Los imputados por retrasar fármacos de la hepatitis C señalan a sus subordinados
Los altos cargos de Feijóo testifican que quienes decidían eran los miembros de la comisión que ellos presidían
Los dos altos cargos de la Xunta de Galicia imputados por un supuesto delito de homicidio por imprudencia por retrasar o negar "por razones presupuestarias" la administración de los nuevos fármacos contra la hepatitis C a seis de ocho enfermos que murieron sin recibirlos se han defendido este miércoles ante el juez atribuyendo la responsabilidad a los integrantes de la comisión que ambos presidían. El magistrado ha anunciado que los citará a declarar, inicialmente como testigos.
Félix Rubial, director de Asistencia Sanitaria en aquella época, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, han declarado durante casi tres horas. Los dos altos cargos de la Xunta han repetido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, el argumento utilizado hace un año por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento gallego: que ambos se limitaban a cumplir los trámites burocráticos sin participar en la autorización o denegación de los fármacos. Los dos investigados han mantenido ante el juez que ellos han actuado siempre con diligencia y cumpliendo todos los plazos.
Aunque son las firmas de ambos las que figuran en los expedientes en los que se concedía o denegaba el tratamiento, tanto Rubial como Gómez-Criado han asegurado que ellos solo firmaban la comunicación de la resolución. La fiscalía y la acusación popular, ejercida por la asociación de afectados, han precisado que no existía más documento que el que llevaba sus rúbricas y se enviaba a los hospitales.
Los dos cargos sanitarios de la Xunta investigados en la primera causa judicial abierta en España por las demoras que sufrieron los enfermos de hepatitis C para recibir sus tratamientos fueron inicialmente imputados por prevariación. El juez Lago Louro desoyó las peticiones de la fiscal que los acusaba de homicidio por imprudencia grave al vincular las muertes de los enfermos a una demora "injustificada" impuesta por la Xunta de Galicia "por razones presupuestarias" y no médicas.
La imputación por homicidio imprudente fue ordenada por la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado diciembre atendiendo a un recurso de la fiscalía, al que se adhirió la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
Las familias de las víctimas no están personadas en esta causa como acusación particular porque se da, en palabras del presidente de la plataforma de afectados, Quique Costas, "una situación kafkiana: el juez lo impide al negarse a desvelar las identidades de las personas cuyas muertes se investigan".
Junto a los altos cargos sanitarios ha declarado, en calidad de testigo, la exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en octubre de 2016, Ana Souto.
