proyectos y Obras. El documento policial recalca que De Miguel y el resto “estarían supeditados a los intereses” de Steegmann respecto a una de las obras investigadas, el contrato de Cerro Colorado. Todos mantenían “las reuniones que fueran necesarias con otros funcionarios” e informaban “puntualmente” al empresario.

El segundo es Raúl Zeid, ahora en la gerencia de Estudios y Proyectos, que participó en dos contratos bajo sospecha firmados por Acuamed, el del Cerro Colorado y el del Río Serpis. Un informe de la UCO concluye que Zeid era una de las personas de confianza de Arcadio Mateo y estaba al tanto de las reclamaciones que había hecho Steegmann en la obra de Cerro Colorado. Finalmente Acuamed pagó 490.000 euros a la empresa Altyum en concepto de certificación de forma indebida. Según los agentes, Zeid habría actuado para “enmascarar y justificar el pago”.

El tercero, Jaime García, fue nombrado en 2014 gerente territorial de la cuenca del Júcar en sustitución de una de las ingenieras represaliadas. El juez Velasco desestimó el pasado enero retirarle la imputación al considerar que tuvo conocimiento de las irregularidades investigadas en la obra de Rambla Gallinera, en la que firmó el modificado “cuyo contenido desvirtuaría y ocultaría justificaciones para evitar y dificultar que se detecten posibles dudas o indicios de irregularidades”. También la del río Serpis, donde aprobó una liquidación que el magistrado considera “fraudulenta”.

La mujer de Steegmann, Enriqueta Arconada, es la sexta directiva imputada en su condición de jefa de prensa de Acuamed. La investigación ha permitido destapar que Arconada estuvo presuntamente vinculada a una empresa de comunicación a la que dio a dedo dos trabajos de “consultoría estratégica” que, según destaca el juez Velasco, “nunca se llegaron a realizar”. El magistrado ha imputado al empresario Edgardo-Ramón Zunini por pagar una comisión a la empresa vinculada a la jefa de prensa presuntamente a cambio de una adjudicación.

Beneficio personal

 La UCO envió al juez en octubre pasado un completo informe sobre las actividades de Arconada, a la que la calificaba de “administradora de hecho” de la empresa 2 y 2 Comunicación, pese a que su nombre no aparece en el Registro Mercantil. Según dicho documento policial, Arconada tenía relación con otra empresa, y usaba ambas “en su beneficio personal” concediéndoles contratos desde su puesto como responsable de comunicación. Los agentes afirman también que utilizó la buena relación de su marido, Nicolás Steegmann, con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para progresar en la empresa pública.

El informe destaca que Arconada entró en Acuamed como secretaria y, sin tener estudios de periodismo, consiguió llegar a ser responsable de comunicación. En este sentido, la UCO detalla que incluso utilizó empresas que trabajaban para Acuamed para “que le realizaran trabajos universitarios que posteriormente presentaría como suyos y así poder graduarse con éxito”. En una de las conversaciones grabadas por los agentes, Arconada le dice a su marido que, si le va a costar dinero pedirle a Mateo que la suba de categoría, que no lo haga.

investigacion@elpais.es