El PP analizará la denuncia por presuntas “irregularidades” en la elección de la dirección en Cantabria
Decenas de cargos cántabros piden en la sede nacional la suspensión de la dirección local
El Comité de derechos y garantías del PP estudiará en los próximos días la carta que entregaron el martes en la sede nacional una cincuentena de cargos del partido desplazados desde Cantabria, que piden que se investiguen presuntas "irregularidades" en la elección de la nueva dirección regional y que esta sea suspendida mientras tanto. María José Sáenz de Buruaga se impuso por solo cuatro votos a Ignacio Diego en el Congreso autonómico de marzo. El texto entregado en Génova es apoyado por militantes, concejales, alcaldes, diputados autonómicos y senadores nacionales, según sus promotores. Por su parte, la dirección nacional defiende la limpieza del proceso y su apoyo a Buruaga.
La elección del presidente del PP de Cantabria contó con dos vueltas en las que podían votar todos los afiliados al corriente de pago. En la primera, Diego obtuvo 1.568 votos de los afiliados, frente a los 1.414 de Buruaga. En la segunda, la actual presidenta sumó cuatro sufragios más que el presidente saliente. ¿Qué supuestas "irregularidades" denuncian los firmantes de la carta? Que una única cuenta presuntamente pagó 491 cuotas de otros tantos afiliados para decantar el proceso electoral. Este diario contactó con el PP de Cantabria para conocer su versión, sin obtener respuesta.
Génova no tiene dudas sobre la victoria de Buruaga, según fuentes de la dirección nacional del PP, que recuerdan que las supuestas irregularidades eran conocidas antes de votar, que el comité organizador las rechazó y que tampoco los ahora denunciantes pidieron entonces que se tomara ninguna medida. Estos interlocutores piden respetar el resultado de la votación. El escrito entregado en la sede nacional será analizado por el comité de derechos y garantías mientras los consejeros de Mariano Rajoy intentan cerrar las heridas abiertas por el proceso electoral.
"Tras lo vivido en el Congreso Regional, muchos alcaldes, parlamentarios, compromisarios y afiliados pensaron en darse de baja", resume la carta-denuncia, que entregó en Génova Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura en Cantabria durante la pasada legislatura. "Hemos podido detenerlos con el compromiso de que el partido investigará los hechos denunciados", asegura ese texto. "Desde la actual dirección del partido en Cantabria se nos acusa de hacer daño a la imagen pública del partido. Pues bien, opinamos lo contrario: el daño no lo hace quien denuncia, sino quien tapa u oculta modos de proceder poco honrados", sigue. "La historia reciente de nuestro partido nos ha enseñado que quienes hacen daño al Partido Popular son aquellos que consideran que el fin justifica los medios. No podemos permitir que nos dirija quien está y quiere seguir estando, pues se opone a la investigación, bajo sospecha".
“Lamentamos mucho que esta sea la respuesta de los seguidores de Ignacio Diego a la mano tendida de la Presidenta Sáenz de Buruaga y del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria”, dijo como respuesta María José González Revuelta, secretaria autonómica. “Las personas que no reconozcan a la Dirección se situarán a sí mismas al margen de los procedimientos democráticos internos y de la lealtad que deben a todos sus compañeros, y deberán responder de sus decisiones ante las instancias correspondientes”, prosiguió en un comunicado. “Si la respuesta de Ignacio Diego y sus partidarios a la oferta de mano tendida es tratar de destruir el partido como organización, que nadie dude de que actuaremos con la normativa y con toda la voluntad de impedir semejante desatino”, indicó.
Preguntado por este diario, Solanas consideró que tras ese razonamiento se esconde una amenaza de expulsión para los firmantes. Y advirtió: si la dirección del PP no investiga la polémica, acudirán a los tribunales.
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