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PP y PSOE dejan en el limbo la nueva ley de Secretos Oficiales

La reforma de la norma franquista no se ha empezado a tramitar más de cinco meses después de admitirse a trámite

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid).
Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid).

El pleno del Congreso aprobó el pasado 29 de noviembre la toma en consideración de una proposición de ley de reforma de la ley de Secretos Oficiales de 1968 impulsada por el PNV. Sin embargo, más de cinco meses después, la actualización de esta ley franquista, que todo el mundo reconoce que está obsoleta, ni siquiera ha iniciado su tramitación. El PP y el PSOE la mantinen en el limbo al prorrogar cada semana, en la Mesa del Congreso, el plazo de enmiendas. El desinterés político puede frustrar una medida imprescindible para los historiadores.

La prueba de que la ley de Secretos Oficiales no es una prioridad es que su reforma lleva casi cuatro décadas de retraso y ha convertido a España en uno de los pocos países que no tienen un procedimiento automático de desclasificación de documentos pasado un periodo de tiempo, que el texto del PNV fijaba en 25 años para las materias secretas y 10 para las reservadas.

En España los secretos son eternos —salvo que haya un acto expreso de desclasificación— lo que obliga a los historiadores a recurrir a archivos extranjeros para documentar episodios de la propia historia.

Archivo cerrado a los investigadores

M.G.

El Ministerio de Exteriores transfirió en septiembre de 2012 al Archivo General de la Administración (AGA) 40.000 cajas y legajos que hasta entonces podían ser consultadas en el propio departamento. Casi cinco años después, esta documentación sigue sin ser de acceso público.

Aunque en teoría se trataba de un cierre temporal (mientras se inventariaban los fondos), “el trabajo avanza lento dadas las importantes limitaciones de medios que padecemos”, según alegan los responsables del AGA. Los investigadores solo pueden acceder a documentos ya citados en obras publicadas, si tienen la referencia del legajo y expediente, pero no a fuentes inéditas.

A esta dificultad material se suma el acuerdo del Consejo de Ministros de  octubre de 2010, que declaró secreta la práctica totalidad de la documentación diplomática. Los únicos fondos dispobibles, en el Archivo Histórico Nacional, son los que van del siglo XVI al año 1931. Como en tiempos de Ramón y Cajal, investigar en España sigue siendo llorar.

Al contrario que las proposiciones no de ley, que carecen de efectos legales, las proposiciones de ley modifican la legislación. Por eso, investigadores e historiadores saludaron en noviembre pasado la admisión a trámite de una iniciativa del PNV que por fin abría la puerta a modificar una ley que data la dictadura, con retoques preconstitucionales (octubre de 1978).

Con lo que no contaban era con los vericuetos del reglamento del Congreso. Proyectos y proposiciones de ley disponen de un plazo de presentación de enmiendas tras el cual se forma la ponencia que debe debatirlas en la correspondiente comisión; en este caso la Constitucional. Basta con que dos grupos parlamentarios pidan la ampliación de este plazo, sin necesidad de esgrimir ningún motivo, para que se amplíe una semana.

Desde que acabó el plazo ordinario de la Ley de Secretos Oficiales, el pasado 6 de febrero, PP y PSOE —a veces con el respaldo de otros grupos— han pedido doce prórrogas sucesivas de una semana de duración cada una, la última hasta el 8 de mayo.

Como no hay un límite máximo de prórrogas, la proposición podría quedarse bloqueada indefinidamente, hasta que decayera por disolución de las Cortes.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, considera “sorprende” esta actitud; sobre todo por parte del PSOE, que apoyó la admisión a trámite de la proposición. Alega que lo habitual es pedir dos o tres prórrogas, pero no una docena, como es el caso, y denuncia el “embalsamiento” de su iniciativa, bloqueada en la Mesa del Congreso. “Por no pensar mal, la única explicación que se me ocurre es que el PP le haya dicho al PSOE que va a presentar un proyecto de ley sobre el mismo tema y quiere negociarlo con él”, explica. Esteban sospecha que existe “una acción coordinada” de PP y PSOE para bloquear propuestas sobre asuntos sensibles, como Interior y Defensa. “No sé lo que hay, pero a los hechos me remito”, concluye.

Fuentes socialistas sostienen que que no tienen interés en retrasar la tramitación de la iniciativa pero admiten que, al no ser suya, se suman automáticamente a la petición de prórroga.

De su lado, el PP, que se abstuvo en la votación de la propuesta, descarta que el Gobierno vaya a presentar un proyecto de ley, aunque admite su intención de “darle la vuelta” a través de enmiendas. “En su momento hablamos con el PSOE de la necesidad de llegar a un pacto que incluya al mayor número de grupos, pero no hemos vuelto a tratar el asunto”, sostienen fuentes gubernamentales. Respecto al retraso, lo atribuyen al hecho de que haya habido otras prioridades, que han impedido abordarla hasta ahora.

Lo cierto es que las perspectivas a medio plazo no son halagüeñas: la tramitación de los presupuestos generales del Estado copará la actividad parlamentaria en los próximos meses y no será fácil encontrarle un hueco.

La recientemente fallecida Carme Chacón preparó durante su etapa al frente del Ministerio de Defensa la desclasificación de 10.000 documentos, pero esta medida fue descartada por su sucesor, Pedro Morenés.

A ello se suma un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que declaraba secretos prácticamente todos los informes del Ministerio de Exteriores. El anterior jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, prometió en agosto de 2013, en una carta al profesor Carlos Sanz Díaz, que el Gobierno cambiaría este acuerdo para permitir “un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas excepciones”. Nunca lo hizo.

 

 

 

 

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