España no permitirá que Gibraltar haga “competencia desleal” tras el ‘Brexit’
Un informe de Exteriores califica de "injustificado privilegio" el estatuto del Peñón en la UE
La decisión del Consejo Europeo del pasado día 29, que aprobó las directrices de la negociación del Brexit, de condicionar cualquier futura relación entre Gibraltar y la UE a un acuerdo previo entre el Reino Unido y España, ha otorgado a esta última un poder de veto sin precedentes sobre la colonia. A la hora de ejercer esa facultad, España se ha trazado sus líneas rojas. Entre ellas, que no admitirá un acuerdo que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español. Así lo asegura el informe sobre la salida de Londres de la UE que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso.
España es partidaria de un Brexit soft: quisiera que el futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE, cuando se consume la salida, se pareciera como una gota de agua al actual statu quo,aunque es consciente de que la decisión de abandonar el Mercado Único y la Unión Aduanera y de poner coto a la libre circulación de trabajadores impondrá diferencias que quisiera minimizar.
Una relación favorable a España
Reino Unido es el cuarto mercado de bienes españoles y el primero en servicios. En 2015, la balanza de bienes fue favorable a España en más de 5.600 millones de euros. En 2014, el superávit en servicios superó los 7.000 millones de euros.
Primer destino de las inversiones españolas en el exterior, con un stock de 62.117 millones de euros en 2014.
Primer emisor de turistas a España, con 16,9 millones de visitantes en 2016.
Pero si hay una situación que no desea perpetuar bajo ningún concepto es la relación actual con Gibraltar. El informe Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretaría de Estado para la UE y al que ha tenido acceso EL PAÍS, deja claro que “Gibraltar es una cuestión de Estado” y que el régimen especial del que goza la colonia “es una condición que España tuvo que aceptar en su momento [1986] para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas”, ya que el Reino Unido ingresó en 1973. En estas tres décadas, el estatuto del Peñón “ha derivado en una situación de injustificado privilegio”.
El documento recuerda que Gibraltar disfruta de las cuatro libertades (libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales), pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legislación británica, por lo que “ha desarrollado un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal”.
Tras recordar que el Peñón no forma parte del Reino Unido —es un territorio sujeto a descolonización cuyas relaciones exteriores dependen de Londres— y que la aplicación a Gibraltar de un futuro acuerdo entre las autoridades británicas y la UE requerirá del visto bueno del Gobierno español, el informe deja claras cuáles serán sus líneas rojas: “España no puede aceptar que la UE negocie con el Reino Unido una relación que [no sea] compatible con la posición española sobre la reivindicación territorial, que [no] respete los intereses españoles, de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y que [no] impida una situación de competencia desleal con el territorio español”.
Sin embargo, lo inmediato y prioritario será negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en la UE. Según datos oficiales (las estimaciones son muy superiores), más de 102.000 españoles residen en el Reino Unido (50.000 dados de alta en la Seguridad Social) y 286.000 británicos en España (105.000 pensionistas).
“España mantiene que la mejor solución sería mantenerse lo más cercano a la letra o al espíritu de la actual legislación”, sostiene el informe, aunque reconoce que ello choca con la intención británica de frenar la llegada de europeos, imponiendo un sistema de cuotas o limitando su acceso a prestaciones sociales.
Mantener los intercambios comerciales
“El objetivo de España [en el futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas] es mantener los actuales flujos económicos con el Reino Unido y que no se introduzcan barreras (arancelarias y no arancelarias) a los productos españoles”, señala el informe. Un motivo de preocupación es el riesgo de que productos agrícolas europeos sean sustituidos por terceros países. También advierte de la necesidad de negociar un nuevo acuerdo de pesca con Londres y la conveniencia de mantener “las normas actuales en áreas esenciales para el sector turístico”.
Derechos de los residentes
Aunque la Comisión ha advertido de que jurídicamente no hay derechos adquiridos, España aboga porque en el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas “se reconozcan la totalidad de los derechos que ahora tienen los nacionales residentes en virtud de la legislación comunitaria”. Esos derechos serían aplicables a los ciudadanos y sus familiares que estuvieran residiendo en territorio de la otra parte “en la fecha de corte que se decida, que debería ser la de la retirada del Reino Unido de la UE”. Inicialmente, el 29 marzo de 2019.
España no solo defiende —como ya se recoge en las directrices del Consejo Europeo— que se garanticen los derechos de los actuales residentes permanentes (los que llevan más de cinco años), sino que reclama “un acuerdo sobre los derechos de los residentes temporales (los que llevan más de tres meses), que tienen una expectativa de acceder a la residencia permanente”.
El informe critica el procedimiento aplicado por las autoridades británicas para acreditar los periodos de residencia, al señalar que “debería ser tan ágil y transparente como sea posible”, por medio de pruebas documentales fáciles de obtener y que “puedan incluso expedir, en su caso, las autoridades nacionales”.
Respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, aboga por “mantener el actual modelo de reconocimiento de prestaciones” [los británicos causan un gasto sanitario en España de más 250 millones anuales y reciben unos 650 millones en pensiones] y subraya la necesidad de “preservar esos mismos derechos para los [más de 7.000] trabajadores transfronterizos en Gibraltar”.
El futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE no estará antes de 2023
El acuerdo que regulará las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE no estará en vigor antes de 2023, varios años después de que se haya consumado el divorcio. Así se deduce del informe remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Congreso, que recuerda que “la Comisión [Europea] prevé un periodo de negociación de nuevos acuerdos de entre cinco y siete años” y pone el ejemplo del CETA recientemente firmado con Canadá, cuya negociación se ha prolongado durante siete años.
Aunque el Reino Unido ha pedido que el divorcio y el futuro acuerdo se negocien simultáneamente, lo que permitiría ganar dos años, este planteamiento ha sido rechazado por el Consejo Europeo, que ha impuesto la negociación sucesiva. En una primera fase se negociarían los derechos de los europeos residentes en suelo británico (y a la inversa) y el llamado “cheque de salida” (el coste financiero del divorcio) y solo cuando haya “avances sustanciales” sobre las condiciones de una “salida ordenada”, se pasaría a discutir el futuro acuerdo comercial.
El grupo negociador (task force) de la UE que dirige el francés Michel Barnier —quien el próximo día 10 comparecerá ante el Congreso de los Diputados— espera obtener "suficiente avances sobre las principales cuestiones del acuerdo de retirada en el curso de 2017". Si este cálculo, que parece demasiado optimista dada la complejidad de los temas a tratar (especialmente la deuda financiera de Londres), se cumple, el año próximo podría arrancar la negociación del futuro acuerdo. Antes, el Consejo Europeo deberá aprobar sus directrices, como ya ha hecho con las del divorcio.
La demora en la entrada en vigor del futuro acuerdo —que probablemente deberán ratificar los Parlamentos de los 27— ha llevado a la UE a prever un “periodo transitorio”, que debería ser “claramente definido y limitado en el tiempo”, aunque nadie sea capaz de prever cuánto.
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