La juez rechaza imputar a Chaves y Griñán por los cursos de formación
La juez alega que no hay indicios de su participación, más allá de "simples conjeturas"
La juez María Núñez, instructora del caso de los cursos de formación, ha rechazado imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza separada que investiga las subvenciones por 33 millones concedidas al empresario y exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda para formar a los extrabajadores de la multinacional Delphi en Cádiz. En paralelo, Chaves y Griñán afrontan el banquillo de los acusados, junto a otros 24 ex altos cargos de la Junta, por la rama política del caso ERE.
La magistrada archiva así la denuncia de la Asociación de Trabajadores de Delphi que pedía investigar a los expresidentes socialistas, diligencia a la ya se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción al considerarla una "simple conjetura". "No existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas", sostuvo el ministerio público sobre esta pieza separada de la macrocausa de la formación, que investiga las ayudas públicas concedidas por la Junta tras el cierre de la compañía en la ciudad andaluza.
Ahora la magistrada evita la personación de la asociación de trabajadores de Delphi como acusación particular, que podría ser admitida como acción popular tras depositar fianza, ya que no puede ser considerada como "perjudicada por la posible comisión de ilícito penal" e incluso podría haber sido "beneficiada a título lucrativo" del mismo, informa Efe. Fuentes del caso son muy críticas con la relevancia de la denuncia contra los expresidentes, al carecer esta de indicios fundados: "Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar denuncias bárbaras, pero de ahí a elevarlo a la posibilidad de estimar delito, hay un mundo", censuran.
La asociación de trabajadores de Delphi presentó su denuncia contra Chaves y Griñán después de que el año pasado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les reclamara el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo. Esta denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla, pero ahora ha sido incorporada al sumario de Delphi por "posible conexidad", a pesar de que tanto la fiscalía como la juez estiman que carece de relevancia.
Anticorrupción sospecha que para justificar las subvenciones por 33 millones concedidas a las empresas del grupo Prescal de Ojeda "se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social" en la Bahía de Cádiz, además de lograr que un grupo de trabajadores percibieran un salario con cargo a las subvenciones "sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena". En la causa están imputados el empresario Ojeda y los exconsejeros Antonio Fernández y su sucesor Manuel Recio.
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