España rechaza retener a los inmigrantes más de 60 días como pide Bruselas

España desoye, de momento, la petición de Bruselas y rechaza aumentar a medio año —ampliable a 18 meses— el plazo de reclusión de los inmigrantes que se encuentran en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la espera de su expulsión. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha defendido este martes el tiempo máximo de dos meses previsto por la legislación nacional: "Este [plazo] dice mucho de cómo pensamos que se debe tratar a la gente que llega a nuestro país". Las ONG exigen el cierre definitivo de estas instalaciones.

La postura que ha mostrado el Gobierno español, durante la comparecencia de Nieto en la Comisión de Interior del Parlamento, se produce después de que la Unión Europea manifestase el pasado jueves sus intenciones de intensificar las deportaciones de extranjeros. Según las cifras de la oficina estadística comunitaria Eurostat, la UE solo logra echar al 36% de los migrantes con órdenes de expulsión. Y, con el objetivo de elevar ese porcentaje, Bruselas trasladó a los 28 un documento donde reprochaba que ningún país contemple en su legislación los periodos máximos permitidos por la directiva de retorno.

Un informe que no gustó nada en el seno del gabinete de Rajoy, ya que su contenido no se había comunicado previamente a los Estados miembros, según explicaron fuentes del Gobierno, que afirmaron que el Ejecutivo rechaza elevar el tiempo máximo de reclusión. "La recomendación de Bruselas aboga por ajustar las legislaciones nacionales al periodo inicial máximo de internamiento de seis meses, que podría extender hasta los 18 meses. Ante eso, en nuestro país, el ordenamiento propio recoge un máximo de 60 días. Uno de los más bajos de toda la UE", ha incidido Nieto este martes.

"Europa sigue en el error de la mirada cortoplacista y en su obsesión de blindar las fronteras. Lamentamos la propuesta de Bruselas, que supone un paso más hacia la construcción del concepto de Europa como fortaleza", ha denunciado Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha remachado: "Esta medida no está tan lejos de las iniciativas de Trump al otro lado del Atlántico y que tanto criticamos".

España cuenta con siete CIE, por los que pasaron 6.930 personas sin papeles en 2015 —el 93,4% fueron hombres—. El 52% no acabó expulsado y salió finalmente en libertad. "Ampliar el plazo de internamiento es demencial. Supone ampliar el sufrimiento. Dos meses ya nos parece exagerado", ha apostillado Carmen Echeverría, responsables de visitas de Karibu, un colectivo que atiende a los subsaharianos en el CIE de Madrid: "El 90% de las personas que visitamos en 2016 han salido libres".

Numerosas ONG, así como Podemos, han exigido el cierre inmediato de estas instalaciones de reclusión, que funcionan como auténticas cárceles para personas que han cometido una infracción administrativa y que, además, presentan graves deficiencias en sus instalaciones. "Los CIE se han construido en centros antiguos. Era lo que había cuando se impulsaron", ha admitido Nieto, que ha expuesto que la Dirección General de la Policía está elaborando un plan de mejora de estos complejos.

"Hay fallos y tenemos que corregirlos. Debemos tener centros adecuados donde se atienda de forma adecuada a los internos y se garantice la función para la que nacieron", ha repetido el secretario de Estado. "En realidad, detrás de todo esto hay un reconocimiento de que los CIE no sirven para la finalidad para la que se crearon", ha apuntado Estrella Galán.

Silencio en Europa

En Francia, con un plazo máximo de internamiento de 45 días, no se ha producido todavía ninguna reacción del Ejecutivo a la petición de Bruselas. Al igual que ocurre en Italia, con un límite de tres meses —aunque casi nunca se cumple ese plazo y los inmigrantes suelen estar retenidos mucho más tiempo—. La situación en Bélgica es similar: el plazo máximo es de dos meses, pero ampliable, donde los sin papeles pueden permanecer recluidos hasta ocho meses cuando concurren "motivos de orden público o seguridad nacional"; su Gobierno tampoco se ha pronunciado sobre la recomendación de las autoridades europeas. En Alemania existe un plazo de cuatro días durante el cual puede tenerse en custodia a un inmigrante al que se ha dictado la expulsión. Pasado ese tiempo hay que dejarlo libre.

Un estudio de la Red Europea de Migración revela que las estancias medias en centros cerrados quedan muy por debajo del máximo legal que marca la doctrina comunitaria. En Francia es de 12 días; y en Reino Unido, entre 29 y 60 días. Aunque estas cifras pueden haber crecido en los últimos años de presión migratoria (los datos más recientes del estudio son de 2013). En España, según Interior, es de 28 días.

Con información de Daniel Verdú, Gabriela Cañas, Luis Doncel y Lucía Abellán.