Carmena demanda a la empresa beneficiada por un ruinoso contrato de la época de Dancausa

El Ayuntamiento de Madrid que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) presentará este viernes una demanda contra la firma Merca Ocio Hoteles 22 SL. Se trata de una sociedad que se benefició de un contrato que ha causado un agujero de 623.000 euros anuales en la empresa municipal Mercamadrid.

El acuerdo bajo sospecha se firmó cuando la máxima responsable de Mercamadrid era la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa (PP). La Fiscalía de Madrid denunció en abril por "delito societario" en relación con estos hechos a Dancausa y a otros 15 responsables de Mercamadrid y Mercasa.

Mercamadrid, una sociedad que gestiona el mayor mercado mayorista de España, cedió en 2013 unos terrenos municipales a Merca Ocio Hoteles 22 SL. Y, en lugar de cobrar por ello, acabó pagando 623.000 euros anuales. Un contrato ataba a las partes hasta 2032. En total, más de 11 millones de euros del erario público.

“La operación no puede ser más desastrosa desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento de Madrid, ya que a cambio de nada se obliga sin posibilidad de desistimiento a pagar al arrendatario 623.000 euros durante 19 años”, recoge esta demanda.

La demanda pide que se declare nulo el contrato firmado en noviembre de 2013 entre la empresa pública que gestiona el mercado mayorista y Merca Ocio Hoteles 22 SL por “simulación voluntaria”. También reclama al arrendatario que devuelva cerca de tres millones de euros como “daños y perjuicios”.

Mercamadrid adjudicó un terreno a la empresa Merca Ocio Hoteles 22. Las cláusulas del contrato establecían que, si el Consistorio daba marcha atrás, tendría que pagar esa cantidad de una sola vez: 11 millones de euros. El Ayuntamiento, entonces del PP, abona 41.500 euros al mes hasta 2032 para evitar una denuncia por no dejar levantar un hotel en los terrenos públicos cedidos.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó el pasado abril una denuncia contra Dancausa y otros 15 responsables de Mercamadrid y Mercasa por un delito societario (artículo 295 del Código Penal). Se nutrió de un informe de 28 páginas elaborado por el equipo de Carmena. El documento consideraba "desproporcionado y abusivo" el contrato de la discordia.

El informe municipal fue elaborado por un abogado del Estado en excedencia. Y se preguntaba cómo es posible que un suelo municipal por cuya cesión Mercamadrid debería percibir 128.000 euros al año hubiera causado un agujero. Cuando EL PAÍS adelantó el documento que cuestionaba la controvertida operación, Dancausa aseguró que el acuerdo "fue legal" y que se adoptó por unanimidad en el consejo de administración.