Nuevo golpe policial al clan Blasco

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La policía ha lanzado este jueves una nueva operación contra la corrupción en Valencia en la que se ha incautado de documentación en la Consejería de Sanidad y en el Hospital General de Valencia, además de practicar nueve detenciones. La operación Osvaldos ha vuelto a golpear a la familia Blasco, un clan que gozó de gran influencia en la etapa de gobierno del PP y cuya gestión en el campo de la sanidad, la cultura y la cooperación al desarrollo engrosa ahora diversos sumarios judiciales.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) se han personado en el departamento de Sanidad, el Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia y una decena de empresas. La policía ha revisado expedientes de contratación de los años 2004 a 2014 referidos a un amplio abanico de adjudicaciones: desde el suministro de productos farmacéuticos a trabajos de ingeniería y arquitectura.

La llamada operación Osvaldos, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que mantiene las actuaciones secretas, está centrada en Sergio Blasco, director del Hospital general entre 1997 y 2014 y uno de los detenidos este jueves. La investigación se inició hace tres años con una denuncia de Esquerra Unida en la que apuntaba la existencia de una presunta trama en el centro hospitalario que habría captado, según sus cálculos, 30 millones de euros. La investigación está abierta por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, trafico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.

El de Sergio Blasco es el último capítulo de la caída de un clan familiar que llegó a ser muy influyente en la etapa del PP al frente de la Generalitat valenciana. Su tío, Rafael Blasco, fue consejero en siete departamentos distintos de la Generalitat, además de portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, y ahora cumple una condena de seis años en la cárcel de Picassent por malversar fondos destinados a la ayuda al desarrollo cuando era titular de Solidaridad y Ciudadanía.

La esposa de Rafael Blasco, Consuelo Ciscar, se vio privada la semana pasada del pasaporte después de que la magistrada que instruye el caso IVAM apreciara riesgo de fuga. Ciscar fue directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno entre 2004 y 2014, y la instructora le atribuye los delitos de malversación y falsedad por pagar sobrecostes en la adquisición de obras de arte y exponer piezas de su colección privada en el museo con el objetivo de que se revalorizaran.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia también retiró el pasaporte al hijo de Rafael Blasco y Consuelo Ciscar, Rafael Blasco Ciscar, conocido por su nombre artístico, Rablaci, por idéntico motivo. La juez cree que el artista plástico se benefició de la “trama” que dirigía su madre. Y que el museo hacía coincidir sus exposiciones en el exterior con las de Rablaci para costearlas bajo mano.

Rosa Pérez Garijo, diputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, ha afirmado que la operación policial de este jueves venía a confirmar las “sospechas” que llevaron a su formación a denunciar la gestión del Hospital General. Pérez Garijo fue también la denunciante del caso Taula. La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha enmarcado la actuación policial en “la peor época de la Comunidad Valenciana”.