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Los servicios sociales retiran la tutela a la burgalesa de 64 años que tuvo mellizos

Los niños se encuentran ya bajo la custodia de los trabajadores del Gobierno regional

Mauricia Ibáñez, de 64 años de edad con sus dos hijos recién nacidos. ATLAS

Los servicios sociales de Burgos han retirado este pasado jueves la tutela de sus dos hijos mellizos a Mauricia Ibáñez, la burgalesa de 64 años que dio a luz el pasado 14 de febrero. Según han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León, se han detectado "indicios de desprotección" y se ha declarado la "situación de desamparo" de los pequeños, que ya se encuentran bajo custodia de los trabajadores de la comunidad autónoma. En 2014, el Gobierno regional también le quitó por los mismos motivos a su primogénita, a la que tuvo con 58 años.

Tras más de un mes en el hospital donde dio a luz, Ibáñez abandonó el centro médico el pasado 26 de marzo con sus dos hijos. Antes de marcharse a su piso de Burgos, firmó un acuerdo con los servicios sociales para contar con una persona de apoyo las 24 horas. "Todos los informes previos que habíamos hecho concluían que necesitaba una ayuda para la limpieza y cuidado de los niños", detalla la Junta de Castilla y León. Pero, diez días después, los técnicos concluyeron que existe "un riesgo" para los menores.

"Desde que se fue a su casa, un equipo multidisciplinar ha estado haciendo una labor de seguimiento. Y todos los informes concluyen que los mellizos necesitan protección en otro entorno", explica un portavoz de los servicios sociales de Burgos, que trabajan ahora "sin dejar de lado la posibilidad de una reunificación familiar": "Pero la obligación a corto plazo es que los dos estén con una familia de acogida".

La Policía acudió al domicilio de Ibáñez durante la tarde del pasado jueves, según ha explicado este viernes su abogado, Juan Carlos Sáiz. "Ella está desolada y muy traumatizada", relata el abogado, que remacha de inmediato: "Me dijo que, si la primera vez fue doloroso, en esta ocasión ha sido mucho peor".

"Si la primera vez fue dolorosa, esta ha sido mucho peor"

Pese a que la sexagenaria residía en Palacios de la Sierra, un pequeño pueblo de 750 habitantes a unos 70 kilómetros de Burgos, había decidido instalarse en un apartamento que tiene en la capital de la provincia desde que salió del hospital. Allí se encontraba con los mellizos cuando las fuerzas de seguridad llegaron para quitárselos. "Ella está desolada y muy traumatizada”, relata su abogado, que remacha de inmediato: "Me dijo que, si la primera vez fue doloroso, en esta ocasión ha sido mucho peor".

Los niños nacieron mediante cesárea. Su caso levantó polémica por su edad, porque ya le habían quitado a su primera hija y porque había sido incapacitada laboralmente por un trastorno psicológico. Ibáñez defiende, en cambio, su derecho a ser madre. “Tuve a mi niña y ahora la vida me ha dado por segunda vez la oportunidad de tener otros dos hijos”, dijo un mes después del parto. “Este milagro se ha producido gracias a la ciencia y a la medicina”, apostilló entonces.

"He decidido volver a ser madre porque la experiencia de tener a Blanca, mi primera hija, fue tan estupenda que yo me planteé: ¿Y si puedo tener más?", explicó la burgalesa en una entrevista concedida a EL PAÍS hace un mes. Ibáñez se había sometido en Estados Unidos a un tratamiento de reproducción asistida, que le permitió quedarse embarazada de mellizos. En cuanto nacieron, debido a los precedentes, la Junta anunció la puesta en marcha de un protocolo de "seguimiento permanente".

En 2014, el Gobierno regional le retiró la tutela de su primera hija a la sexagenaria, declarada incapacitada laboralmente por un trastorno paranoide de personalidad. Según constaba en una sentencia de la Audiencia Provincial, los servicios sociales concluyeron que la menor sufría "cierto aislamiento", vestía de forma "inadecuada", presentaba una "higiene deficitaria" y residía en una vivienda sin las "condiciones higiénicas mínimas y saludables".

Ibáñez lleva años intentando quedarse embarazada. En 2009, su hermana ya recurrió a los tribunales para que la declararan en "estado de incapacidad total", con el objetivo de que le retiraran el pasaporte y le prohibieran viajar al extranjero, donde había iniciado un tratamiento de fertilidad. El juez rechazó la demanda después de que los psicólogos concluyeran que su estado "no le impide cuidarse de sí misma, ni cuidar de un niño". "No le impide ejercer funciones maternales", apostillaron los técnicos en sus informes. Como ha adelantado La Tribuna de Burgos, los servicios sociales han determinado lo contrario. Por segunda vez.

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