La falta de acuerdo permite a 30 diputados tener trabajos privados sin autorización
El Congreso no encuentra cómo desbloquear el informe de compatibilidades de los diputados
El Congreso no encuentra cómo desbloquear el informe de compatibilidades de los diputados. Nueve meses después de iniciarse la legislatura se vive la situación insólita de que aún no ha sido aprobado el documento que permite a los parlamentarios compatibilizar el escaño con trabajos privados remunerados. Y más de 30 parlamentarios reciben ingresos ajenos al Congreso sin la autorización legal y preceptiva e incumpliendo los requisitos de la ley. El PSOE exige en solitario que se compruebe la veracidad de las declaraciones.
El informe llegó a salir de la Comisión del Estatuto del Diputado, sin apoyo del PSOE, y debió ser aprobado en un pleno del mes de marzo, pero a última hora se sacó del orden del día a instancias de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por falta de acuerdo.
El texto volvió a la Comisión del Estatuto del Diputado donde se encuentra bloqueado y sin que se haya encontrado aún solución.
El diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo mantiene que no debe aprobarse sin pedir a unos treinta diputados explicación de las actividades para las que piden autorización. Entiende el portavoz del PSOE en la Comisión que el Congreso debe rectificar la manera de actuar de todo el periodo democrático y empezar a controlar las actividades que declaran los parlamentarios.
Desde el inicio de la democracia, la Cámara se limita a recibir las declaraciones de cada diputado, con compromisos como no recibir sueldos públicos o no contratar con ninguna administración o con bancos y entidades de crédito, pero no verifica si son ciertos. Incluso, no sanciona a diputados sobre los que se comprueba que hay datos no coincidentes o erróneos como ocurrió en otras legislaturas con Miguel Arias Cañete, hoy comisario europeo, o Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, entre otros.
La ley electoral solo prevé autorización automática para actividades vinculadas a la gestión política o la docencia, pero en todo caso deben ser autorizadas por el pleno del Congreso. El PSOE ya se abstuvo en comisión e iba a votar en contra en el pleno, lo que no había ocurrido nunca antes. El anterior líder socialista, Pedro Sánchez, estableció en la anterior legislatura que ninguno de sus diputados tuviera actividades que no fueran la docencia o la creación literaria que están expresamente admitidas.
Los socialistas exigieron que se llamara a cada uno de los 30 diputados con actividades cuestionadas para que explicaran los detalles ante la Comisión del Estatuto. Es decir, no se trataba de rechazarlas de plano, sino de controlarlas y restringirlas, pero el resto de partidos, PP, Podemos y Ciudadanos lo rechazó y aprobaron el informe.
Incluso, alguno de los partidos planteó a la presidenta del Congreso una votación separada en el pleno sobre cada uno de los diputados. Pastor expresó a los portavoces su rechazo a esa posibilidad y por eso se optó por devolver el informe a la comisión. Ninguno de los dos nuevos partidos ha querido modificar el sistema tradicional que se basa en la confianza plena en lo que declara el diputado.
En esta extraña situación, hay diputados que compatibilizan el escaño con diferentes actividades sin que se haya cumplido el mandato legal de pasar por la autorización del pleno del Congreso. Una especie de alegalidad, porque no se ha cumplido el trámite previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
El artículo 160 señala que “los diputados y senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”.
Y “el Pleno de la Cámara resolverá sobre la posible incompatibilidad, a propuesta de la Comisión correspondiente, que deberá ser motivada y, en el supuesto de actividades privadas, basarse en los casos previstos en el número 2 del artículo 159, y, si declara la incompatibilidad, el parlamentario deberá optar entre el escaño y el cargo, actividad, percepción o participación incompatible. En el caso de no ejercitarse la opción, se entiende que renuncia al escaño”.
Se incumple el plazo establecido por el artículo 19 del Reglamento del Congreso que señala que “la Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidades de cada Diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de diputado o de la comunicación, que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades”.
El asunto que ocupa a la presidenta del Congreso, según fuentes próximas a Pastor, es aún más delicado por los nombres afectados y las actividades que se están desarrollando. Por ejemplo, la lista de cuestionados incluye a Teófilo de Luis del PP, que pide autorización para “asesoría de empresas”.
Los de Unidos Podemos cuestionados por el PSOE están encabezados por Pablo Iglesias que declara “charlas, talleres de carácter docente, conferencias, programas de televisión con o sin remuneración, presentador y director del programa de televisión Fort Apache”. Los socialistas aseguran que no rechazan esa actividad, pero quieren que Iglesias explique la situación de esa empresa y su propiedad. Carolina Bescansa declara “elaboración de estudios mediante contratos de investigación y/o consultoría” y el PSOE quiere conocer qué trabajos realiza y para quién.
Los cuestionados de Ciudadanos son Miguel Ángel Garaulet, “administrador único de Garaulet y Asociados, consultoría”; Félix Álvarez, actor; Diego Clemente, perito judicial y arquitecto; Elena Faba, “administradora de DTV Comunicación y estrella Digital, entre otras” y Toni Cantó, actor.
El propio presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Leopoldo Barreda del PP, declara un despacho de abogados y votó en contra de la petición del PSOE de exigir explicaciones a los afectados.
