La asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA
El Gobierno y el PSOE acuerdan no cobrar este impuesto a abogados y procuradores del turno de oficio
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado este miércoles al Consejo General de la Abogacía Española que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA, ha informado el ministerio en un comunicado. El anuncio se produce después de que el PSOE llegara a un acuerdo con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Justicia. De esta forma, se desactivará, o al menos interrumpirá, la intención del Consejo General de la Abogacía de convocar una huelga de los abogados del Turno de Oficio. La aplicación desde enero del Ministerio de Hacienda del 21% del IVA a este servicio había puesto en pie de guerra al colectivo, de más de 35.000 profesionales, junto a los procuradores.
En una reunión a la que han asistido Catalá, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca, y su secretario general, Ramón Jáudenes, el ministro de Justicia ha informado de que el Ejecutivo presentará una proposición de ley consensuada entre PP y PSOE de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzar el sistema y garantizar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la proposición de ley.
El pasado 25 de enero, la Dirección General de Tributos, en respuesta a una consulta vinculante, consideró sujetas al IVA las actividades de abogados y procuradores del turno de oficio cuyos beneficiarios tuvieran reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. De esta manera, se cambiaba el criterio seguido desde 1986. El PSOE emprendió entonces la batalla para que esos servicios volvieran a estar exentos de IVA. El Grupo Socialista presentó una tanda de iniciativas en el Parlamento para parar esta nueva legislación que el Gobierno se ha comprometido a modificar.
El Ministerio de Justicia señala que "se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita". En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución.
"En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo cual había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa", explica el ministerio. "Las administraciones públicas competentes seguirán financiando con cargo a sus dotaciones presupuestarias la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora", especifica el comunicado.
