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De la Mata propone investigar en Gürtel a una diputada autonómica del PP madrileño

Josefa Aguado adjudicó irregularmente una actividad escolar en Arganda del Rey a las sociedades de Correa

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en una foto de archivo.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en una foto de archivo.Mónica Torres

El caso Gürtel le abre un nuevo frente político al PP, en este caso al de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado este lunes una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que propone investigar por prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos a la diputada autonómica del PP María Josefa Aguado del Olmo.

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El magistrado aprecia que esta parlamentaria “habilitó los trámites administrativos” que permitieron abonar a las empresas de Francisco Correa las facturas de la celebración, en abril de 2007, de las X Olimpiadas Escolares de Arganda del Rey, municipio en el que la aforada trabajó como Jefa de Deportes municipal. La adjudicación a Correa de esta actividad fue de 89.000 euros, a los que hay que sumar otros 83.000 por "encargos extra" eludiendo los trámites legales.

El montante fue dividido en siete facturas de 12.000 euros para evitar tener que sacarlo a concurso. Estas facturas fueron validadas y certificadas por la ahora diputada Aguado del Olmo “pese a la evidente simulación y a la duplicidad de conceptos” en algunos casos, señala De la Mata.

Según el magistrado, la "privilegiada posición" que ostentaba Aguado junto a otras personas no aforadas en la Sociedad de Fomento de Arganda, le daba “competencias muy relevantes en el área de contratación pública”. De la Mata considera que los investigados, entre los que se encuentra Aguado “organizaron el proceso de contratación de forma que se asegurara que el contrato se adjudicara conforme a los designios de la banda” de Correa.

El juez sostiene que los responsables de Easy Concept, la empresa de Correa y los funcionarios públicos, entre ellos Aguado del Olmo, “idearon y pusieron en marcha un mecanismo fraudulento para conseguir el cobro”. Este consistía en “fragmentar el contrato y simular que era cierto lo que no lo era”. “Su arbitrariedad fue patente y grosera, y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, sostiene De la Mata.

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En la llamada “Segunda Época” del caso Gürtel, que todavía se encuentra en fase de investigación, se han hallado indicios de que desde 1999 Correa abonó comisiones a distintos cargos del Ayuntamiento de Arganda, entre ellos al alcalde Ginés López (545.000 euros) y al teniente de alcalde y exdiputado regional Benjamín Martín Vasco (363.000 euros) por la adjudicación de contratos a sus sociedades y por facilitar pelotazos inmobiliarios. Los expedientes se tramitaron bien directamente por el Ayuntamiento bien a través de la empresa municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, que otorgó 26 contratos a la red Gürtel por un total de 995.000 euros.

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